Andrés Guzmán, de abogado experto en hackeos en Colombia a comisionado de Derechos Humanos de Nayib Bukele en El Salvador

Los derechos humanos y la cibertecnología parecen tener mucho que ver para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El mandatario que se vende a sí mismo como “el dictador más cool del mundo” ha sorprendido en esta ocasión con su decisión de nombrar el pasado miércoles al abogado ciberespecialista Andrés Guzmán como el primer comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de su administración, señalada por torturas, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en una brutal guerra contra las pandillas. Pero el designado, proveniente de Colombia, tiene grandes limitaciones: carece de conocimientos de política salvadoreña y no tiene más de siete meses de experiencia en temas de derechos humanos. Su larga carrera se ha dedicado a asesorías sobre delitos cibernéticos, incluyendo casos mediáticos vinculados a la derecha colombiana.

El nuevo comisionado estuvo durante 16 años al frente de Adalid, empresa que fundó y desde la cual ejerció la consultoría y la investigación de delitos de alta tecnología. “No hay computador, disco duro, celular o tarjeta SIM que se le resista al abogado Andrés Guzmán Caballero que, al mejor estilo de los famosos sabuesos de la serie CSI y por medio de las evidencias digitales, ha esclarecido los casos más oscuros de la justicia en el país”, se lee en la semblanza corporativa del ahora comisionado, que dejó la dirección de la compañía en septiembre de 2022. Según el Gobierno salvadoreño, el nombramiento muestra “el compromiso por los derechos humanos de la población, que por décadas fue excluida por el poder político, las organizaciones no gubernamentales y los representantes de la comunidad internacional”.

Los casos en los que Guzmán ha estado implicado han sido muchos y muy notorios. Fue el abogado que desestimó públicamente la prueba central del escándalo que golpeó a Oscar Iván Zuluaga —candidato uribista para las elecciones presidenciales de 2014—, cuando un video que reveló Semana mostró al político junto a un pirata cibernético acusado de espiar el proceso de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en plena campaña presidencial. “Logramos determinar que era un vídeo espurio”, decía Guzmán en declaraciones que se amplificaron en varios medios. Tiempo después se comprobó que el video no estaba adulterado.

El ciberexperto está señalado por sus vínculos con el defensor del pueblo, el abogado conservador Carlos Camargo. Adalid creó en 2022, junto a otra empresa y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Laboratorio Forense de Evidencia Digital, una plataforma digital de la Defensoría del Pueblo para apoyar a los defensores públicos. El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) denunció hace unas semanas, en la revista Cambio, que el laboratorio ha sido utilizado para presuntamente espiar las comunicaciones de los funcionarios que cuestionan la gestión de Camargo.

Guzmán niega durante una videollamada con este periódico que su trabajo haya estado vinculado a la derecha colombiana y asegura que también ha colaborado con presidentes de izquierda de la región, aunque explica que no puede dar sus nombres por cuestiones judiciales. “Nunca he tenido un líder político”, afirma mientras insiste en que se define como un “técnico”. Asimismo, se niega a responder a las consultas sobre la denuncia de Cambio: “Los medios de comunicación en Colombia me conocen, saben que soy un hombre honorable y decente. Es un artículo que no merece ninguna palabra”.

Emel Rojas, concejal de Bogotá por el partido cristiano y de derecha Colombia Justa Libres, ha sido uno de los que ha celebrado el nombramiento en El Salvador. “Conocedor de sus altas calidades humanas y profesionales, me complace gratamente el nombramiento del doctor Andrés Guzmán Caballero”, remarcó en Twitter. Asimismo, agrega por teléfono que ambos son amigos desde que estudiaron un posgrado en la Universidad Sergio Arboleda. Fue allí donde también conocieron a Camargo. “Yo digo que él es de centro. Yo soy el que tiene posturas de derecha, no sé si él haya dado un giro”, opina.

“Es aburridísimo hacer todos los días lo mismo”

Los primeros acercamientos de Guzmán con El Salvador fueron hace un año, cuando comenzó a viajar para brindar asesorías en derechos digitales y conferencias sobre inteligencia artificial. Fue entonces cuando conoció a Bukele y ambos tuvieron “conversaciones muy interesantes”. Por esa época, el abogado quería dar un cambio radical a su vida. “Es aburridísimo hacer todos los días lo mismo”, se dijo tras 16 años al frente de Adalid. Cuenta que vendió la empresa, dejó de ser el director y aceptó un ofrecimiento de Camargo para ser defensor delegado para los Derechos en los Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión, un cargo nuevo. No duró mucho: renunció en abril de 2023. Explica que se fue porque Bukele ya le había ofrecido el nuevo puesto en El Salvador.

