Una generación atrapada en la precariedad: 2,5 millones de jóvenes españoles sufren pobreza o exclusión

Los indicadores económicos dibujan un país en crecimiento, pero muchos jóvenes españoles no perciben esos avances en su día a día. Desde 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de aumentar, y ambos grupos se han convertido en “los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual”, según el IX Informe FOESSA, elaborado por la fundación vinculada a Cáritas y presentado este miércoles. Hoy, 2,5 millones de los jóvenes viven en situación de exclusión social.

La organización advierte de una “cronificación alarmante” de la desigualdad y subraya que “el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y el esfuerzo”, porque el origen familiar determina más que el mérito las posibilidades de movilidad social. Además, la educación obligatoria ya no basta para escapar de la pobreza: el verdadero “cortafuegos” se encuentra ahora en los niveles postobligatorios —Bachillerato y Formación Profesional—, lo que multiplica los riesgos para quienes no completan estos estudios.

Con las vías de ascenso social cada vez más frágiles, el informe detecta un “malestar generacional” que erosiona la confianza en las instituciones. “La juventud española vive con profundo pesimismo ante su futuro, marcado por la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la dependencia familiar y la imposibilidad de construir un proyecto vital autónomo”, resume el documento, elaborado por 140 investigadores a partir de una encuesta a 12.289 hogares en todo el país. El estudio ofrece una radiografía de una España donde el crecimiento económico convive con una desigualdad estructural, y mide los niveles de inclusión y exclusión social a través de 37 indicadores en ámbitos como empleo, vivienda, educación y salud. En función de ellos, clasifica a la población en cuatro grados: integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa.

Los jóvenes de entre 18 y 29 años —nacidos entre 1996 y 2007— han crecido entre dos crisis sucesivas: la Gran Recesión y la pandemia de covid. En ese grupo, el 11% de la población vive hoy en exclusión severa, un 83% más que en 2007. “Es una generación marcada por la sucesión de crisis económicas y sociales”, resume el informe, que describe cómo cada crisis amplía la fractura social y las recuperaciones no logran recomponer las piezas. Aunque España ha reducido los niveles de exclusión total tras la pandemia —la proporción de hogares en exclusión cayó casi tres puntos entre 2021 y 2024—, la severa sigue muy por encima de los niveles de 2007. En total, 9,4 millones de personas sufren algún tipo de exclusión social. De esos, más de cuatro millones lo sufren de forma grave, un 52% más que antes de la crisis financiera.

Las crisis, señala FOESSA, expanden la exclusión con rapidez, mientras las recuperaciones solo la reducen parcialmente. Así, el crecimiento económico coexiste con una privación material creciente. La tasa de pobreza de los menores de edad alcanza el 29%, la más alta de todos los grupos etarios y una de las mayores de Europa. El 15,4% de los menores vive en exclusión severa, el doble que en 2007. En cambio, la brecha generacional se ha ampliado: entre los mayores de 65 años, apenas el 2% está afectado.

Desigualdad que se hereda

La desigualdad salarial golpea especialmente a la juventud, que accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores que las generaciones anteriores. Raúl Flores, coordinador del informe, advierte: “Esta no es una ‘crisis juvenil’, es una crisis de sociedad que nos hipoteca a todos, fractura la cohesión social, amenaza el Estado de bienestar y deteriora nuestra salud democrática”.

La educación, comúnmente vista como un ascensor social, puede actuar como multiplicador de la exclusión, especialmente cuando se combina con otra circunstancia determinante, que es el origen familiar. Los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en la pobreza que aquellos con progenitores formados. “La integración social depende más de la posición de partida y la herencia que del mérito propio”, concluye Cáritas, que habla del mito de la meritocracia. España mantiene niveles de desigualdad superiores a la media europea, y el origen familiar, el capital económico, cultural y social heredado siguen siendo determinantes.

Las mujeres, en la primera línea de la exclusión

La desigualdad también se refleja en el género. Aunque el perfil demográfico general muestra que la exclusión severa es hoy ligeramente más masculina (51%), al observar quién sostiene económicamente el hogar, la brecha de género se amplía. Los hogares encabezados por mujeres han pasado del 17% de exclusión en 2007 al 21% en 2024. Además, casi la mitad de los hogares en exclusión severa (42%) están liderados por mujeres, una cifra que ha aumentado más de 15 puntos desde 2007. En las familias monoparentales, la exclusión casi se ha triplicado: del 12% de los hogares al 29% en el mismo periodo.

El informe destaca la “revolución laboral femenina” como el gran cambio estructural de la sociedad española: la participación laboral de las mujeres entre 32 y 42 años ha pasado del 40% en 1995 al 70% en 2024. Sin embargo, advierte que esta revolución ha sido incompleta. Las mujeres mantienen la sobrecarga del “segundo turno” doméstico y de cuidados: el 50,5% se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar frente al 18,9% de los hombres, y dedican casi 17 horas más por semana a cuidados.

Además, siete de cada diez personas cuidadoras principales son mujeres, e incluso el 22,6% trabaja a tiempo parcial por motivos de cuidados, frente al 4,9% de los hombres. “El cambio ha transformado el ámbito productivo, pero no la división sexual del trabajo”, concluye el documento.

“No fallan las personas, falla el sistema”

A pesar de las dificultades, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa intentan salir adelante: buscan empleo, se forman, recurren a los servicios sociales y ajustan gastos. El 77% ha participado en alguna estrategia de inclusión; más de la mitad ha trabajado durante el último año y uno de cada cuatro ha accedido a formación. “El mito de la pasividad de las personas en pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema”, señala Flores.

Pero incluso el esfuerzo no siempre basta y trabajar ya no garantiza escapar de la exclusión. De hecho, más de un tercio de quienes viven en exclusión moderada o severa trabaja, aunque en condiciones precarias. Es el fenómeno que Flores denomina la “pobreza trabajadora”, que ya alcanza a sectores de las clases medias asalariadas. La precariedad, advierte el informe, se ha convertido en un rasgo estructural del mercado laboral español.

A ello se suma la vivienda, otro de los ejes centrales de la exclusión. El 45% de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social —la cifra más alta de la Unión Europea—. Y aunque la exclusión no es un problema importado, la brecha persiste: el 69% de las personas en exclusión son españolas, pero casi la mitad de la población de origen inmigrante (47,4%) vive en esa situación, una tasa que triplica la de los autóctonos (15,3%).

El resultado, comenta el coordinador del informe, es una sociedad marcada por el desarraigo, “donde el malestar se canaliza a menudo a través de sentimientos de frustración y de identidades excluyentes que erosionan la cohesión social”. Para este investigador, solo con políticas redistributivas sólidas, con un acceso equitativo a la vivienda y con la renovación del Estado de bienestar, se podrán reconstruir los vínculos de pertenencia y solidaridad.