Erika Aponte, víctima de feminicidio el Día de la Madre, ya había pedido protección ante la violencia de su expareja

Erika Aponte Lugo intentó salvar su vida varios días antes de su muerte. Lo intentó antes de que este domingo, Día de la Madre, su expareja le acosara en su sitio de trabajo y le disparara dos veces con un revólver calibre 38. Christian Camilo Rincón, el asesino, se suicidó momentos después de matarla. La víctima de este feminicidio ya había advertido a las autoridades de Bogotá que Rincón la había amenazado, después de años de maltrato a los que estuvo sujeta y de los que intentó escapar. Así lo explicó en rueda de prensa hoy Claudia López, alcaldesa de la capital. “Hoy Bogotá amanece con una noticia triste y dolorosa”, dijo en la mañana del lunes. El fin de semana para celebrar el Día de la Madre suele ser el más violento del año, recordó. En el 2020 y 2021 hubo 11 homicidios en la capital, y en el 2022 fueron 14. Este año bajaron a 8. Uno de estos fue contra Erika Aponte.

Ella y Rincón fueron pareja durante 11 años, contó la alcaldesa, y tenían juntos un niño de ocho años. Aponte, de 26 años, fue durante varios años víctima de la violencia de Rincón, de 30 años, y el 30 de abril decidió irse de la casa en el sur de Bogotá donde vivía con él, el niño, y sus suegros. Salió a buscar refugio en el municipio aledaño de Soacha, donde viven su padre y su hermana. No le fue posible sacar al niño de la casa al niño que compartía con Rincón. El menor sigue hoy en custodia de los padres de Rincón, y su futuro está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “El defensor de familia del ICBF acudirá hoy, con nuestra policía metropolitana, para determinar con competencia del ICBF cuál es la medida de protección que en este momento sigue para su niño”, aclaró la alcaldesa.

El jueves 11 de mayo Aponte, acosada por Rincón, decidió acercarse a la Casa de Justicia de la localidad de Usme, donde denunció el maltrato del que fue víctima durante años y también el pánico que tenía a que su expareja la agrediera. Al hacer la denuncia, dice la alcaldesa, fue “atendida de manera oportuna y diligente por nuestros equipos de asistencia psicosocial y jurídica”. A Aponte se le ofreció ir a una casa de refugio especializada para protegerla, pero rechazó la oferta diciendo que prefería quedarse con su hermana y su padre en Soacha. Sin embargo, Aponte también hizo una denuncia formal contra Rincón ante la Policía, como le recomendaron, y una Comisaría de Familia impartió ese mismo jueves medidas de protección exigiéndole al agresor que cesara los actos de intimidación y violencia contra ella; que cesara la instrumentalización de su hijo; y que no se acercara a Aponte ni en su lugar de residencia o de trabajo. La policía se puso en comunicación desde entonces con ella para hacer seguimiento a su caso.

“Pero el feminicida planeó con clara sevicia, con clara intencionalidad, agredir a Erika”, dijo la alcaldesa. Aponte trabajaba en el centro comercial Unicentro, al norte de la capital, como empleada del restaurante de comida rápida Jeno’s Pizza. Él llegó armado, discutió con ella y, cuando Aponte intentó correr para salvar su vida, él le disparó. Erika no alcanzó a ser atendida en un hospital antes de fallecer. Los comensales se tiraron al suelo al escuchar los disparos, comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles lo ocurrido, y registraron el suicidio de Rincón.

Claudia López subrayó la valentía de Aponte al denunciar a Rincón días antes y defendió el actuar de las instituciones de la capital que la atendieron. “Nadie debe juzgar a Erika ni revictimizarla. Tampoco a las entidades que la atendieron el jueves pasado cuando finalmente denunció. Todas actuaron inmediatamente. Nadie actuó mal y sin embargo no logramos salvarla del machismo violento de su expareja”, dijo la alcaldesa.

Si las autoridades actuaron como debían, como aclara López, no deja de ser preocupante: señala que denunciar y obtener medidas preventivas de las autoridades aún no es suficiente para salvar la vida de una mujer como Aponte. La Personería de Bogotá solicitó investigar qué falló en este caso y anunció que hará seguimiento a las medidas de protección que se dictaron para salvaguardar la vida de Erika Aponte. De acuerdo a la institución, en lo que va de 2023 ya han ocurrido 21 feminicidios en la capital y el año pasado se registraron 72 casos desde enero hasta noviembre. Además, más de 2.200 mujeres pidieron medidas de protección el año pasado. “La Personería alerta sobre la preocupante situación de feminicidios en Bogotá”, dice un comunicado de la institución.

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido aprobado en el Legislativo y ahora espera la firma del presidente Gustavo Petro, incluye un artículo que declara la emergencia por violencia de género en el país, que podría activar nuevas rutas de atención a nivel nacional para las mujeres en peligro.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.