El rostro infantil de la pobreza en Uruguay

A 30 minutos en autobús desde centro de Montevideo se extiende una barriada conocida como asentamiento Felipe Cardoso, junto al vertedero de basura más grande de la capital uruguaya. Al costado de la carretera, unas 80 familias se distribuyen en viviendas que ensamblan paredes con chapa, madera y nailon, bajo techos que capean temporales co...

A 30 minutos en autobús desde centro de Montevideo se extiende una barriada conocida como asentamiento Felipe Cardoso, junto al vertedero de basura más grande de la capital uruguaya. Al costado de la carretera, unas 80 familias se distribuyen en viviendas que ensamblan paredes con chapa, madera y nailon, bajo techos que capean temporales con el peso de macetas y neumáticos. En el interior, los pisos son de tierra y en la mayoría no hay ventanas. Afuera, la brisa fría de agosto arrastra el humo que desprenden los plásticos y cables quemados. Se respira un sucedáneo endemoniado del buen aire que abunda en otras zonas de esta ciudad. “Todos mis hijos son asmáticos crónicos”, dice Estela Recalde, vecina del asentamiento. Recalde vive desde hace dos décadas aquí, con sus seis hijos menores y su pareja. Como el resto de los vecinos, denuncia que la salud de los niños del lugar está comprometida por la toxicidad del plomo que hay en el ambiente.

En Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, hay aproximadamente 157.000 niños, niñas y adolescentes viviendo debajo de la línea de pobreza. Entre ellos, 30.000 lo hacen en condiciones de “emergencia habitacional” como las del asentamiento Felipe Cardoso. En palabras de políticos y académicos, estos niños forman parte del “núcleo duro” de la pobreza que existe el país y que afecta a aproximadamente al 10% de la población. El Estado uruguayo, reconocido por su robustez, no ha conseguido abatirla.

“Lo que hace Uruguay con estos niños es criminal”, dijo la diputada Cristina Lustemberg (Frente Amplio-centroizquierda) en el Parlamento nacional, cuando presentó recientemente estas cifras. Lustemberg hizo hincapié en que la pobreza infantil está “sobrediagnosticada” en el país. Están los datos, el conocimiento técnico y el consenso político para superarla. “Necesitamos tener el coraje de hacer algo diferente”, enfatizó el pasado 12 de julio en un conversatorio sobre el tema organizado por la Fundación La Plaza.

“La pobreza en Uruguay tiene rostro de niño y también de mujer”, señaló en esa jornada Gustavo de Armas, asesor en planeamiento estratégico de Naciones Unidas en Uruguay. De Armas presentó un adelanto del informe Abatir la pobreza en Uruguay al 2030, según el cual los niños y adolescentes uruguayos representan el 44% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza en este país sudamericano. Otro 44% está conformado por los adultos que viven con esos niños, en su mayoría mujeres jefas de hogar que son quienes más tiempo dedican al trabajo no remunerado.

De Armas estimó que reducir estas cifras a la mitad implicaría, entre otras medidas, aumentar el nivel de las prestaciones no contributivas a 453 millones de dólares anuales. En otros términos, eso supondría dedicar a esas ayudas el 1,14% del Producto Bruto Interno. “Uruguay es el país con el Estado de bienestar más desarrollado de la región”, recordó De Armas. En esa línea, el informe considera que esa meta no sería inabordable.

En el asentamiento Felipe Cardoso, Estela Recalde empieza el día al alba. Calienta el desayuno para sus hijos en un brasero, alista a los más pequeños para llevarlos a la escuela, después clasifica la basura que recoge en un depósito que está enfrente de su casa. Desde pequeña trabaja clasificando papel, metal y plástico, que vende a diferentes compradores de la capital. Cuenta que se ha propuesto completar la educación secundaria y pese a los contratiempos anhela poder cambiar de casa.

“Hace años que esperamos que nos ayuden con el realojo”, dice preocupada. Ha habido promesas de los gobiernos de todo signo político, asegura, pero la situación permanece inalterada. De parte del Estado, la familia de Estela recibe apoyo a través de las asignaciones monetarias del Plan de Equidad y de la Tarjeta Uruguay Social, creada en 2006 para mejorar, entre otras cosas, el acceso básico a alimentos en hogares y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema.

La diputada Lustemberg abogó en el Parlamento por “terminar con el mito de que la gente vive de las transferencias monetarias” y en ese sentido indicó que esas ayudas “no llegan a cubrir el 25% de las necesidades básicas que tiene un hogar para vivir con dignidad”. Uruguay, insistió, no se puede permitir los niveles de desigualdad que tiene. “Los indicadores muestran que el diseño de la política pública para la infancia no es el adecuado”, expresó.

Lustemberg es autora de un proyecto de ley abocado a reorganizar los programas que atienden a la infancia en Uruguay, que cuenta con el apoyo de todos los partidos para ser aprobado en septiembre. La iniciativa de Lustemberg, perteneciente al opositor Frente Amplio, recibió además el respaldo del presidente del Gobierno Luis Lacalle Pou (Partido Nacional-centroderecha). Según explicó, la ley pretende ganarle el pulso a la fragmentación burocrática, con un abordaje unificado y multidimensional –en alimentación, educación, salud, entre otras- de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes.

Desde el asentamiento Felipe Cardoso, Lorena Martínez lleva por lo menos cuatro años golpeando las puertas de las instituciones para conseguir el realojamiento de las familias que viven en la zona. “No queremos que nos regalen nada, planteamos muchas alternativas, como crear una cooperativa”, señala esta vecina y referente del barrio. Relata que la posibilidad de un traslado apareció en 2019, pero se frustró con la pandemia. Este año, las autoridades le comunicaron que está previsto el realojamiento de 50 familias, que dará prioridad a las madres jefas de hogar con hijos pequeños. “Seguiré insistiendo hasta que salga”, agrega.

Entre las preocupaciones más acuciantes, Martínez denuncia la existencia de casos de niños contaminados por el plomo desprendido de la quema de diferentes materiales. Plásticos, cables, neumáticos. Asimismo, remarca que los vecinos –120 personas, 50 de ellos menores– no tienen acceso formal al agua potable o a la electricidad. Tampoco llegan al Felipe Cardoso los autobuses ni entran las ambulancias. “La mayoría de la gente de acá no tiene la posibilidad de tener otro trabajo porque no estudió y desde la infancia trabajó en la basura”, subraya. Una generación tras otra. Junto a un grupo de vecinos, ella y sus dos hijos, de 14 y 16 años, esperan empezar a torcer el destino de esta comunidad.

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