El Supremo de Estados Unidos se inclina por respetar las políticas de moderación de las redes sociales

¿A qué se parecen más las redes sociales? ¿Son como un teléfono? ¿O son como un periódico? La compañía telefónica no puede inmiscuirse en lo que dicen sus usuarios en una llamada. En cambio, el editor de un periódico sí tiene poder sobre lo que se publica en sus páginas. Los dueños de Facebook, Youtube, X, Instagram o TikTok, ¿son compañías telefónicas o son editores de prensa? En realidad, no son ni lo uno ni lo otro y eso es lo complicado. Por eso, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos abordó este lunes el alcance la libertad de expresión en relación con las redes sociales, se vio que cualquier doctrina al respecto es “un campo de minas”, como dijo muy gráficamente la jueza Amy Coney Barrett. Aun así, los jueces parecieron inclinarse mayoritariamente por respetar las políticas de moderación de contenidos.

Las redes sociales han vuelto al Supremo meses después de que los magistrados mantuvieran la exención de responsabilidad de las tecnológicas sobre los contenidos que publican sus usuarios. Esta vez han sido las propias políticas de moderación de contenidos de las plataformas lo que se discutía. Los Estados de Texas y Florida, ambos con mayoría republicana, aprobaron leyes contra esas políticas con el argumento de que imponían la censura a sus usuarios al silenciar voces conservadoras como las que defendían el bulo electoral de que a Donald Trump le robaron las elecciones o las que publicaban desinformación sobre las vacunas.

Las dos partes, los Estados y las plataformas, se envuelven en la bandera de la libertad de expresión que consagra la Primera Enmienda de la Constitución frente a la injerencia estatal. Texas y Florida consideran que vetar mensajes y usuarios la viola; las plataformas, representadas por asociaciones del sector, denuncian que son esas leyes las que la vulneran al impedirles elegir qué publicar en sus plataformas. Para los Estados, las redes sociales son más bien teléfonos; para las plataformas, más bien periódicos.

La decisión que tome el Supremo tiene una importancia extraordinaria para el futuro de las redes sociales y del contenido que difundan. Impedir las políticas de moderación de contenido puede provocar que se dispare la desinformación y el discurso de odio. Así ha ocurrido al menos por momentos en X, la antigua Twitter, después de que su nuevo dueño, Elon Musk, abandonase la mayor parte de los esfuerzos para combatirlos, lo que a su vez provocó una fuga de anunciantes.

Los jueces del Supremo mostraron durante las dos vistas de este lunes, una para la ley de cada Estado, diferentes sensibilidades al respecto. Tratar de averiguar lo que van a decidir siempre es un deporte de alto riesgo, pero los expertos se inclinaban por pensar que la mayoría respaldaría el derecho de las plataformas a moderar sus contenidos.

“El esfuerzo de Florida por nivelar el terreno de juego y luchar contra el sesgo percibido de las grandes tecnológicas viola varias veces la Primera Enmienda”, ha dicho Paul Clement, abogado de las plataformas en uno de los casos. “Interfiere con la discreción editorial. Obliga a hablar. Discrimina en función del contenido, el orador y el punto de vista. Y hace todo esto en nombre de la promoción de la libertad de expresión, pero pierde de vista el primer principio de la Primera Enmienda, que solo se aplica a la acción del Estado”, ha añadido.

Aaron Nielson, en representación de Texas, en cambio, se remontó más allá del teléfono, al telégrafo: “No es la primera vez que se utilizan las nuevas tecnologías para reprimir la expresión. Los telégrafos también discriminaban en función del punto de vista, lo que provocó un escándalo nacional. Sin embargo, según la teoría de las plataformas, Western Union se limitaba a tomar decisiones editoriales para no transmitir opiniones favorables a los sindicatos. Hoy en día, millones de estadounidenses no visitan a sus amigos o familiares, ni siquiera van a trabajar en persona. Todo el mundo está en línea. La plaza pública moderna. Sin embargo, si las plataformas que acogen pasivamente el discurso de miles de millones de personas son ellas mismas los portavoces y pueden discriminar, no habrá plaza pública de la que hablar”.

