Siete prostitutas, sobre la ley abolicionista: “Existimos y hacemos un servicio legítimo para muchísimas personas”

“Lo que siento en todo momento es que nos silencian, que no nos quieren escuchar, quieren hacer leyes sin tenernos en cuenta”. Esto que pronuncia Lea Ferrer, una prostituta de 36 años, lo hacen de diversos modos unas cuantas más de esas mujeres que, insisten, lo son porque lo han decidido ellas, “cada una por sus circunstancias”, pero ellas. Por eso creen que ...

“Lo que siento en todo momento es que nos silencian, que no nos quieren escuchar, quieren hacer leyes sin tenernos en cuenta”. Esto que pronuncia Lea Ferrer, una prostituta de 36 años, lo hacen de diversos modos unas cuantas más de esas mujeres que, insisten, lo son porque lo han decidido ellas, “cada una por sus circunstancias”, pero ellas. Por eso creen que quienes quieren legislar contra lo que entienden como su “trabajo” deberían “como mínimo” escucharlas: qué piensan, cómo viven o cuáles son esas circunstancias, “muy distintas”, que las atraviesan.

Con Ferrer, la mañana de este lunes, hay otras cinco mujeres y un hombre, sentadas en un salón de un club en Madrid capital, donde se acordó esta entrevista múltiple. Entre ellas Ariel, una venezolana de 23 años que llegó a España hace dos y medio y el trabajo en estética no le fue tan bien como esperaba; y Antonella, de 35 y también de Venezuela, con la petición de asilo en trámite y que con el dinero que gana pueden vivir ella y sus dos hijos, aun en su país de origen; o Dalia, colombiana de 28 que llegó hace una década y por más que ha estudiado y trabajado hubo un momento en que vio la prostitución como “un puente temporal”.

Todas piden que al menos se las deje contar la realidad que viven.

Se refieren a la ley abolicionista de la prostitución que el Gobierno anunció que presentaría a Consejo de Ministros este mes, aunque es factible que se retrase. Esa escucha que reclaman tuvo en parte su respuesta el pasado 3 de septiembre cuando Ana Redondo, la ministra de Igualdad, se sentó con el Sindicato Otras, la Organización de Trabajadoras Sexuales que parte del feminismo alega que forma parte de la industria proxeneta y al que el Tribunal Supremo reconoció en 2021 para las trabajadoras por cuenta propia.

Ese día, según Irene Adán, la secretaria de Organización de ese sindicato, “fue la primera vez que el PSOE aceptó reunirse”, aunque no es la primera que lo hacen con Igualdad; en la anterior legislatura, con Podemos, ese encuentro se produjo con la entonces secretaria de Estado, Ángela Rodríguez. En este último, dice Adán, al teléfono, que hubo “diálogo y el reconocimiento de la importancia de escuchar y se acordó que habría otra reunión para seguir analizando”.

Desde el ministerio indican eso, que están “escuchando a distintos grupos de interés para elaborar la ley”, pero que “sería precipitado adelantar cualquier posición o contenido” y que necesitan “tiempo y tranquilidad para desarrollar los textos de todas las iniciativas legislativas en marcha [esta norma, la de trata, y la de violencia vicaria machista]”.

Para estas mujeres es importante hacer una diferencia. La concreta Pamela Morán, de 40, prostituta y también portavoz de Stop Abolición: “Es un poco frustrante porque las tres cosas no son lo mismo. Es evidente que hay víctimas de trata, sometidas a redes de proxenetas [quienes se lucran con la prostitución ajena]. Es evidente que esas mujeres no son libres. Pero también es evidente que hay mujeres que sí”. Repiten que ellas no son víctimas ni de trata ni de proxenetas, sino que su “trabajo” es la prostitución.

Se desconoce de forma exacta cuántas mujeres la ejercen y cuántas lo hacen sometidas a redes o proxenetas, las horquillas varían. Un estudio del pasado año del Ministerio de Igualdad concluyó que el 24,2% están sometidas a trata o proxenetas. Una cifra muy inferior a la que se venía manejando desde hace años. Pamela Morán, de Stop Abolición, dice que los cálculos que hacen entre las distintas organizaciones es que “existen algo más de 100.000 prostitutas en España” y que hay “cada vez menos mujeres que lo hacen obligadas”.

Sin ese dato, aquellas que afirman hacerlo así, libremente, ¿qué problemas tienen?, ¿lo dejarían?, ¿qué piensan de las políticas públicas que ya existen o que están por llegar?

Luna Wine es la única de la sala que no hace “servicios presenciales”. Tiene 23 años, es psicóloga y sexóloga y trabaja en OnlyFans y en Patreon: “Dudo si lo que hago podría ser calificado como prostitución o pornografía y si le afectaría la ley [abolicionista]. No hago desnudos ni nada explícito, podría entrar dentro de lo artístico”. Ella, más que nada, se ha convertido en activista por los derechos de las trabajadoras sexuales que, dice, “son tremendamente heterogéneas”.

