Consumo pretende acabar con los ultraprocesados del menú infantil en los hospitales, como la bollería industrial

El Ministerio de Consumo ha anunciado este miércoles que retirará los ultraprocesados de los menús que se ofrecen a las niñas, niños y adolescentes ingresados en hospitales. “Que no exista ningún tipo de control sobre estos alimentos, existiendo una evidencia tan amplia sobre sus efectos, es incomprensible”, ha dicho Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El anuncio lo ha realizado durante el acto de presentación del Plan de aceleración para detener la obesidad, organizado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) este miércoles. Ese veto a los ultraprocesados se incluirá en un Real Decreto que busca para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores. Desde el Ministerio recuerdan, no obstante, que se mantendría la autonomía del paciente que sí quiera consumir esos productos.

El texto sobre el que trabaja Consumo va a limitar también los alimentos ultraprocesados incluidos en los menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros. Así, la normativa seguirá los pasos del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que aprobó el Gobierno en abril de 2025, y que obligó a que las comidas en colegios e institutos cumplieran con las recomendaciones sanitarias de organismos científicos como la OMS o la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Los alimentos ultraprocesados han colonizado nuestra nevera en los últimos 20 años. Así, han pasado de representar el 11% de la dieta hasta el 32%, según una serie de revisiones científicas publicada en la revista científica The Lancet el 19 de noviembre. El texto señala, además, cómo este paradigma alimentario, “impulsado por el afán de lucro empresarial, no por la nutrición ni la sostenibilidad”, erosiona la salud global y pide a los gobiernos que pasen a la acción.

La medida anunciada por Bustinduy (Sumar) va en esa dirección, pues establece unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten en la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en hospitales y las residencias de mayores. Desde Consumo han precisado que los alimentos ultraprocesados que se verán limitados serán “aquellos productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal”, como ocurre con las bebidas azucaradas, algunos snacks o la bollería y las galletas industriales.

“Esta normativa responde a un clamor social, y también de la comunidad científica, así como a las numerosas denuncias realizadas tanto por parte de la ciudadanía como de entidades sociales y de colectivos profesionales”, ha dicho el ministro Bustinduy.

Además, ha destacado que el sector público debe liderar la transición hacia entornos alimentarios saludables y que su ministerio será “pionero a la hora de actuar en este ámbito”, tal y como reclama la OMS. “El consumo creciente de alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, ha añadido, “los poderes públicos son responsables de crear entornos en los que tomar decisiones saludables sea sencillo y accesible”.

Organismos internacionales como la mencionada OMS o Unicef han realizado un llamamiento urgente a los gobiernos para frenar el auge de los ultraprocesados. Destacan que la colonización de la dieta por parte de estos productos representa “una amenaza sistémica para la salud, la equidad y el bienestar infantil”.

La investigación publicada por The Lancet asocia su ingesta habitual con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura, y señala además el desplazamiento acelerado de patrones dietéticos saludables —incluida la dieta mediterránea— hacia modelos dominados por productos altamente transformados. Varios países mediterráneos ―como Italia, Grecia o Portugal― han conseguido mantener el porcentaje de consumo de ultraprocesados por debajo del 25%. No es el caso de España, donde se supera el 30%.

Tanto la OMS como Unicef han reclamado “políticas ambiciosas y regulaciones más estrictas” para establecer entornos alimentarios saludables. Los hospitales y centros sanitarios, además de las escuelas y centros educativos, figuran como ámbitos prioritarios para la implantación de medidas.

“La evidencia científica disponible es suficiente y justifica la toma de acciones urgentes y decididas para frenar el consumo de estos productos y mejorar la salud de la población”, exlicaba Maira Bes Rastrollo, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y coautora del estudio de The Lancet en un artículo de EL PAÍS.

Este metaanálisis, que ha comparado datos de más de 36 países a través de la revisión de 104 estudios publicados entre 2016 y 2024, “muestra que algunas de las principales enfermedades crónicas que afectan la vida moderna están asociadas con un mayor consumo de alimentos ultraprocesados”, incidía Jules Griffin, director del Rowett Institute de la Universidad de Aberdeen, en declaraciones al portal científico SMC.

En el informe, las comparaciones con la industria tabacalera son constantes, haciendo referencia a cuando, a mediados del siglo pasado, las empresas productorasintentaban silenciar la evidencia científica en su contraa base de marketing y presiones lobistas. Ahora estaría sucediendo lo mismo, explican los científicos, que señalan directamente a un puñado de fabricantes que domina el mercado, empresas como Nestlé, PepsiCo, Danone, Ferrero, Kraft Heinz y Coca-Cola.