¿Fusilamiento o inyección letal? Un legislador de Arizona propone un referéndum sobre el método de la pena de muerte
El legislador republicano del Estado, que reanudará las ejecuciones tras dos años en pausa, defiende que lo que “siempre funciona es el pelotón de fusilamiento”
La idea de sustituir la inyección letal con escuadrones de fusilamiento vuelve a ser noticia en Arizona, cuando se espera la reanudación de las ejecuciones de pena de muerte, que han estado en pausa durante dos años. Esta semana, el legislador republicano Alexander Kolodin ha propuesto un referendo para preguntarle a los electores cuál de estos métodos prefieren, confiado en que la mayoría optará por el paredón. “Sabemos [que] lo que siempre es humano y siempre funciona correctamente es el pelotón de fusilamiento”, ha dicho Kolodin en entrevistas con medios locales para defender un cambio en las leyes que él ha estado promoviendo desde el año pasado. “La inyección letal parece ser increíblemente complicada, siempre conduce a retrasos y contratiempos”, ha argumentado el legislador, quien ya introdujo una resolución para enmendar la Constitución del estado, que fue discutida por la legislatura en enero de 2024.
La inyección letal fue aprobada por Arizona en una votación similar, en noviembre de 1992, y desde entonces 14 presos han sido ejecutados utilizando este método. La ley vigente también establece que los condenados pueden elegir entre la inyección y el gas letal, implementado por el estado desde 1934 en sustitución de los ahorcamientos.
En Arizona unas 111 personas aguardan en el corredor de la muerte actualmente, entre ellas 21 personas que ya han agotado todos los recursos de apelación. Pero la gobernadora demócrata Katie Hobbs ha dicho que no dará luz verde a sus ejecuciones hasta garantizar que estas cumplan con la ley. En enero de 2023, la gobernadora ordenó la revisión de las prácticas y protocolos en la aplicación de la pena de muerte, luego de una serie de inyecciones letales fallidas y de muchas complicaciones para hallar los fármacos apropiados en el mercado de Estados Unidos. En las tres ejecuciones más recientes, que se realizaron entre mayo y noviembre de 2022, el personal de prisiones tuvo problemas para colocar las vías intravenosas a los condenados, lo que resultó en largas y dolorosas agonías.
Como parte de su iniciativa, en febrero de 2024 la gobernadora Hobbs contrató al magistrado retirado David Duncan para que elaborara un informe con recomendaciones luego de examinar el proceso de adquisición de los medicamentos utilizados para la inyección y el gas letal, el entrenamiento del personal de prisiones y los procedimientos de ejecución. Pero Hobbs despidió a Duncan abruptamente a fines de 2024, apenas recibió el primer borrador de su informe, que decía que el método de ejecución más rápida y menos doloroso era precisamente fusilamiento. “La ejecución mediante fusilamiento produce una inconsciencia casi inmediata y la muerte final es lograda en poco tiempo (...) Una docena de tiradores apuntando al contorno del corazón colocado inmediatamente encima del órgano real resultaría en una obliteración de ese órgano y un cese inmediato de su función de bombeo, privando así a todas las células del cuerpo del oxígeno necesario para funcionar”, dice el borrador de 12 páginas escrito por Duncan. Según la lógica del magistrado, es mucho más sencillo y efectivo entrenar al personal de las prisiones para disparar que para tantear venas y suministrar inyecciones letales. Ahora, los republicanos como Kolodin se basan en la opinión de Duncan para proponer el referendo y la enmienda a la Constitución.
En noviembre pasado, la fiscal general de Arizona Kris Mayes dijo a la Associated Press que las ejecuciones se reanudarían a principios de 2025, tras la pausa de dos años que implicó la investigación propuesta por la gobernadora. Según dijo Mayes, su oficina está lista para solicitar a la Corte Suprema del estado que emita una orden de ejecución para Aaron Brian Gunches, condenado por matar al exesposo de su novia. La ejecución de Gunches estaba inicialmente programada para abril de 2023, pero el Estado alegó que carecía en ese momento de medicamentos y de personal con experiencia para llevarla a cabo.
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