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La Procuraduría advierte de que puede haber “graves riesgos” en modificar el contrato del metro de Bogotá

El concesionario ha propuesto una extensión subterránea entre la calle 72 y la 100 para cumplir con un deseo del presidente

Lucas Reynoso
Metro de Bogotá
'Render' del metro elevado en Bogotá, diciembre de 2022.ALCALDÍA DE BOGOTÁ

La Procuraduría General de la Nación ha advertido este jueves de que puede haber graves riesgos si se cambian las especificaciones de la primera línea del metro bogotano para realizar un tramo subterráneo, la opción que prefiere el presidente Gustavo Petro y para la que se abrió una puerta. “El ente de control revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión”, ha afirmado en un boletín de prensa. La observación se produce horas después de que el presidente y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, analizaran cinco alternativas presentadas por el concesionario, que recomendó entre ellas hacer una extensión bajo tierra entre la calle 72 y la 100.

Las preocupaciones del Ministerio Público son varias. Resalta que puede producirse un detrimento patrimonial por incrementos en los costes de los diseños y de la construcción. Además, señala que se producirían demoras en ejecutar un proyecto prioritario para la capital, con mayores afectaciones potenciales en la movilidad de los habitantes durante la construcción. Para la entidad, hay “incertidumbre” sobre el futuro de una gran cantidad de predios que fueron adquiridos para hacer lugar al metro elevado. Según la alcaldesa, 4.000 trabajadores avanzan en estos momentos en ejecutar un contrato que ya se completó en un 18%.

Las inquietudes jurídicas fueron contempladas en la reunión del miércoles entre el presidente y la alcaldesa. López informó que el concesionario chino APCA Transmimetro recomendó solo una de las cinco opciones que estaban sobre la mesa, evaluada como la de “menos riesgos jurídicos e institucionales”. Se trataría de mantener lo contratado como está y luego extender la primera línea desde la calle 72 hasta la 100, con 3,9 nuevos kilómetros. Así, los cambios serían menores y se cumpliría el requisito legal de limitar el monto adicional a un máximo del 50% del valor del contrato original. “Esa [opción] recomienda el concesionario porque considera que no modifica el objeto del contrato”, remarcó la alcaldesa.

El problema para López, que quiere avanzar lo más rápido posible en la construcción, es que el presidente no quiere esa opción y que la Nación aporta el 70% del financiamiento del contrato ya firmado. Petro desea, en vez, un soterramiento desde la intersección de la carrera 50 con la Avenida Primero de Mayo hasta la calle 72. El concesionario descartó esa opción pero el mandatario ha pedido que se mantengan dos mesas de trabajo para revisar de nuevo la propuesta. En una, un equipo legal analizará otra visión jurídica, que considera que se puede modificar el objeto del contrato; la otra es una mesa financiera que estudiará las posibilidades de reducir los costes para que se mantenga por debajo del 50% adicional.

El financiamiento es otro asunto que preocupa a la alcaldesa. “He reiterado que Bogotá no tiene cómo poner la plata adicional para este proyecto porque la plata que tiene contemplada es para el Regiotram del norte y los nuevos cables [teleféricos]”, remarcó en la noche del miércoles tras la reunión con el presidente. Según ella, el Ejecutivo nacional se ha comprometido a poner la totalidad del dinero adicional, incluso si llega a los 15 billones de pesos (unos 3.300 millones de dólares).

La viabilidad jurídica y financiera de cualquier modificación, sin embargo, todavía preocupa a algunas partes. El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, ha declarado este jueves a W Radio que de momento no hay cambios y que es mejor evitarlos para que no se produzcan retrasos: “Los riesgos pondrían al proyecto en una dificultad más importante; es más fácil seguir con el proyecto como lo veníamos haciendo”.

Petro ha batallado por un metro subterráneo desde su tiempo en la Alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2015. En ese entonces, acordó con el Gobierno de Juan Manuel Santos la cofinanciación de un proyecto que quedó casi listo. El inconveniente fue que no quedó licitado y su sucesor, Enrique Peñalosa, lo convirtió en un metro elevado para presuntamente ahorrar costos. El trazado actual de la primera línea es similar al de Petro, con 23,9 kilómetros que conectan el suroccidente de la ciudad con el borde oriental. La preocupación, sin embargo, es el daño urbanístico que puede generar en zonas de alta densidad demográfica.

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Sobre la firma

Lucas Reynoso
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Bogotá.

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