¡Libérenlos ya!: el clamor de los familiares de otros secuestrados tras el regreso de Mane Díaz

Desde el pasado 11 de julio no han vuelto a conciliar el sueño en la casa de Ulices Horacio Torres Meza. “Cada lluvia nos hace preguntarnos si estará pasando frío, en cada comida nos cuestionamos si tendrá hambre o sed, al amanecer pensamos si aún estará vivo (…) nuestro sueño se ha vuelto corto, las noches largas”, escribe Consuelo Moreno, la esposa del transportador que desapareció aquel martes en Cúcuta (Norte de Santander).

La angustia está plasmada en una carta que dirigió la mujer a los jefes de las delegaciones de paz del Gobierno con diferentes grupos armados ilegales, a comienzos de octubre, días antes del secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, a manos del ELN.

Torres, padre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, había dejado a uno de sus empleados en el barrio Aeropuerto de Cúcuta mientras hacía arreglar un sillón de su camioneta. Anunció que regresaría a tiempo para que el conductor atendiera un servicio a la una de la tarde. Pero no volvió. Tampoco contestaba el móvil. Su hija mayor siguió el rastro del GPS: el vehículo fue desviado por un serpenteo de trochas hasta Saravena, un municipio a unas ocho horas, en el vecino departamento de Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Al carro le prendieron fuego, según reportaron los pobladores. De Torres no se supo más.

“Desde ese fatídico día nuestra familia no tiene paz, el llanto resuena continuamente en las habitaciones de mis dos pequeñas hijas, mientras mi hijo adolescente se arrincona y duerme para evitar el dolor”, narra Moreno en la misiva. El 28 de julio, recibió una llamada de un hombre que dijo pertenecer a un frente del ELN que supuestamente tenía al empresario. “Si ese grupo tiene a mi esposo, que por favor nos suministren pruebas de supervivencia y que nos lo entreguen. Hemos sufrido mucho en estos 3 meses y 28 días”, dice por teléfono a EL PAÍS. La tercera hija de Ulises cumplió 15 años en su ausencia.

A menos de 50 kilómetros de Saravena, en la vereda Alto Tamacay del municipio de Tame, en Arauca, hombres armados irrumpieron el pasado 29 de septiembre en la finca El Paisaje. Se llevaron a Miguel Antonio Guerrero Cortés, de 33 años, y a tres jóvenes venezolanos, Clistene José Zapata y los hermanos Jesús Daniel y Jesús David Peña Márquez.

La familia de Guerrero, el colombiano, lleva más de 40 días sin saber de él, lamenta Ronald Millán, uno de sus parientes. “Trabaja en fincas para buscarse lo del día a día. Había viajado cuatro días antes desde Puerto Rondón a ese caserío. ¿Qué no he hecho para que el grupo que tiene a mi hermano lo libere? Lo que quiero es que nos digan cómo está, que por favor le respeten la vida”, clama. El dolor entrecorta las palabras que se escuchan del otro lado del móvil.

En medio del vacío, Lucely Cortés, la madre de Miguel Antonio, ha pedido públicamente la libertad de su hijo: “Lo estoy esperando mi amor, ya no aguanto más la ausencia tuya… Mi hijo es un muchacho que siempre ha trabajado en fincas. Somos de familia humilde. Se dirigió allá a ganarse lo de una semana y mire. Estas son horas que no sé nada de mi hijo”, solloza la mujer de 53 años. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia también ha exigido su liberación.

Otra familia, en el municipio de El Banco (Magdalena), en la costa caribe, atraviesa un drama similar desde el miércoles 18 de octubre. Ese día, desconocidos interceptaron al odontólogo Juan Carlos Bayter Bustamante cuando salía de su casa a las 6:20 de la mañana con su esposa, para llevar a sus hijos de cuatro y seis años al colegio. “Se bajaron dos hombres y forcejearon el carro de mi hermano. Él accedió por seguridad de la esposa y los niños. Lo subieron a una camioneta blanca y se lo llevaron”, cuenta Ana Karina Bayter. El vehículo apareció incinerado a unos 22 kilómetros de allí. La familia no ha recibido llamadas de los captores.

“Hace 30 años en El Banco no existía un secuestro. Es la primera vez que se hace dentro del casco urbano, por lo general era en fincas o en zonas retiradas. No entendemos nada porque hay mesas de paz y es muy confuso que hablando de paz pase esto. No debería pasarle a ninguna familia”, agrega Bayter. Los familiares del odontólogo de 34 años, quien tiene una cirugía de corazón abierto, solo esperan conocer las condiciones para que lo liberen pronto.

El secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del jugador del Liverpool, ha dejado en evidencia un delito silencioso que ha venido creciendo pese al cese al fuego pactado con grupos ilegales como el ELN. “Sin duda los años 90 y parte de la década del 2000 fueron los más críticos, pero sí preocupa que a 20, 25 años de la época de las pescas milagrosas, secuestros masivos e incluso urbanos, el secuestro sigue ahí. Los grupos han creado una narrativa para justificar su existencia y dilatar su fin”, señala Tatiana Prada, investigadora de conflicto y violencia organizada, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Desde mediados de este año, este diario denunció que renacía el crimen del secuestro en Colombia. Según datos del Ministerio de Defensa hasta septiembre, 2023 ha sido el año con más secuestros en más de una década.

Tras el caso de Díaz, la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN ha exigido la liberación de todas las personas en poder de ese grupo armado. “El secuestro de Luis Manuel Díaz ha sumido nuestro diálogo en una situación crítica y, por ello, ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos. Nuestra delegación exige desde ya, y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN, que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata”, expuso en un comunicado.

El jefe del equipo negociador, Otty Patiño, ha dicho que unas 30 personas estarían secuestradas por esa guerrilla. “Es una violación evidente al cese al fuego porque la toma de rehenes, que es la figura con la que se trata el tema del secuestro, primero es un delito continuo, y desde luego es una violación al Derecho Internacional Humanitario”, reconoció Patiño en una entrevista reciente con Caracol Radio.

Los secuestros disminuyeron tanto tras el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC en 2016, que País Libre, oenegé que luchaba contra ese delito, dejó de funcionar en 2017, cuando las cifras de 1.000 secuestros al año eran cosa del pasado. Aunque el flagelo no llega a los niveles de hace 20 o 30 años, cada vez hay más familias con esa herida abierta, como las de Ulices Torres, Miguel Antonio Guerrero y Juan Carlos Bayter.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.