Nicaragüenses, cubanos y haitianos, el ‘blanco fácil’ para las deportaciones masivas de Trump al vencer su ‘parole’ humanitario

A los cubanos, haitianos y nicaragüenses que residen en Estados Unidos legalmente gracias al parole humanitario, o permiso de libertad condicional, se les agotan las opciones para evitar una deportación. En enero se cumplen dos años desde que el Gobierno de Joe Biden amplió para ellos el programa, cuya duración es de 24 meses, por lo que aquellos que no hayan regularizado su residencia por otro método, perderán su derecho de permanecer legalmente en el país. Si el riesgo de ser deportados ya existía por la imposibilidad de renovar el permiso con la actual Administración Biden, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con su promesa de realizar la mayor deportación de la historia, aumenta la posibilidad de que sean expulsados.

“Son un blanco fácil para las deportaciones masivas de Trump, porque a diferencia de las personas indocumentadas de largo plazo, las que viven en la sombra, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sabe sus direcciones recientes, sabe quiénes son”, por lo que es más fácil localizarlos y expulsarlos, explica Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI).

En octubre de 2022, el presidente Biden amplió el programa, que inicialmente se creó para recibir a los ucranios que huían de la guerra desencadenada con la invasión de Rusia, a los venezolanos. En enero de 2023, se añadieron nicaragüenses, haitianos y cubanos. Según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de diciembre, 531.670 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente bajo el programa hasta finales de noviembre. De ellos, 110.240 eran cubanos; 211.040, haitianos; 93.080, nicaragüenses, y 117.320, venezolanos.

La crisis política, económica y social de estos países abocó a gran parte de su población a huir hacia Estados Unidos, causando una llegada masiva de migrantes. La Administración Biden aprobó la ampliación del programa para proporcionar una vía legal de entrada y evitar un flujo masivo de indocumentados. El informe de la CBP recoge que “desde que el Departamento de Seguridad Nacional implementó estos procesos seguros, ordenados y legales, los encuentros de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entre los puertos de entrada han disminuido un 98%”.

Para conseguir el permiso, es necesario tener un patrocinador en Estados Unidos que se haga cargo económicamente del beneficiado. A diferencia de las condiciones para los ucranios, el Gobierno impuso un límite de 30.000 permisos mensuales para los ciudadanos de los cuatro países latinoamericanos.

Este año, la Administración Biden decidió no permitir la renovación para los ciudadanos de estos mismos países, por lo que aquellos residentes que no hayan buscado vías alternativas para quedarse en Estados Unidos, pasarán a la lista de deportables. Las opciones para quedarse pasan por conseguir el asilo o ser beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal). Más de medio millón de venezolanos se encuentran bajo la protección de este último, pero no está claro cuántos de ellos llegaron por medio del parole humanitario.

Aunque el programa continúa activo y sigue recibiendo solicitudes, su eliminación entra dentro de los planes de política migratoria de Trump. El presidente electo ha criticado los programas humanitarios y todo apunta a que no tardará en intentar anularlos. Su obsesión por criticar a los migrantes llegó al absurdo cuando, durante la campaña electoral, acusó a los haitianos de Springfield (Ohio), que se benefician del parole, de comerse las mascotas de los americanos, desatando una situación caótica en esa ciudad.

“Es muy probable que terminen estos procesos. Si no es el primer día, será muy pronto después de que tome posesión. Los republicanos en general se han enfocado en lo que llaman el abuso del parole”, subraya Bush-Joseph.

La eliminación del parole humanitario presenta menos dificultades que la del TPS, porque no fue establecido según el proceso reglamentario de aprobación de leyes. El republicano ya intentó eliminar el TPS en su anterior mandato, pero las trabas legales lo impidieron.

La opinión de que Trump pondrá fin a los programas que conceden residencia temporal a los migrantes es generalizada, especialmente los que dan permisos humanitarios. “Es probable que los programas de la era Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranios dejen de procesar inmediatamente nuevas solicitudes”, afirman los expertos de Brookings, Tara Watson y Jonhaton Zars en un estudio sobre los posibles escenarios migratorios con la Administración Trump.

No está claro, no obstante, qué puede pasar con las personas que aún están dentro del plazo de dos años que les concede el parole, aunque tampoco hay garantías de que se respeten sus derechos actuales. “La Administración podría optar por ir más allá y tratar de revocar el estatus actual de quienes viven en Estados Unidos bajo estos programas humanitarios. Un grupo en particular riesgo son los cuatro o cinco millones que han llegado a Estados Unidos en los últimos años con una libertad condicional temporal o un aviso para comparecer ante un tribunal de inmigración. Muchos están presentando una solicitud de asilo y, si la historia sirve de guía, a más de la mitad no se les concederá ese estatus”, afirman en Brookings.

A pesar de que las intenciones de Trump dejan pocas dudas de su deseo de aplicar mano dura contra la migración, tendrá que superar obstáculos legales y logísticos. La opción de pedir asilo, no obstante, ya se ha dificultado con la actual Administración.

Las solicitudes sufrieron una drástica caída después de que el presidente Biden restringiera en junio (y ampliara en septiembre) las condiciones para quienes ingresan por los puertos de entrada. En diciembre de 2024 se produjeron unos 44.000 arrestos en la frontera con México, el mínimo registrado desde julio de 2020. Un año antes, en diciembre de 2023, la Patrulla Fronteriza alcanzó su máximo, con un cuarto de millón de detenciones a lo largo de la frontera sur.

Todo apunta a que la nueva Administración seguirá dificultando que los migrantes soliciten asilo e incluso se prevé que recupere la política que les obligaría a hacer la solicitud desde fuera del territorio estadounidense, como hizo en su primer mandato.

En enero de 2019, Trump y el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador promulgaron los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocidos como el programa “Permanecer en México”, por el que 71.000 solicitantes de asilo, incluidos niños y personas con discapacidades y enfermedades crónicas, fueron enviados al país vecino, exponiéndoles a la violencia de la zona fronteriza y a precarias condiciones de alojamiento. “Es probable que la Administración aplique esta u otras políticas similares para reducir el flujo de solicitantes de asilo”, advierten en Brookings.