El fin de los contratistas

La cifra es penosa: 911.000 trabajadores del Estado colombiano cumplen horario, van a la oficina, tienen un jefe, pero no gozan de vacaciones, no reciben pago de cesantías, ni tampoco tienen las garantías que por ley se dan dentro del vínculo patrón–empleador. Ellos son los llamados contratistas por prestación de servicios profesionales, un modelo de vinculación que se puso a andar hace treinta años, con miras a flexibilizar el mercado laboral, pero que hoy es una de las bases de la precarización del trabajo en Colombia y pesadilla para miles de familias.

Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) de los 22 millones de colombianos que hay hoy trabajando, 12.9 millones lo hacen en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, no están contratados por ningún empleador y no hacen aportes a seguridad social. Sin embargo, esta estadística no tiene en cuenta a los contratistas por prestación de servicios, pues estos aportan a seguridad social y tienen ingresos que superan el salario básico de ley. En pocas palabras, se les ve como trabajadores formales, pero en realidad no cuentan con algunos de los derechos mínimos de un trabajador: vacaciones y seguridad laboral.

Lo grave —y más ahora que vienen elecciones— es que esos contratos, que en algunos casos se renuevan cada tres o seis meses, se han convertido en herramienta de presión política. Abundan en el país los casos de gobiernos locales (verbigracia uno muy poderoso de la costa Caribe) que para renovar los contratos de sus colaboradores por prestación de servicios hace un comité de seguimiento a redes sociales y publicaciones de esas personas para comprobar que sí están apoyando la causa del gobernador y, por ende, si merece o no seguir trabajando. Pasa igual en otras ciudades donde a la hora de renovar el contrato le exigen al contratista listado de familiares y amigos comprometidos con votar en las próximas elecciones por determinado candidato para así asegurar la renovación del contrato. Es la precarización del trabajo usada como herramienta política.

La semana que pasó desde el Ministerio del Trabajo y el Departamento de la Función Pública anunciaron que a través de un proyecto de ley que se presentará en 2023 comenzará el proceso para formalizar a estos trabajadores. Sin duda es una buena noticia para casi un millón de colombianos víctimas de ese indignante método de contratación. Pero quedan preguntas por resolver.

Según el director de Función Pública, al abrirse los cupos para contratar a los nuevos empleados del Estado se harán concursos, ¿es decir que no se respetará la antigüedad de aquellos que durante varios años han ejercido esa labor como contratista prestador de servicios? ¿Quién garantizará la transparencia de esos procesos de selección? ¿Al no respetarse la antigüedad de quienes estaban ya ejerciendo esas funciones no se abre un boquete que podría desencadenar decenas de miles de demandas contra el Estado colombiano exigiendo el pago de unas acreencias laborales multimillonarias?

Deshacer el entuerto de los contratos de prestación de servicios es una necesidad. Es trabajar por el bienestar de miles de personas. Pero la clave está en garantizar que el proceso no abra un nuevo boquete en las finanzas públicas y, sobre todo, que haya claridad sobre el manejo de un Estado que con tantos empleados será macro cefálico.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.