María José Pizarro: “El Congreso de la República sigue siendo un lugar inseguro para las mujeres”

En un testimonio anónimo contra Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, se escuchó: “Yo me siento al lado de él para mostrarle lo que me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la Comisión”. Fue reproducido este lunes en una rueda de prensa de la presidenta de la comisión legal para la equidad de la mujer del Senado, María José Pizarro, quien presentó los resultados de una investigación por violencia sexual y acoso en el Congreso de la República. Durante ocho meses, un equipo recolectó denuncias de este tipo en el Legislativo: sumaron nueve denuncias, que van desde acoso sexual hasta el acceso carnal violento.

La iniciativa Rompamos el silencio, en esto te acompañamos surgió a inicios de 2023, tras varias polémicas y luego de la publicación de una denuncia contra el exsenador Mauricio Lizcano. El Congreso aprobó entonces un protocolo para prevenir la violencia sexual y lanzó una suerte de investigación interna. De ella se presentó un informe en la mañana de este lunes. La senadora Pizarro dio a conocer denuncias de dos hombres y siete mujeres de entre 21 y 28 años de edad, todos trabajadores del Legislativo bajo diferentes figuras como contratistas, integrantes de unidades de trabajo legislativo (UTL) y personas de servicios generales. Los presuntos victimarios son tres compañeros de trabajo, cinco jefes y un judicante. Los señalados son Juan Pablo Gómez, un ex integrante de la UTL de la congresista Paola Holguín, acusado por acoso sexual y acceso carnal; Jhon Jairo Uribe, inculpado de los mismos delitos y quien hacía parte del Canal Congreso; y el ya mencionado Jorge Laverde.

Pizarro aseguró que, siguiendo el protocolo, se contrató un equipo psicosocial para acompañar a las víctimas jurídica y psicológicamente, y a la par se hicieron numerosas capacitaciones a los funcionarios de Congreso. Aun así, señaló que es muy difícil lograr que se hagan las denuncias, pues el miedo impide que las personas se atrevan a alzar la voz y contar sus experiencias. Un temor originado, entre otras, en el poder que suelen ostentar los victimarios y en el alto nivel de impunidad en casos de este tipo: solamente un 6,85% de los hechos de violencia sexual denunciados se encuentran en juicio, y tan solo un 0,13% en ejecución de penas, según cifras de la oenegé Sisma Mujer. De acuerdo con la misma organización, en 2021, cada 28 minutos una mujer en Colombia fue víctima de violencia sexual.

La senadora Pizarro, muy cercana al Gobierno de Gustavo Petro, hizo reiterados llamados a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las investigaciones penales y que el equipo que ella encabeza pueda conocer el estado de cada una de las denuncias radicadas. La finalidad es producir resultados que ayuden a “romper los muros del silencio que existen en el Congreso”. También alertó que el equipo psicojurídico contratado no ha podido continuar sus labores, pues no tienen una vinculación laboral, y le solicitó su colaboración al área responsable del Congreso.

La congresista negó la existencia de una red de explotación sexual en el Legislativo, una grave denuncia hecha hace algunos meses por el exsenador Gustavo Bolívar, de su misma bancada. Pizarro declaró que ninguno de los testimonios recibidos hasta ahora apunta a esa hipótesis, pero sí dijo de manera tajante que las mujeres están en condición de vulnerabilidad el Congreso, que en su opinión sigue siendo un lugar inseguro para ellas.

Si conoce algún caso de abusos o acoso sexual en el poder político colombiano que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusoscolombia@elpais.es

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