De la legalidad a la legitimidad: qué ha pasado a un año de la Sentencia Causa Justa

La razón principal por la que resulta imperativo que cada mujer tome decisiones sobre su cuerpo es porque sin ese control no es posible que puedan vivir como sueñan, como imaginan. Hace poco más de un año estábamos celebrando a las afueras de la Corte Constitucional colombiana que ésta hubiera resuelto que el delito de aborto violaba cuando menos el derecho a la salud —por falta de acceso a servicios de salud reproductiva—; el derecho a la igualdad —porque no todas las mujeres que abortaban sufrían los mismos riesgos de complicaciones o muerte, o de persecución judicial o de barreras— y el derecho a la libertad de conciencia —porque impedía que las mujeres fueran reconocidas como sujetos morales plenos capaces de definir las razones para abortar cuando así lo decidieran—.

Estábamos celebrando el hecho de que las mujeres pudieran imaginar esas vidas que soñaban para ellas o sus hijas, y también para exorcizar las lágrimas que muchas habían derramado por otras que, como sus abuelas, tías o madres habían vivido y muerto sin poder elegir. Lo que en últimas perseguimos con esta decisión es que las mujeres gocen de legalidad para tomar decisiones y que puedan hacerlo legítimamente.

El informe de balance del primer año de implementación de la sentencia Causa Justa realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Oriéntame nos permite descifrar algunas claves de qué es lo que viene pasando un año después y qué tanto ha servido la sentencia para asegurar la protección de los derechos de las mujeres de manera que al fin sus decisiones sean legítimas.

En una simple secuencia, encontramos que el delito de aborto sí operaba como una barrera estructural tal como ha argumentado el Movimiento Causa Justa. Sin la penalización hasta la semana 24 y con las causales después de este plazo, las mujeres están accediendo de manera más temprana y cada vez más a través de las aseguradoras. Es decir, están recibiendo el servicio de manera legal. Este nuevo marco, a la vez, ha desencadenado una búsqueda más activa de información y menos necesidad de litigio y finalmente, un acceso más temprano, oportuno y legal, incluso para las mujeres migrantes. Esto no quiere decir que las mujeres no sigan enfrentando barreras y que quienes llevan la peor parte no sean las más vulnerables o que viven en zonas más alejadas. Pero un año después de la decisión judicial que nos puso a la vanguardia global en la garantía del derecho al aborto, es necesario saber que hay esperanza, y por qué no, más libertad.

En primer lugar, y contrario a las alarmas que prendieron los anti-derechos cuando conocimos la decisión del 2022, el 93% de las mujeres logran interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas. En el caso de la Mesa incluso, el porcentaje de mujeres que lograron acceder al servicio en este periodo del embarazo aumentó casi en un 30%. A esto se suma el hecho de que menos mujeres requirieron una interrupción después de la semana 24 por el modelo de causales. En los casos atendidos por la Mesa —que trata, como hemos dicho, a mujeres que enfrentan barreras—, este porcentaje bajó del 20% al 15%, pero en el caso de Oriéntame, una institución que presta servicios respetuosos y oportunos, solo un 1% requirió una interrupción después de este plazo.

En segundo lugar, llegaron a la Mesa —que brinda asesoría legal integral y profesional— un 19% más de mujeres con respecto al año anterior, pero esta vez lo hicieron más para informarse que para iniciar una acción litigiosa administrativa o judicial contra las entidades de salud. En total, el porcentaje de mujeres que requerían algún tipo de acción litigiosa para lograr el acceso efectivo a los servicios se redujo en un 11%, mostrando cómo en efecto el delito de aborto obraba como una barrera estructural para el acceso a servicios.

En tercer lugar, en Oriéntame, una de cada tres mujeres (34%) acceden al servicio por la vía del aseguramiento, lo que representa un aumento del 7% con respecto al año anterior. En los casos atendidos por la Mesa este aumento es de 15 puntos porcentuales, mostrando cómo el acompañamiento y el nuevo marco legal han generado mayores condiciones para el acceso a servicios en el marco del sistema de salud. En materia de aseguramiento, no obstante, los desafíos son inmensos pues sólo un sólo 43% de las afiliadas al sistema de salud logran acceder a los servicios a través de sus EPS y este dato no es menor cuando se el país se aboca a una reforma del sector salud.

Finalmente, las mujeres migrantes que llegan a la Mesa buscando acompañamiento y asesoría, disminuyeron en un 19% con respecto al año anterior reflejando que posiblemente empiezan a transformarse las condiciones de acceso.

Cuando es posible avizorar una mayor protección de los derechos de las mujeres, hay que decirlo. Y hay que celebrarlo. Sin delito de aborto hasta la semana 24 pareciera que las mujeres, además de mejores condiciones de legalidad, empiezan a gozar de la legitimidad que demanda su condición de ciudadanas plenas. Y libres.

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