¿Quién defenderá a las instituciones en Colombia?

Pocas, muy pocas cosas son capaces de despertar la indignación de la gente como la percepción de injusticia. Y una de sus formas más gráficas tiene lugar cuando la misma norma no es aplicada por igual para todos. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, no es el primer político electo de Colombia para el que aparecen indicios sólidos de participación en la campaña colombiana de 2022, algo prohibido por la legislación electoral. Sin embargo, sí se ha convertido en el de mayor calibre sometido a una suspensión por la Procuraduría General de la Nación. Otros tres funcionarios de mucha menor visibilidad fueron suspendidos por las mismas razones, entre ellos el alcalde de Ibagué, una ciudad de tamaño mediano gobernada por un político conservador al que se acusó de apoyar a Fico Gutiérrez, el candidato de derecha. Quintero lo hacía por Gustavo Petro. Pero lo que ve la opinión pública es que otro buen puñado de significados políticos han tenido amagos de participación en campaña, hasta el propio Presidente de la Nación, así como el Comandante del Ejército, en contra de Petro. Y ve el contraste. Y, aún a sabiendas de que la Procuraduría tiene sus poderes limitados frente al Ejecutivo, ante la ausencia de censura o reprimenda una parte no despreciable de ella asumirá que las normas no son iguales para todos.

Colombia es una democracia con una considerable presencia de lo que los politólogos llaman “instituciones contramayoritarias”. Son aquellas diseñadas para equilibrar, balancear las pasiones populares expresadas a través de los políticos electos. Los Bancos Centrales y los Tribunales Constitucionales o Supremos son las más conocidas, pero hay otras. En Colombia hay una Contraloría General y una Procuraduría General, por ejemplo. La Procuraduría está encargada de vigilar y sancionar a los gobernantes cuando cometan algún tipo de irregularidad. Su cabeza la elige el Senado a partir de una terna propuesta por Presidencia, Consejo de Estado y Corte Suprema, por cuatro años desacoplados del mandato presidencial: Margarita Cabello entró a su cargo en enero de 2021 después de haber sido la Ministra de Justicia del actual Gobierno, algo que ya la marcaba bajo la sospecha del partidismo y la parcialidad desde el primer momento.

Los institucionalistas liberales suelen estar obsesionados con el diseño de las normas y los procesos de selección. Las del ordenamiento constitucional colombiano son poco menos que ejemplares, o al menos sólidas, sobre el papel. Y, sin embargo, son hackeables. Vulnerables. Demostrando que la obsesión de los institucionalistas liberales puede estar justificada pero no es suficiente: las normas y los puestos necesitan de personas que las respeten, o estarán condenadas al debilitamiento.

En Colombia pareciera que ya casi no quedan líderes de ese calibre, estén ya electos o por elegir. Si Gustavo Petro ha reiterado en sus discursos y en su historial político que el populismo piramidal es su estilo, el currículum de Daniel Quintero no sólo no se queda atrás, sino que esta es la lógica que a todas luces domina en su alcaldía. Y, sin embargo, a quienes tienen hoy enfrente no se les puede abonar un respeto mucho mayor por el espíritu de las instituciones. “Espíritu” es la palabra clave. Cuando los defensores de la decisión de la PGN argumentan que el conservador alcalde de Ibagué ha sido suspendido a la vez que el de Medellín, se apegan a la apariencia de balance. Pero esta apariencia no resiste ninguna comparación con la realidad, en la que los amagues de participación en campaña han sido frecuentes en todos los rincones del país, incluida su capital. Tampoco con los antecedentes de la Administración Duque en este frente. Al nombramiento de Cabello se le une la entrada del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República, o los ataques discursivos frontales a la Corte Constitucional tras determinados fallos que el Gobierno no compartía hasta el punto de provocar una advertencia de acatamiento por parte de la propia Corte en marzo de este año, o el manejo de la Fiscalía General en numerosos casos que tocaban al entorno político del partido gobernante.

Bajo las decisiones de este gobierno una parte de los mecanismos contramayoritarios se ha ido convirtiendo justo en lo contrario de lo que deberían ser, pasando a ser un instrumento de la mayoría gobernante. Lo han hecho en nombre de la defensa del propio orden institucional contra sus principales rivales ideológicos y partidistas, quienes, dicen ellos, son el peor peligro posible para la democracia colombiana. Incluso aunque admitiéramos semejante línea argumental, la paradoja es que una vez se abre la dinámica de “mi partido por encima del país”, ya no hay vuelta atrás. Poco importará quién empezó: el final será el mismo gobierne quien gobierne. Ya nadie tendrá incentivos para poner al país por delante de su partido, y la obsesión colectiva será (ya está siendo) identificar en qué momento el partido rival al propio está aplicando el poder de que dispone de manera injusta. Colombia, así, podría adentrarse en un círculo vicioso de indignación del que pocos países logran salir.