Un articulito

Cuando de mano en mano, entre congresistas del Pacto Histórico, circula un borrador de proyecto de ley para la “democratización” de los medios. Cuando los trinos de las cabezas de Gobierno suelen acompañarse de frases donde se insinúa que los medios ocultan información. Cuando se culpa de las penurias de la política económica del Gobierno, entre otros, a los periodistas. Cuando se pensó incluir en un proyecto de ley del ministerio de Justicia un artículo que determina cómo deberán los medios adelantar campañas que respalden políticas del Gobierno.

Cuando todo eso pasa, y a propósito de este último y delicado episodio que el ministro de Justicia Néstor Osuna ha dicho ya no será una realidad, vale la pena atender algunas voces de los responsables de la información y opinión en los medios colombianos.

Fidel Cano, director del diario El Espectador: “Me parece un despropósito pensar que cualquier contenido que publique un medio de comunicación deba pasar por una autorización previa. Eso se llama censura, no tiene otro nombre. Y, aunque el ministro haya salido a tranquilizar las aguas, la sola inclusión de esa regulación en el borrador de un proyecto de ley muestra una concepción perversa de la relación entre el Estado y los medios de comunicación. Así creamos que en el fondo hay una buena intención pedagógica, la intervención del Estado en los contenidos de los medios de comunicación es un abuso de autoridad que ataca la libertad de prensa”.

Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio: “Esto simplemente no tiene presentación. Espero que se trate de un error y que sea enmendado rápidamente. El Gobierno nada tiene que hacer metiéndose en los contenidos de los medios. Si quieren difundir su agenda, para eso existe la pauta. Mal mensaje”.

Erika Fontalvo, directora del periódico El Heraldo: “Con demasiada rapidez, al nuevo Gobierno se le ven las orejas. Su intento de ejercer un control previo de las publicaciones de medios de comunicación, camuflado en su objetivo de humanizar la política criminal, atenta contra la libertad de prensa y de expresión en un país donde ya los violentos arremeten contra ellas de frente para tratar de silenciar a los periodistas. Es inadmisible que el Ejecutivo, así sea en un ejercicio de prueba y error, intente vulnerar uno de los pilares más relevantes de la democracia liberal, que dice defender”.

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN: “Es un verdadero despropósito que un artículo que habla de que la prensa ‘deba’ consultar sus contenidos en materia de política criminal y drogas con una entidad gubernamental, siquiera aparezca en un borrador de un ministerio tan importante como el de Justicia. Dicho esto, confío en la palabra del ministro, quien ha asegurado que ese artículo no aparecerá en el proyecto final que se radicará ante el Congreso en marzo de 2023. Toda advertencia se queda corta cuando de proteger la libertad de prensa se trata, así que fue bueno detectarlo a tiempo para evitar que un engendro de ese tamaño pudiera volverse norma en nuestro ordenamiento jurídico”.

Fernando Quijano, director del diario La República: “El gran problema no es si se cayó o no la iniciativa del Gobierno de apropiarse de los contenidos sobre un tema específico, actitud que deja ver un modus operandi de pasar por encima de la economía de mercado, de la libertad de empresa. Pretender obligar a los medios a informar sobre determinadas situaciones o temas, es un claro atentado en contra de la libertad de prensa que socava la democracia. Lo otro, no menos importante, no es hacerlo, pues se cayó su iniciativa, sino pensar que Colombia se arregla sometiendo la empresa informativa. En el Gobierno hay cierto aire de querer obligar a todo el sector productivo a actuar bajo sus mismos parámetros, ejecutar sus ideas para un modelo de país no muy amigo de libertad de expresión y de empresa”.

Juanita León, directora del portal La Silla Vacía: “Me alegra que el ministro haya caído en la cuenta de lo escandaloso que es que el Gobierno intente controlar cualquier tipo de contenido editorial. Eso solo lo hacen Estados no democráticos”.

Juan Lozano, columnista: “El derecho fundamental a la libertad de expresión necesariamente pasa por evitar que cualquier Gobierno imponga o pretenda imponer contenidos a los medios de comunicación. El gran avance de la Constitución de 1991 en esta materia se resume en tres palabras: no habrá censura. Y tan grave es la censura reflejada en silenciar contenidos, como en la pretensión de imponerlos desde el Gobierno. Los medios de comunicación no pueden aceptar que desde ningún despacho oficial les dicten contenidos”.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol: “A pesar de la reculada del Gobierno en su intento por fijar estas ‘normas’ tan exóticas, lo que queda en claro es que alguien dentro de la nueva administración tiene el objetivo de buscar talanqueras a la libertad de prensa, a la autonomía de los medios. Amparados en un falso dilema (como lo han tenido también anteriores gobiernos) de querer meter a los medios de comunicación en su alianza para sacar adelante sus políticas, lo que queda en evidencia es que hay una clara intención de ‘aconductar’ al periodismo. Si se logra eso, será la cuota inicial de una larga cadena de desaciertos de quienes creen torpemente que callando al mensajero, se tapan las falencias y los errores”.

Juan Pablo Calvás, editor general de La W Radio: “Es valioso que un Gobierno se comprometa con la formación de los ciudadanos en temas relacionados con la justicia restaurativa. Es un concepto que merece ser discutido, debatido, pero sobre todo comprendido. Sin embargo, los medios de comunicación nunca deben seguir los dictados de un Gobierno, sea el que sea. Los medios no deben someter sus contenidos a la aprobación de ninguna instancia gubernamental. Los medios deben tener libertad y deben ser responsables y equilibrados. Esos son deberes. El resto es censura”.

Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano: “Inaceptable. Aunque el ministro anunció que retira el artículo, preocupa que en el ministerio de Justicia lo hayan siquiera pensado y escrito. Y preocupa aún más que en menos de tres meses del nuevo Gobierno ya sean dos los intentos de hacer leyes buscan coartar la libertad de prensa. Y eso que el país está en plena luna de miel con el Gobierno. No quiero imaginar lo que puede pasar en momentos de crisis”.

Palabras de las que uno espera, por lo menos, que el Gobierno y sus funcionarios tomen nota. Lo que hoy no pasó, podría volver a intentarse. La terquedad del poder, lo demuestra la historia, no conoce de límites.

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