Estados Unidos denuncia un presunto fraude a hispanos con deudas estudiantiles
La Comisión Federal de Comercio asegura que la organización USA Student Debt Relief fingía estar afiliada al Departamento de Educación y hacía falsas promesas de pagos mensuales bajos y de condonación de préstamos
![fraude préstamos estudiantiles](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/UTLPSNAWVNEGPL3AJ7LRXKZGBU.jpg?auth=882e5d1ced556d9b2cb44ad35da11d6b95bd0d7f57f5733c853b2cf7ba149005&width=414)
Un tribunal federal de Tampa (Florida) ha detenido temporalmente las actividades de una organización que, según una demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), engañaba a consumidores que buscaban alivio en sus préstamos estudiantiles con promesas falsas de reducción de lo debido. La agencia federal asegura que la entidad USA Student Debt Relief, o USASDR, se anunciaba en su sitio web y redes sociales con testimonios falsos y críticas positivas también manipuladas para estafar a consumidores. Los operadores de esta organización se centraban en muchas ocasiones en individuos de habla hispana en Puerto Rico.
La FTC explica que al menos desde abril de 2019, USASDR presentaba credenciales a sus clientes en los que incluía una afiliación falsa con el Departamento de Educación y sus entidades de préstamos. USASDR está formada por una empresa con sede en Florida, Start Connecting, y otra con el mismo nombre en Colombia. Sus dueños y operadores, Douglas Goodman, Doris Gallon-Goodman y Juan Rojas, prometían pagos mensuales de deuda fijos y bajos —de unos 9 dólares mensuales en algunos casos— de forma permanente sobre el saldo restante tras un generoso perdón en parte de la deuda.
Como pago de sus servicios cobraban tarifas anticipadas, que la FTC considera ilegales, de varios cientos de dólares y otras comisiones que han llegado a ser de 29 dólares mensuales. La realidad, según se explica desde esta agencia estatal, es que aunque “USASDR afirmó que aplicaría los pagos mensuales de los consumidores a sus saldos de préstamos, se apropiaron de este dinero de los consumidores para enviar gran parte de los fondos a Colombia”.
La demanda apunta a que esta empresa se embolsaba estos pagos mensuales y las tarifas anticipadas y no dedicaban nada de ello a la reducción del préstamo. Es más, se les acusa de aprovechar la pausa en los pagos que se estableció por el Gobierno como alivio financiero durante la pandemia para esconder la realidad de que el pago mensual fijo no se dedicaba al pago del balance debido. “Durante ese tiempo, los consumidores no recibían el estado de sus balances por parte de las entidades prestatarias y no revisaban de forma metódica sus balances”, argumenta la FTC. Así, muchos consumidores pagaron cientos de miles de dólares durante años pensando, equivocadamente, que estaban reduciendo su deuda.
Los investigadores de esta agencia han establecido que cuando los consumidores contrastaban informaciones, sobre todo tras el fin de la pausa de los pagos decretada por Washington, y pedían explicaciones, USASDR argumentaba que los prestamistas les estaban enviando información falsa y fraudulenta. De hecho, llegaron en algunos casos a pedir a los consumidores a que ignoraran las comunicaciones de estas entidades prestamistas, lo que ha dejado a muchos de ellos en morosidad y riesgo de impago. La FTC dice que a veces USASDR cambiaba la información del consumidor en la cuenta FSA (Federal Student Aid) para que el prestamista no pudiera comunicarse con su cliente.
Aunque los servicios de USASDR usaba el telemarketing desde Colombia en español y hubo un claro interés en los consumidores monolingües de Puerto Rico —donde se dirigieron el 30% del total de las llamadas—, el contrato que se les ofrecía era en inglés y los términos “se parecían muy poco al servicio que los consumidores pensaban que habían comprado”.
Mientras, la compañía hacía campañas no solo en redes sociales como Instagram y Facebook, sino también en plataformas de críticas de servicios como las que tienen Better Business Bureau (que ha colaborado en esta investigación) y Trustpilot. En estas campañas falsos consumidores contaban sus experiencias positivas. Es lo que hizo una supuesta “Ana Rojas”, presentada con la imagen de una joven sacada de un banco de fotos, que en agosto de 2022 aseguraba que con los servicios de esta empresa pudo reducir su cuota de 1.300 dólares al mes durante 28 años a solo 417 dólares durante ocho años.
Además de conseguir que se pare temporalmente este servicio, la FTC pide al juez que ponga fin definitivo a estas prácticas ilegales que habrían estado en marcha desde, al menos, abril de 2019 y se asegure una compensación a los consumidores.
¿Cómo evitar este tipo de fraude?
Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, hay que activar todas las alarmas y solo confiar una vez que se verifica la legitimidad de las ofertas. La FTC recuerda que los estafadores suelen mentir y decir que son parte o están asociados al Departamento de Educación. No acepten esa palabra sin más. Augúrese de que está trabajando con una entidad que esté registrada en la página de este departamento. Puede consultarlo aquí.
- Use la información de contacto de la página oficial, no la de quien le ofrece el servicio, que puede ser parecida pero no la misma.
- Los estafadores juran que necesitan su identificación de FSA para acceder a la información. Nunca comparta esta información. Con esa identificación pueden desde cancelar su relación con la entidad prestataria hasta robarle la identidad.
- No firme nunca un contrato que no entienda, esté escrito en su lengua o no.
Si tiene problemas para gestionar sus préstamos estudiantiles federales, acuda a StudentAid.gov/repay. Si los préstamos son privados, llame a la entidad y pida ayuda.
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