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La Corte Constitucional impulsa la lucha de las latinoamericanas contra el supuesto “síndrome de alienación parental”

Madres, abogadas y psiquiatras batallan contra el uso de una figura sin validez científica comprobada, promovida por grupos de hombres para quedarse con la custodia de los hijos. El tribunal colombiano acaba de proscribir su uso en debates judiciales

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Una mujer cuida a una niña en Bogotá (Colombia), el 18 de noviembre de 2022.Diego Cuevas
Catalina Oquendo

Un grupo de madres, abogadas y psiquiatras de distintos países de América Latina lideran una lucha contra el uso del falso síndrome de alienación parental (SAP) que sirve como argumento para dar la custodia de niños y niñas a padres acusados por violencia familiar o abuso sexual. Las llaman locas, quejosas, celosas, las señalan de descargar sus frustraciones en sus hijos. Ellas están decididas a demostrar el peligro de que los jueces usen esa teoría para deslegitimar las denuncias.

Acaban de tener una conquista en Colombia. La Corte Constitucional prohibió a los demás jueces “el uso del instrumento diagnóstico” conocido como SAP, porque, dice en su sentencia, “no está acreditado actualmente por la ciencia, en tanto lesiona los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes; reproduce estereotipos de género y genera eventos de discriminación y, por lo tanto, violencia contra la mujer en razón del género”.

En efecto, la llamada alienación parental no tiene validez científica, ni es reconocida por las autoridades de salud ni de psiquiatría del mundo, pero en la región se ha abierto camino en las legislaciones para favorecer a hombres que cometen violencia de género, y ha sido usada por jueces para decidir la custodia de los hijos. Así lo ha alertado también el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas. En el fallo de la Corte, la magistrada ponente Diana Fajardo retomó esas alertas.

El tribunal analizó el caso que se dio tras la ruptura de una relación de 10 años. Con un hijo menor de edad, la mujer denunció ser víctima de violencia intrafamiliar, e inició un proceso de custodia compartida. Ella tenía una medida de protección para evitar las agresiones del exesposo pero una comisaría de familia levantó la medida y ordenó que el hijo, entonces un niño, pasara tiempo con su padre. Esto, a pesar de que la misma comisaría había identificado maltrato infantil de parte del hombre. Después de muchos años de pleitos judiciales, el hombre denunció penalmente a la mujer “por presunto ejercicio arbitrario de la custodia”, argumentando el supuesto SAP.

El término fue introducido en los años ochenta por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, quien afirmaba que existía un síndrome que podía llevar a los niños con problemas de custodia conflictiva a acusar falsamente de abusos a un padre. Gardner, cuya teoría causó rechazo científico desde el comienzo, sostenía que los niños que padecían el síndrome habían sido aleccionados de forma vengativa por uno de los progenitores y denigraban obsesivamente del otro sin motivo, en otras palabras, que era posible “lavarle” el cerebro a un niño. El psiquiatra, que se suicidó en 2003, recomendaba a los tribunales en los que testificó trasladar al niño del hogar del progenitor supuestamente alienante y dejarle bajo la custodia del acusado del abuso.

Un problema regional

El uso de ese instrumento se ha popularizado en la región. “Empezamos a evidenciar que esta seudo teoría se usaba en casos de violencia sexual incestuosa, con tocamientos. En esta teoría pareciera que los agresores encontraron un botín de oro para seguir haciéndolo”, dice una de las madres que integra el movimiento Yo sí te creo, que prefiere no revelar su nombre.

“Recopilamos evidencia y vimos que los agresores se defendían de la misma manera en distintos países. Encontramos que, en España, Brasil, México estuvo regulado y lo revirtieron”, agregó otra madre durante la charla ‘Teorías no científicas que violentan los derechos de los niños, las niñas y sus madres’, realizada a finales de 2023.

La psiquiatra Isabel Cuadros Ferrer participó del encuentro. Lo dice de forma tajante: “No se pueden plantar memorias perceptuales”, explicó, y puso un ejemplo extremo basado en su experiencia atendiendo casos de violencia sexual. “Por ejemplo cuando un niño me dice que el semen sabe feo, es imposible que una madre pueda implantar una memoria como esa. No es posible tampoco implantar el estrés postraumático que tienen las víctimas, cuando llegan con un investigador forense se puede ver si hay adoctrinamiento, pero no es posible plantar memorias perceptuales”.

Una de las alertas más fuertes que hace Mesecvi es que se ha usado el SAP incluso en casos de violencia sexual. “Se convierte en una vía para la impunidad y para que no se demuestre el delito. La gravedad radica en entregarle la tenencia a personas abusadoras”, asegura Marcela Huaita Alegre, abogada y presidenta del Mecanismo.

Señalan que tras el uso de esa falsa teoría hay razones económicas. “Es un negocio para los peritos, abogados y gente que defiende a abusadores”, agrega Huaita, quien aclara que no se oponen a las custodias compartidas. “Se trata de que esa figura del supuesto síndrome se está usando en casos donde hay un ejercicio de la violencia contra las mujeres, ellas lo han denunciado y, como respuesta a este ejercicio de violencia, entonces el hombre argumenta la alienación parental por parte de las madres y el pedido de custodia”, explicó.

El panorama regional muestra intentos de incluir el SAP con otros nombres en diferentes legislaciones. Así lo revela un informe de Naciones Unidas publicado en abril de 2023. “En las contribuciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Puerto Rico y Uruguay se muestra cómo utilizan los hombres el síndrome de alienación parental para dejar sin efecto las denuncias de abusos físicos, sexuales o emocionales por medios legales. En una contribución de Francia se describen casos en que se retiró la custodia a la madre, que había denunciado abusos sexuales corroborados por exámenes psicológicos, y se entregó al padre (el agresor) después de que este invocara alienación parental”, señala la relatora en el informe.

En Chile se intentó incluir en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados. La ministra de la Mujer tuvo que rechazar la idea de “legislar para incluir el síndrome de alienación parental como violencia intrafamiliar” y evitar así discutir “un proyecto de Ley sin base científica ni jurídica”. En Uruguay se aprobó una Ley de “corresponsabilidad en la crianza” que, de acuerdo con denuncias de organizaciones de mujeres, se basa en el síndrome de alienación parental, pero fue presentada con un nombre benévolo. En Brasil, por su parte, se incluyó en una Ley en 2010 y luego se modificó, pero las feministas piden derogarla por completo; contrario a Perú, donde se avaló el SAP en un artículo de una Ley de infancia.

La periodista e investigadora de niñez Alexandra Correa dice que en el caso de Colombia hay un grave problema porque muchos sicólogos asumen la existencia del SAP. “Los peritos han hecho incurrir en error a los juzgados de familia porque les venden esa teoría, que no tiene sustento, y han hecho que madres pierdan a sus hijos”. La madre del movimiento Yo sí te creo lo ha vivido. “Acá se denuncia violencia sexual y lo primero que se entra a descartar es si (el menor) está alienado por la madre y no que no haya sido víctima de violencia, el mundo al revés”.

La forense y psicóloga clínica colombiana María Paula Chicurel afirma que al usar ese supuesto síndrome se obvia la voz de los niños. “No podemos silenciarla a través de pseudoteorías y poniendo primero a los adultos y al patriarcado”, dice y agrega que tampoco hay sanciones efectivas a sicólogos que han sido denunciados por el uso del SAP no son condenados en tribunales de ética y ese es otro de los grandes vacíos.

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Sobre la firma

Catalina Oquendo
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.
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