Cómo empeorar lo que se pretende solucionar

Sobre la reforma a la salud se ha dicho de todo. Sus defensores la ven como la panacea, la oposición no le concede media y en la mitad quedamos atrapados millones, esos que decimos sí a una reforma a la salud, pero basada en evidencia y con responsabilidad. La cosa empeora cuando se escucha al presidente decir una cosa, al ministro otra y a los ponentes otra. Los bloques a trancazos sin mayor discusión tampoco dejan tranquilidad. La ciudadanía ya no sabe qué creer ni a quién escuchar, qué es mentira o qué es verdad. En esta columna intento exponer, con apego al articulado del proyecto, cinco aspectos por los cuales la reforma a la salud de Petro puede empeorar lo que pretende solucionar.

1. La reforma no resuelve la crisis financiera que pretende conjurar. El Gobierno cree que acabar las EPS soluciona todo. Falso. Al desaparecer el aseguramiento desaparece la gestión del riesgo financiero, lo cual junto a la financiación a la oferta a todos los CAPS (incluidos los privados) y el pago por evento sin los controles debidos en la mediana y alta complejidad, con ADRES como pagador único, presionarán un desbordamiento del gasto. Se generarán incentivos a la sobrefacturación y a la malversación, todo lo cual se suma a un hecho inaceptable: la reforma no tiene aval fiscal. Se necesitarán nuevos recursos y nadie sabe de dónde saldrán, pues el déficit a hoy es de 10 billones de pesos (unos 2.500 millones de dólares).

2. La reforma no mejora la atención en los servicios de salud. Hoy las EPS deben responder integralmente al paciente y gestionar el riesgo en salud. En la reforma, los servicios de salud se atomizan en una maraña de nuevos actores que incluyen CAPS, clínicas y hospitales, gestoras de salud y vida, centros especializados, gestores farmacéuticos, equipos territoriales, redes integrales e integradas, coordinaciones distritales, departamentales y regionales y las unidades zonales de planeación. No es claro el sistema de gobernanza entre estas nuevas instancias y cómo afectará la atención al usuario. Peor aún: el Gobierno no ha podido aclarar a quién se debe tutelar en caso de la negación de un servicio.

3. La reforma no fortalece los controles anticorrupción, los debilita. La reforma tiene varias debilidades conceptuales. Una de ellas es equiparar los necesarios controles y auditorías en cualquier sistema de salud a “barreras de acceso” a los servicios. La solución que proponen, entonces, es debilitar los controles, en lugar de, más bien, reglamentar esquemas de auditorías más eficientes y buscar el pago oportuno y transparente a las clínicas y hospitales. Giro directo sí, pero aparejado con el fortalecimiento de los controles. No queremos que escándalos como “el cartel de la hemofilia” se vuelvan pan de cada día.

4. La reforma no resuelve la escasez de especialistas ni las condiciones laborales del talento humano en salud. No hay un solo artículo en el texto que resuelva el problema de la oportunidad en las citas con especialistas por una sencilla razón: una reforma a la salud no tiene cómo resolver este problema. Como lo ha dicho el exministro Alejandro Gaviria, la falta de talento humano en salud da cuenta de un problema de capacidades como sociedad, y resolverlo exige políticas de Estado y la concurrencia de múltiples entidades. En relación con la mejora de las condiciones laborales del talento humano en salud, la reforma no apropia los recursos (hasta 9 billones de pesos) y por tanto es una promesa inocua.

5. La reforma no resuelve el clientelismo en el sector y crea más burocracias. Una de las promesas de la reforma es acabar con la corrupción. Sin embargo, el mérito en la selección de directores de hospitales públicos fue hundido en la última plenaria ante la actitud pasiva de los congresistas del Pacto Histórico, otrora feroces activistas anticorrupción. Los nuevos dulces a los políticos están a la orden del día: la creación de las coordinaciones regionales (que manejarán la remisión de los pacientes) y las Unidades Zonales de Planeación, instancias supraterritoriales que deben “garantizar el manejo técnico de los recursos” y que recibirán hasta el 1% anual del presupuesto en salud para su funcionamiento. Para 2024, esto representaría una suma cercana al billón de pesos.

Habría que resaltar también que la reforma no contiene ninguna propuesta concreta para la salud rural; que omitió la obligación constitucional de consulta previa a pueblos indígenas; que acaba con el derecho a la libre elección y carga un récord de vicios de trámite que será difícil de saldar en la Corte Constitucional. Que la puja político-ideológica rompió la coalición en el Congreso; sacrificó a los mejores ministros; le costó todo tipo de injurias y calumnias a los partidos y congresistas críticos; empujó al presidente a niveles máximos de impopularidad y retrató a un gobierno radical, sordo y sectario, muy lejos de la repetida promesa de diálogo nacional.

Pero hay algo bueno que rescatar de esta reforma, sí: nos ha puesto a todos a hablar de nuestro sistema de salud. En las familias, en la oficina, con los amigos. Es positivo. El presidente Petro podría darle la vuelta a esta crisis y pasar a la historia como el presidente que unió al país en torno a esta conversación. Ojalá lo haga.

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