La Comisión de Paz del Senado aterriza en el Bajo Cauca en medio de una crisis humanitaria

La cruenta disputa territorial en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño alcanzó su momento más álgido hasta ahora en la madrugada del pasado 24 de agosto. Según la población, una docena de sujetos armados incursionó en una vereda de Cáceres, Antioquia, rayaron las casas con las siglas AGC (las de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y asesinaron a seis personas, entre ellas el líder social Luis Miguel Echavarría. Para indagar sobre esa masacre y otras agresiones, la Comisión de Paz del Congreso impulsó una audiencia territorial para el 22 de septiembre, que tuvo que aplazarse dos días por problemas logísticos. Este domingo ya algunos habitantes de la zona rural que habían viajado a la cabecera municipal para asistir, habían tenido que regresar a sus veredas. Aunque temerosos, otros seguían allí, expectantes de la presencia de los congresistas.

El arquitecto de la paz total, Iván Cepeda, preside la Comisión Paz que integran 44 senadores. Fue él quien se dio a la tarea de escuchar a estas comunidades, que exigen que el Gobierno se haga presente en su territorio. Muchos de ellos se han visto obligados a dejar sus casas y desplazarse, sin poder regresar. Los grupos ilegales los han dejado incomunicados o les han prohibido salir de sus casas, como sucedió tras la masacre, cuando prohibieron levantar el cadáver de Echeverría o dar alerta a las autoridades. El cuerpo duró dos días tendido en una calle.

Además de Cepeda y su equipo, este domingo estuvieron en un polideportivo del pueblo ―de unos 30.000 habitantes― el senador del partido Comunes, surgido del acuerdo con las extintas FARC, Omar Restrepo; Luz Ruano, asesora del congresista Robert Daza, del gobiernista Pacto Histórico; Vladimir Rodríguez, encargado de derechos humanos del Ministerio de Defensa; y delegados del Ministerio del Interior y de la Oficina del alto comisionado para la Paz. Ellos, junto a algunas instituciones locales y la MAPP-OEA, dialogaron y le pusieron rostro a las víctimas que iban desde adultos mayores, hasta bebés y niños. La asistencia, sin embargo, fue escasa, de una veintena de personas.

Los primeros en tomar el micrófono fueron los delegados de la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle, una oenegé antioqueña. En un extenso informe detallaron el panorama que se vive en la región. Luego, varios líderes que pidieron la reserva de su identidad por la difícil situación, denunciaron robos, amenazas, desplazamientos, secuestros y masacres. Un panorama trágico que ha venido escalando tras la salida de las FARC de la zona en 2016, al firmar e implementar el acuerdo de paz. Riesgos que desde entonces venían alertando las oenegés locales y nacionales, los medios o como la Defensoría del Pueblo, que ha emitido reiteradas alertas tempranas al respecto.

La minería como salvación y condena

Otro tema central del encuentro fue la minería, una actividad centenaria que aprovechan los grupos ilegales para financiarse, aprovechando la poca formalización y los arraigados mercados informales e ilegales. Las tensiones por los operativos contra la minería ilegal, el impacto en la economía local y el poco apoyo estatal para la formalización fueron la génesis de un paro minero a inicios de este año, del cual se desprendieron varios compromisos que los habitantes de Cáceres consideran cruciales combatir el conflicto armado y la estigmatización en su contra.

La piedra angular de los acuerdos es crear el Distrito agro minero para la vida, en el que se implementará una ruta de formalización para los pequeños mineros artesanales que se comprometan a emplear métodos más amistosos con el medio ambiente, permitiendo así que el Estado enfoque sus estrategias represivas en las grandes mafias mineras. Detrás de ellas, en muchos casos, están estructuras criminales como el Clan del Golfo —el mismo grupo que se autodenomina AGC―.

En el encuentro, los delegados del Gobierno se comprometieron en acelerar las gestiones para que el distrito sea realidad, y enfatizaron que, para que funcione, será vital mantener el diálogo con la comunidad. “Hacemos un llamado a quienes están en la ilegalidad. La mano de presidente está tendida. Logremos construir esto de manera dialogada. Todas y todos debemos trabajar por un territorio libre y en paz”, dijo Vladimir Rodríguez, del Ministerio de Defensa.

Cepeda enfatizó esa misma línea y dejó mensajes a las estructuras del Clan del Golfo que han venido siendo los principales autores de la violencia: “La puerta de los diálogos sociojurídicos está abierta”, dijo. Si bien ese grupo ha manifestado su intención de sumarse a la paz total, no han avanzado porque se mantiene el debate de qué marco jurídico les aplicaría y cuáles serían sus eventuales beneficios.

Un día antes de que la comisión aterrizara en Cáceres, a unos 200 kilómetros de allí, en Segovia, Benicio Beltrán Borja, reincorporado de las extintas FARC, fue asesinado e incinerado. Por eso, Cepeda agregó: “Hacemos un llamado a que se respete a la fuerza pública y a la población, que se respete la vida de quienes firmaron la paz”. Ese grito por una paz amplia fue unánime en la audiencia. Hugo Barrera, líder ganadero y minero —y el único participante que quiso que se citara su nombre—, lo señaló de manera sencilla pero tajante. “Queremos que dejen vivir al Bajo Cauca en tranquilidad”, dijo. A ese reclamo se sumó el de otro líder, quien tomó la palabra para cerrar el espacio: “No esperen a que llegue la emergencia, queremos vivir una vida digna en nuestro territorio. Necesitamos que se sienten con todos los grupos armados”, sostuvo.

Mientras hablaban los líderes, Cepeda y Restrepo tomaban nota atentamente. En charla con EL PAÍS, previo a volver al ajetreo de la mesa de paz con la guerrilla del ELN en la que es miembro de la delegación del Gobierno, Cepeda lamentó la desconexión que encuentra entre el centro del país con los territorios azotados por la violencia y el empobrecimiento. Aun así, afirmó que para él sí hay una salida: un acuerdo nacional que permita ponerle fin a 50 años de conflicto armado en toda Colombia.

Ya cuando tarde arribó y el calor alcanzaba los 30 grados, cargados de responsabilidad y tras una audiencia breve por la falta de asistencia, los delegados volvieron a Bogotá a transmitir el llamado de las familias de Cáceres y todo el Bajo Cauca.

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