Poco después de que el juez conservador Samuel Alito se refiriese a la tentación orwelliana de las plataformas en el caso de Florida, el también conservador, pero más moderado, Brett Kavanaugh, ha replicado: “Cuando pienso en ‘orwelliano’, pienso en el Estado, no en el sector privado, no en particulares”. Y, en una crítica a las leyes de Texas y Florida, ha citado la jurisprudencia del Supremo, que señala: “El concepto de que el Gobierno puede restringir la expresión de algunos elementos de nuestra sociedad para realzar la voz relativa de otros es totalmente ajeno a la Primera Enmienda”.

Y el propio presidente del Supremo, John Roberts, se ha mostrado escéptico con los argumentos de Florida: “Usted comenzó su presentación hablando de la preocupación por el poder, el poder de mercado y la capacidad de las plataformas de medios sociales para controlar lo que la gente hace, y su respuesta a esto va a ser el ejercicio del poder del Estado para controlar lo que sucede en las plataformas de medios sociales”, le ha hecho ver. “Me pregunto, ya que hablamos de la Primera Enmienda, si nuestra primera preocupación debería ser que el Estado regule lo que, ya saben, hemos llamado la moderna plaza pública”, ha seguido.

En esa misma línea se han manifestado otros jueces. La jueza Kagan se ha preguntado por qué no habría de ser considerado libertad de expresión impedir que en una plataforma se publique desinformación sobre elecciones o sobre asuntos de salud o mensajes de odio o de acoso.

Las leyes (cuyo contenido es parecido, pero con sus propios matices) ya fueron impugnadas ante los tribunales federales, con resultados contradictorios: una sentencia anuló la ley de Florida, mientras que otra respaldó la de Texas, así que parecía claro que el Supremo admitiría unificar la doctrina al respecto. Los jueces del Alto Tribunal ya suspendieron cautelarmente el año pasado la aplicación de la ley, en una decisión tomada por 5 votos a cuatro. El Supremo tiene una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas.

Eufemismo de censura

Los jueces más conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, son los que parecían simpatizar más con las leyes. “Por lo que veo, están censurando, y no conozco ningún derecho a la libertad de expresión protegido para censurar otro discurso”, dijo Thomas en el caso de Florida. Y claramente, el juez Alito no simpatiza mucho con la idea de moderación de contenido: “¿Es algo más que un eufemismo de censura? Permítame preguntarle lo siguiente: si en 1917 alguien fue procesado y encarcelado por oponerse a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, ¿fue eso moderación de contenido?”, le espetó al abogado de las plataformas, también en el caso de Florida.

Algunos jueces, sin embargo, han apuntado dudas sobre si su sentencia debe ser aplicable a cualquier plataforma en cualquier situación. “¿Tiene Gmail derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a eliminar, digamos, las cuentas de Gmail de Tucker Carlson [conservador] o Rachel Maddow [progresista] si no están de acuerdo con sus puntos de vista?”, ha preguntado Alito. El abogado de las plataformas ha defendido que sí, aunque ha matizado que ese no era el núcleo de este caso.

Y también se han planteado cómo hacer compatible esa libertad de expresión editorial para moderar contenidos con la exención de responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios, la conocida como sección 230. “El argumento en virtud de la sección 230 ha sido que ustedes son simplemente un conducto, lo que era el caso en los años 90 y tal vez a principios de la década de 2000. Ahora ustedes están diciendo que están involucrados en la discreción editorial y la conducta expresiva. ¿No parece eso socavar sus argumentos de la Sección 230?”, ha dicho Thomas.

Y de ahí, en parte, las dudas. “Creo que hay un montón de campos minados. Y si eso es una mina, si lo que decimos sobre esto es que se trata de un discurso que tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda, creo que entonces eso tiene implicaciones en la Sección 230 para otro caso, por lo que siempre es difícil escribir una sentencia cuando se sabe que podría haber campos minados que afectarían a otras cosas más adelante”, ha desarrollado Coney Barret, conservadora. En junio se sabrá cómo han sorteado los jueces esas minas.

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