En femenino porque son, en su inmensa mayoría, mujeres. Lo sabe Danak, que es el único hombre que hay en la sala. Con 32 años, lleva algo más de 10 dedicándose a la prostitución y ahora lo compagina con un trabajo en un supermercado: “Me afectó la prohibición de los anuncios publicitarios de la ley [de Libertad Sexual]. Antes trabajaba a tiempo completo, pasé de ganar algo más de 1.000 euros a unos 300, ya no es rentable para sobrevivir”.

Ni Danak ni ninguna de estas mujeres trabaja en la calle, pero hay muchas otras que sí. A ellas, recuerda Morán, de Stop Abolición, les afectan en su día a día las sanciones que ya existen. Ahora, mientras que el pago por sexo no es delito en España, sí se considera una infracción grave que los ayuntamientos tienen potestad de regular en sus ordenanzas municipales, con multas de entre 601 y 30.000 euros a quienes paguen, pero también permiten castigarlas a ellas.

Morán, que trabaja en una habitación que alquila en un piso, piensa en la tercería locativa ―quienes alquilan o ponen a disposición espacios para que se ejerza la prostitución―, que está previsto que entre en la norma que está redactando el Gobierno: “Ya no me alquilarían. Y hacen que regrese al punto donde yo no quiero estar, en la calle, o en clubes que no tengan permisos, o que se quieran quedar con la mitad de mi trabajo”.

La tercería locativa es, según ellas, desplazar “un trabajo que no va a dejar de hacerse a lugares oscuros donde desde luego lo que no va a haber es protección de las mujeres que lo hacen porque quieren”. Las razones para querer están siempre cruzadas con la supervivencia, con el dinero para sobrevivir. En el caso de Ferrer, fisioterapeuta con un máster e idiomas, y después de años “en trabajos precarios y abusivos”, decidió probar de forma intermitente, pero, al final, después de una década, es lo que le “permite conciliar” con su hijo, “tener vida y no tener problemas para que salgan adelante”.

Dalia, que solo lleva tres meses en la prostitución, dio el paso cuando se vio “en una situación jodida”. Ha hecho “de todo” en la década que lleva en España, ya con residencia: “He estudiado diseño gráfico, fotografía, modelaje, tanatopraxia y tanatoestética, tocaba la guitarra en una banda de metal, y también el bajo. Quiero entrar a trabajar en un tanatorio, esto es una puerta para sobrevivir”.

En el caso de quienes están en situación administrativa irregular, la prostitución es una opción más a menudo que para el resto porque los caminos, sin papeles, se limitan. Adán, de Otras, explica que eso les dificulta acceder a otros empleos, incluso para las mujeres con formación académica. “Hay que garantizar que puedan homologar los estudios, hay ahora mismo una media de dos años de espera para hacerlo. Eso para quienes no quieran. Y para quienes quieran, independientemente del motivo que sea, pues brindarles derechos”.

La portavoz del sindicato recuerda un estudio cualitativo con entrevistas a 318 trabajadoras sexuales de hace un par de años, de Cats, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo: “Aunque la mayoría de las trabajadoras sexuales consideran que la prostitución es un trabajo, cuando se les ha preguntado si dejarían de ejercer la prostitución, el 53% de ellas lo harían dependiendo de cuál fuera el trabajo, el 32% por cualquier empleo y el 11% no lo cambiaran por ningún otro trabajo”.

Entre las mujeres en esta sala, hay de todo. Ferrer por el momento ya no está buscando ningún otro empleo; Antonella lo dejaría por un sueldo de unos 2.000 euros al mes en algo que le gustara, como el mundo del estilismo; a Danak no le importaría dedicarse por entero a esto; y a Dalia le valdría con un sueldo que le diera para pagar el alquiler y las facturas en cualquier cosa que la hiciera “crecer” y que la hiciera “feliz”.

Dice Morán que es consciente que “ninguna niña sueña con ser puta, pero que puede llegar la situación y no es el infierno que la gente, sentada en su salón, puede pensar". Y añade: “Existimos y hacemos un servicio legítimo para muchísimas personas. Estoy hablando de mujeres como yo, que lo hacemos porque lo hemos considerado la mejor opción y trabajamos cuando, como y con quien queremos. Lo que no queremos es que nadie nos diga qué y qué no podemos hacer con nuestro cuerpo, lo que sí, derechos, como cualquier otra persona que trabaja”.

Todas hablan de cosas que pueden parecer simples como “abrir una cuenta de banco, ahorrar en esa cuenta y no guardando efectivo, cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos, tener una pensión”. Y, más allá de lo “práctico, lo administrativo, la logística”, les gustaría que cambiase “el estigma, los prejuicios, los estereotipos”. Esto último lo dice Ferrer, cuya familia ni entorno no sabe a qué se dedica, como la de casi todo el resto: “No poder contar ni decir nada pesa mucho. A mí me da igual, pero tengo un hijo, no quiero que le afecte lo que yo he decidido hacer”. También Antonella: “Que les digan por la calle ‘tu mamá es puta”.