Un grupo de indígenas entra a la fuerza en el edificio de la Alcaldía de Medellín

Un grupo de cerca de 100 indígenas oriundos del departamento del Chocó entró a la fuerza este miércoles en el edificio de la Alcaldía de Medellín, como parte de una protesta en la que reclamaban por la poca asistencia que se ofrece a los desplazados por la violencia y exigían la posibilidad de trabajar en las calles de la ciudad. En los hechos hubo intimidaciones y agresiones con piedras y bastones contra miembros de la policía antidisturbios que estaban en Centro Administrativo La Alpujarra, donde quedan ubicadas las sedes de la Alcaldía y de la Gobernación de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, rechazó la “forma violenta” en la que ocurrió la toma del edificio, lamentó la presencia de niños en los hechos y habló de la existencia de redes dedicadas a la explotación sexual: “Detrás de esto hay unos jefes, unos taitas, unos caciques (...). Es una red que está utilizando a menores para pedir plata y para hacerle bailes a extranjeros, y en muchos casos hemos detectado incluso explotación sexual”.

Según Quintero, la protesta de los indígenas es una respuesta por las intervenciones que han hecho entidades como la Gerencia de Etnias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia, que buscan evitar la explotación de menores. Algunos de esos niños, dijo el alcalde, son dejados por “camionetas lujosas” en varios puntos de la ciudad para ponerlos a mendigar.

Elkin Vitucay, líder de un resguardo indígena del municipio chocoano de Bagadó, quien está en Medellín junto a otras 900 personas de su comunidad, aseguró que la manifestación tiene el único objetivo de reclamar sus derechos. “La Unidad de Víctimas nos ha incumplido para nuestro retorno; el albergue y la comida digna, esa parte está dura todavía. Esperamos que nos cumplan para poder salir”, dijo.

Después del ingreso del grupo de indígenas, se estableció una mesa de diálogo para evaluar las peticiones de los manifestantes. En ella participan miembros de la Defensoría del Pueblo, de la Personería de Medellín, de la Procuraduría General de la Nación, de la Unidad para las Víctimas y del ICBF.

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