“Me da mucha pena que haya gente en mi país que muestra su odio contra mi familia”

Mexicana de nacimiento y residente en Estados Unidos desde los tres años, Guadalupe Gutiérrez, de 21 años, se casó el pasado mes de junio en California, después de dos años de noviazgo. A la emoción inherente de recién casada se sumó a los dos días una grata e inesperada sorpresa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba la regularización de medio millón de migrantes indocumentados casados con ciudadanos americanos. Su marido es de California, y ella, sin estatus legal de residente, reunía todas las condiciones necesarias para beneficiarse del programa. Con la licencia matrimonial le había llegado un preciado regalo: los tan deseados papeles que, después de 18 años, le permitirían residir de forma legal en el que ha sido casi toda su vida su país. “Estábamos muy emocionados porque sin saberlo entramos en el límite de quienes podían solicitarlo”, afirma Gutiérrez.

Sin saberlo, habían acertado con la fecha de su boda. Para entrar en el programa Manteniendo familias juntas, los beneficiados debían haber contraído matrimonio antes del día que Biden lo presentó, el 18 de junio. Por él se concedería estatus legal a los migrantes que, habiendo entrado de forma ilegal en el país, estuvieran casados con ciudadanos estadounidenses y llevaran al menos 10 años viviendo en Estados Unidos. Esta vez tuvo más suerte que su anterior intento para regularizarse. El programa DACA, que concedía la residencia a los migrantes que llegaron de niños de forma ilegal, se acabó cuando su proceso estaba en marcha.

No perdió el tiempo y el 19 de junio, el primer día que se abrió el plazo para recibir solicitudes, presentó la suya. Esta vez, la orden de suspensión de un juez truncó su suerte. “Ahora estoy en la misma situación. Apliqué y otra vez está en pausa”, se lamenta.

Se refiere a la decisión de un juez federal de Texas, que el lunes por la noche, una semana después de que Guadalupe Gutiérrez hubiera presentado su solicitud, paralizó temporalmente el programa que le daría el estatus legal que tanto anhela. Detrás de la orden judicial está la demanda interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que junto a los fiscales de otros 15 Estados gobernados por republicanos, pidió bloquear el programa por considerarlo anticonstitucional al no haber contado con la autorización del Congreso.

Gutiérrez lleva 18 años sufriendo las consecuencias de haber cruzado la frontera de forma ilegal cuando la sacaron de su México natal con tres años. Estudia negocios y cosmetología, pero su estatus de residente ilegal impide que acceda a ayudas para su educación. “No tengo las mismas oportunidades que otras personas que nacieron aquí porque no puedo optar a la financiación para mis estudios”, explica. “Con los papeles en regla, además, tendría oportunidades de encontrar trabajo y ayudar a mi familia”, añade.

“Me sentí triste. Es la misma situación por la que ya pasé. Es muy injusto porque las personas que viven aquí indocumentadas ayudan económicamente al país. Trabajan, pagan impuestos, llevan una vida tranquila y ellos piensan que venimos aquí a causar problemas”, se queja.

Los que se oponen a la reforma migratoria piensan de otra manera. El fiscal Paxton justificó en la demanda causante de la suspensión, que el programa tiene un “evidente interés político” y que la regularización de los indocumentados “incentivará la inmigración ilegal y dañará irremediablemente los Estados demandantes”.

El presidente Biden criticó la orden del juez y advirtió que su Administración continuará la lucha para que se revierta. “Nada de lo que hice cambió los requisitos que las personas deben cumplir para ajustar su estatus según la ley de inmigración. Todo lo que hice fue hacer posible que estos residentes de larga duración presentaran la documentación aquí, junto con sus familias”.

Antes de la reforma, si Gutiérrez quería obtener el permiso de residencia que le corresponde por haberse casado con un ciudadano estadounidense, tenía que abandonar el país, esperar 10 años y solicitarlo desde un consulado. Una perspectiva poco atractiva para alguien que se acaba de casar y cuyo hogar ha estado siempre en Estados Unidos.

El mismo día que el juez dictó su orden, Gutiérrez había recibido la notificación para el siguiente paso en el proceso, la toma de huellas digitales. Ahora tiene dudas. No sabe si acudir o no, pero su abogado de Chirla, (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, por sus siglas en inglés) le aconseja que vaya porque ”si se reactiva el proceso ya tendrían mis datos”, dice.

Chirla se ha unido a otras organizaciones que defienden a los migrantes para pedir que se escuche la voz de los afectados en el juicio. “No entendemos por qué una familia unida se convierte en una amenaza para Texas y otros Estados. Es importante que la comunidad sepa que la pausa en otorgar estos permisos no detiene el proceso y todavía se pueden someter solicitudes. Se urge a la comunidad a que busque asistencia con organizaciones de confianza y expertos en el tema,” aconseja Angelica Salas, directora ejecutiva de Chirla.

“Todo está confuso y complicado”, reconoce Kali Pliego. Natural de Minnesota, de 43 años, Pliego está casada con un mexicano desde hace 17 años y, al igual que Guadalupe Gutiérrez, presentó la semana pasada con su esposo la solicitud para regularizar el estatus de él. También ha recibido el aviso para que le tomen las huellas digitales y no sabe qué esperar. Días después de la presentación del parole in place, Pliego concedió una entrevista a EL PAÍS en la que se mostraba esperanzada con la iniciativa.

Ahora, dos meses y medio después, entiende que su esposo se mostrara desconfiado. “El sabe que hay un sentimiento antiinmigrante en una parte de la sociedad de este país. Tiene que medir sus esperanzas calculando que hay gente que está en contra de él”, afirma.

Regularizar el estatus de su marido significaría, entre otras muchas ventajas, que podría acceder a un empleo mejor que el que tiene actualmente. “Ahora tiene que aguantar cosas porque no se cree con derecho a reclamar si alguien le trata mal. Nuestro propósito es que tenga la opción de escoger, porque ahora no tiene esa libertad”, explica. Además, su hijo podría visitar a la familia que tiene en México, que no conoce porque no quiere viajar sin su padre.

Pliego explica la decisión del juez de suspender el programa como “pura política”, porque no cree que haya nada ilegal en él. “El hecho de que lo parara antes de escuchar los argumentos de cada lado es una muestra de su ideología política”, apunta.

A pesar del disgusto, la pareja no teme que la suspensión sea definitiva, porque no cambiaría la vida que han llevado los últimos 17 años. “Moralmente nos afectaría, pero no en nuestra vida diaria”, afirma. Lo que sí les asusta es que el candidato republicano, Donald Trump, sea reelegido. “Mi mayor miedo es que gane Trump, porque entonces sí van a llamar a mi puerta para sacar a mi marido del país”, admite. Recuerda que la ansiedad que sufrieron en los cuatro años que Trump fue presidente fue “horrible”.

Asegura que conoce a mucha gente que estaba esperando a conocer el resultado de las elecciones para solicitar la regularización, porque creen que su futuro depende de quien sea el próximo inquilino de la Casa Blanca. Y se indigna con los responsables de que se paralice la regularización. “Es una vergüenza. Me da mucha pena que haya gente en mi país que muestra su odio contra mi familia de esa manera”, protesta.