Ha sido profesor de varias universidades de Bogotá, como el Rosario, la Libre y la de La Sabana; también ha creado y dirigido la maestría de Protección de Datos y TICs de la Universidad Sergio Arboleda, un centro de estudios fundado por políticos conservadores y conocido por sus vínculos con la derecha. Ha sido también abogado consultor, contratista y litigante. Fue el apoderado de la Registraduría Nacional hace una década en una denuncia penal por la filtración a los medios de las listas de las personas que habían firmado para convocar a una revocatoria contra el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Aunque la denuncia no iba contra nadie en particular, declaró que el único que había tenido acceso a esos datos era el hoy presidente.

El abogado considera que su trabajo con ciberdelitos es especialmente relevante para el área de derechos humanos de un país que quiere ser “totalmente digital”. Resalta que los derechos humanos incluyen temas de identidad digital, privacidad y habeas data: “Toda mi vida he trabajado en temas de derechos humanos”. Para él, su falta de conocimiento en otros sectores, como el derecho al agua, se compensará con lo que aporten sus asesores.

Ser extranjero no ha sido un inconveniente. “Cuando viajo a otros países, enseguida se me quita lo colombiano. Soy muy técnico en todos lados. He sido consultor en muchísimas partes del mundo”, comenta. No obstante, Guzmán reconoce que se encuentra en sus primeros días en el cargo y que ha tenido que informarse sobre el contexto social y cultural del país. Uno de sus apoyos ha sido Bukele, con quien ha mantenido largas reuniones: “Tuvo a bien explicarme en términos generales todo lo que sucede”. Entre las prioridades, al parecer, están las violaciones a los derechos humanos que se dan en los reclutamientos de menores por parte de las maras.

Guzmán llega a un cargo con grandes desafíos. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han acusado al Gobierno de Bukele de cometer “violaciones masivas” de los derechos humanos en su política criminal. Imágenes y videos muestran como las cárceles se llenan de presos que viven amontonados, en condiciones inhumanas y con temor a ser violentados. “[A un compañero] lo mataron a golpes en la celda y lo sacaron a rastras como a un animal”, relató en marzo un antiguo recluso a EL PAÍS. Muchos presos, según las denuncias, están detenidos sin pruebas contundentes de pertenecer a las maras y están a la espera de un juicio. Un tatuaje puede ser suficiente para ser detenido.

Bukele, sin embargo, tiene una popularidad avasalladora en el país centroamericano, con números superiores al 90% de aprobación. Es un símbolo de cambio para una población harta de la violencia de las pandillas y desencantada por la falta de oportunidades. Las denuncias por violaciones de derechos humanos y los ataques a otras instituciones del Estado no erosionan su poder: ha logrado capitalizar las fuertes reducciones en las tasas de criminalidad. En Colombia, se ha convertido en un referente para la derecha y en el rival predilecto del presidente, Gustavo Petro. “Creo que iré de vacaciones a Colombia”, prometió Bukele en marzo.

El nuevo comisionado justifica la política criminal del Gobierno salvadoreño, pese a que promete que visitará las prisiones y que pedirá un informe. “Existe una suspensión legal de derechos humanos por un régimen de excepción. Hay que analizar el marco histórico, de años en los que la gente que no podía pasar de un barrio a otro, en los que había un toque de queda decretado por las maras. Hay una guerra excepcional que requiere medidas excepcionales”, subraya. Para Guzmán, la discusión de derechos humanos no debe centralizarse en los presos, sino en toda una población que ha visto sus derechos transgredidos por décadas de violencia: “A la gente le da miedo hablar. Tenemos que buscar una solución”.

“Soy un técnico”; “soy un hombre honorable”; “no tengo padrinos políticos”, repite varias veces el abogado. Según él, la política no es parte de su trabajo; en diciembre pasado usaba su cuenta de Twitter para difundir una frase del filósofo español José Ortega y Gasset contra las ideologías. “Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral”, citaba. No obstante, descarta la posibilidad de sumarse al Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia en décadas. Si le ofrecieran un puesto equivalente, lo rechazaría. “Ya tengo un contrato serio con El Salvador”, enfatiza.

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