Colombia a revisar el Concordato

Una vez más se calienta en Colombia la propuesta de cobrar impuestos a las Iglesias. Un debate que parece bizantino, pero que encierra un interesante punto sobre la posición que mantiene el Estado frente a las Iglesias en general y ante la Iglesia Católica en particular.

Los congresistas que hoy agitan la bandera de los impuestos a las Iglesias lo hacen como si fuera cuestión de presentar un proyecto de ley ante el Congreso y darle trámite, cuando en realidad el asunto resulta muchísimo más complejo, pues aquí no se trata de agregarle un numeral o un parágrafo al estatuto tributario y ya: debe revisarse el Concordato firmado por el estado colombiano y la Santa Sede en 1974, que es el que establece que los edificios relacionados con la misión espiritual de la Iglesia no deben pagar impuestos.

En pocas palabras, si el Congreso quiere ponerle impuestos a las iglesias, esto debe hacerse de manera concertada con el gobierno del presidente Petro y este debe sentar al canciller Álvaro Leyva a conversar con quien sea designado por la Santa Sede para negociar (si esto fuere posible) un cambio o modificación a la norma que regula las relaciones entre Colombia y la Iglesia Católica.

¿Por qué solo con la Iglesia Católica? Porque por disposición legal, los acuerdos alcanzados con el Vaticano aplican de manera general para todas las demás Iglesias que existen y Colombia y, por ende, el documento rector de la relación entre el estado colombiano y las Iglesias termina siendo ese tratado que se firmó en tiempos del papa Paulo VI y el presidente Misael Pastrana.

El asunto no es de poca monta, si se tiene en cuenta el protagonismo que la Iglesia Católica ha tenido en anteriores procesos de paz y la alta probabilidad de que en busca de la llamada “paz total” el presidente Petro busque también el respaldo y buenos oficios de la Santa Sede, que recordemos fue clave en las negociaciones de paz con las extintas FARC.

Por lo pronto dar el paso hacia ese recaudo de impuesto pareciera una misión imposible. Aunque si el gobierno se diera a la tarea de revisar el concordato se podrían estar abriendo puertas interesantes como la de eliminar la educación religiosa que hoy es obligatoria en los colegios por cuenta de ese mismo concordato de 1974. Así mismo, se podrían establecer criterios para hacer seguimiento a los dineros que reciben las Iglesias, para así evitar la opacidad que hay respecto al manejo de los recursos que llegan a manos de pastores, obispos y otros líderes de todo tipo de cultos.

Tal vez es hora de que, en honor a la Constitución de 1991, se de una miradita a ese antiguo acuerdo para ponerlo a tono con la idea de un estado laico. Entender que las iglesias se encargan de nuestra salud espiritual, pero asimismo tienen obligaciones con el Estado en términos materiales y aplicar ahí sí la frase del evangelio de Mateo: “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Iglesia y Estado no se oponen, pero sin duda un juicioso recaudo de impuestos en el caso de las iglesias multimillonarias podría ayudar a alimentar las famélicas arcas de nuestra Colombia, aunque no es el congreso el que tiene que hacer la tarea, le toca al Presidente.

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