Los contratos del investigado liquidador de Saludcoop con el Ministerio de Salud de Carolina Corcho

Luis Martín Leguizamón, antiguo liquidador de la EPS Saludcoop, investigado por la Contraloría por presuntos malos manejos de recursos públicos por más de 125.000 millones de pesos, es en la actualidad asesor del Ministerio de Salud, centro de la discusión política por la reforma sanitaria. Así lo revelan dos contratos que Leguizamón firmó recientemente con el Ministerio que dirige Carolina Corcho. El primero, por valor de 29 millones, comenzó el 2 de noviembre de 2022 y terminó el 31 de diciembre. El segundo, firmado en febrero de este año y vigente hasta el 31 de diciembre, se hizo por más de 154 millones de pesos. Los dos tienen el mismo objeto: “brindar asesoría jurídica al Ministerio de Salud y Protección Social en el análisis y construcción del marco normativo del nuevo modelo de atención promocional, preventivo y predictivo como garantía efectiva de acceso a los servicios de salud”.

El nuevo modelo de atención es una de las políticas bandera del Ministerio, con la que promueve la misma visión de la salud que está en el corazón de la reforma: énfasis en medicina preventiva y atención primaria, y en llevar la salud a los territorios. En noviembre el presidente Gustavo Petro lo presentó en Aracataca (Magdalena), y dijo que está vinculado a “la necesidad de un cambio en el sistema y el modelo de salud”. De forma más concreta, la ministra Corcho en octubre explicó que una primera etapa consistirá en “equipos médicos interdisciplinarios territoriales que hacen parte del despliegue de la salud pública y de la atención primaria en salud y extramural en los territorios”. Justamente, el abogado Leguizamón le explicó a este diario que su trabajo en el Ministerio es ser “asesor legal en temas relativos al modelo de prestación de servicios de salud y redes territoriales”.

Leguizamón, abogado de la Universidad del Rosario especializado en derecho administrativo, recibió los dos contratos por contratación directa, pese a que el 12 de julio de 2021 la Contraloría General de la República le imputó cargos por el destino de 125.839 millones de pesos. Se trata de irregularidades encontradas en el tiempo que fue liquidador de la antigua EPS Saludcoop, entre el 25 de noviembre de 2015 y el 20 de junio de 2016. En la misma imputación, la Contraloría le endilgó responsabilidad fiscal a otro ex-interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso Sandoval, por 219.734 millones de pesos, y a otra de las liquidadoras, Ángela María Echeverri Ramírez, por 2.549 millones de pesos.

Al preguntarle sobre los avances, Leguizamón respondió “En mi condición de sujeto procesal no me corresponde pronunciarme sobre ese proceso, por lo cual le sugiero dirigirse directamente a ese organismo para tener una respuesta sobre el particular”. La Contraloría ha explicado que el proceso pertenece a la Unidad Anticorrupción y está en el despacho para tomar decisiones de fondo. “Está en reserva”, pero “en abril se tendrán noticias”, le dijo a EL PAÍS un vocero de la entidad.

De acuerdo con los documentos del proceso, la imputación a Leguizamón se debe a anticipos que pagó Saludcoop EPS a la corporación IPS Saludcoop “para gastos no asociados a la prestación de servicios de salud a los afiliados a la EPS, en cuantía de $75.974.494.154″. También por giros realizados por Saludcoop EPS, para atender gastos asociados a contratos de arrendamiento suscritos por la Corporación IPS Saludcoop con la sociedad RV INMOBILIARIA por valor de $802.160.647″. Las señaladas irregularidades se vinculan al uso de recursos de la salud para destinos no autorizados.

Cuando el Ministerio contrató por primera vez a Leguizamón, el 2 de noviembre de 2022, también tenía abierta una investigación en la Procuraduría por presuntas irregularidades durante su periodo como liquidador de Saludcoop. En el transcurso de ese contrato, el 23 de diciembre pasado, fue absuelto: “El procurador Delegado declara desvirtuar del cargo formulado al señor Luis Martín Leguizamón y absolverlo”, se lee en el fallo de la Procuraduría en poder de este diario.

EL PAÍS consultó al Ministerio de Salud si Leguizamón estaba contratado para asesorar a Carolina Corcho en temas relacionados con la reforma a la salud que se discute en el Congreso de la República. La oficina de comunicaciones del Ministerio inicialmente respondió que no “les sonaba el nombre”, y después que “no lo conocían”. Finalmente, el Ministerio reconoció que los contratos son reales. Están publicados en el SECOP, el sistema de información pública en el que las entidades deben revelar sus documentos contractuales como ejercicio de transparencia.

Además del proceso en la Contraloría, el antiguo liquidador de Saludcoop y ahora asesor del Ministerio de Salud ha estado involucrado en otros escándalos. Una columna de 2016 del periodista Daniel Coronell en la revista Semana, llamada El liquidador generoso, se denuncia que Leguizamón ordenó “que le doblaran el sueldo a un sindicalista que le podía estorbar sus planes para vender una de las compañías satélites del grupo”.

Coronell revela los audios en los que se escucha al entonces liquidador solicitarle de forma explícita a un subalterno que le subiera el sueldo a John Colmenares, secretario de la asociación sindical Unitracoop: “¿John Colmenares cuánto gana? –pregunta el agente liquidador. –John Colmenares –responde el subalterno– gana como coordinador 5 y medio doctor. –Súbale, ajústelo. –Bueno, doctor. –Unos 8 o 9 o 10, lo que se pueda. Dígale que es instrucción del agente liquidador –reitera Leguizamón–. Él ya sabe de qué se trata”, se oye en las grabaciones. Pese a los audios, Leguizamón le dice a Coronell que nunca ha visto y no conoce al sindicalista.

En su momento, distintos medios de comunicación revelaron que Leguizamón designó al hermano de su abogado en la presidencia de una de las firmas del grupo Saludcoop a pesar de su falta de experiencia. A raíz de esas y otras denuncias, Leguizamón renunció a su contrato como liquidador. Meses antes fue liquidador de otra EPS, Golden Group. De allí también salió con varios cuestionamientos. Exempleados de esa EPS le dijeron en su momento a El Espectador que no habían recibido el pago completo de sus indemnizaciones debido al excesivo gasto administrativo en el que Leguizamón incurrió durante la liquidación de Golden.

EL PAÍS consultó a Leguizamón sobre los contratos con el Ministerio y sobre las investigaciones de los entes de control. El antiguo liquidador aclaró que no tiene ninguna inhabilidad para contratar con el Estado o con el Ministerio. “Los impedimentos, por el debido proceso a las personas, denomínense conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades son de origen legal y ninguna autoridad competente me ha informado de la existencia de impedimentos en mi contra” dijo al ser preguntado. Efectivamente, en los últimos años ha asesorado a entidades públicas como el Fondo distrital de salud de Bogotá, los ministerios de Vivienda, Minas y Agricultura, o la Unidad de restitución de Tierras.

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