La sentencia del aborto en EEUU hace temer por la protección del matrimonio gay y otros derechos

Las enmiendas a la Constitución estadounidense son como las estrellas de cine: su popularidad va y viene. Por algunas, como la Segunda, la que garantiza “el derecho a tener y portar armas”, no pasan las modas. Otras tienen sus momentos. Esta ha sido, sin duda, la semana de la Decimocuarta, invocada en dos sentencias históricas del Tribunal Supremo: la que el jueves dio la razón a dos ciudadanos del Estado de Nueva York que querían llevar en público sus pistolas sin justificación previa y ...

Las enmiendas a la Constitución estadounidense son como las estrellas de cine: su popularidad va y viene. Por algunas, como la Segunda, la que garantiza “el derecho a tener y portar armas”, no pasan las modas. Otras tienen sus momentos. Esta ha sido, sin duda, la semana de la Decimocuarta, invocada en dos sentencias históricas del Tribunal Supremo: la que el jueves dio la razón a dos ciudadanos del Estado de Nueva York que querían llevar en público sus pistolas sin justificación previa y la que el viernes derogó Roe contra Wade, que en 1973 dio rango constitucional al acceso al aborto “libre de interferencias del Estado”. El fallo deshace precisamente eso, al devolver a los Estados la potestad de legislar sobre el tema. Se calcula que 26 de 50 están dispuestos a tumbar un precedente de medio siglo. Algunos lo han hecho ya; a otros se les espera en los próximos días o semanas.

Sobre esa enmienda, de la que, entre otras cosas, se deriva la protección del derecho a la privacidad y que fue ratificada en 1868 con la Guerra de Secesión aún reciente, se construyó la argumentación de Roe. Ese razonamiento estaba “atrozmente errado desde el principio”, según escribe el juez Samuel Alito, redactor de la opinión mayoritaria de seis contra tres, en una de las frases de las 213 páginas de la sentencia del viernes que más fortuna ha hecho. En la protección de la intimidad se justificaron también los fallos Obergefell contra Hodges (2015), que legalizó el matrimonio homosexual, Lawrence contra Texas (2003), que acabó con la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo (2003) y Griswold contra Connecticut (1965), que permitió a las parejas casadas el uso de anticonceptivos.

La referencia a esos tres procesos no es un capricho: son todos casos citados por el juez Clarence Thomas, que votó con la mayoría y es uno de los miembros más conservadores del tribunal más conservador que ha tenido Estados Unidos desde los años treinta. En su opinión concurrente, pedía expresamente la revisión de esas decisiones: “Tenemos el deber de corregir el error establecido en esos precedentes”.

Esas palabras provocaron la reacción del presidente Joe Biden (porque amenazan “otros derechos que damos por sentados”) y Jim Obergefell, el demandante del caso que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo (”Thomas acaba de pintar una diana en la privacidad”, dijo al Cincinnatti Enquirer) e hicieron saltar el viernes las alarmas en el seno de la comunidad LGTBI y entre los tres magistrados liberales que se opusieron al fallo. En su voto particular se puede leer que “nadie debe estar seguro de que esta mayoría haya terminado con su trabajo”, en referencia a los pasos, ciertamente impredecibles, que puedan dar después.

En el fondo, consideran, esas tres sentencias están directamente relacionadas entre sí. “El derecho a interrumpir un embarazo”, escriben Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, “surgió directamente del derecho a comprar y usar métodos anticonceptivos. A su vez, esos derechos llevaron, más recientemente, a reconocer la intimidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo”. O la opinión mayoritaria está escrita desde la hipocresía, continúan los magistrados, o los derechos constitucionales adicionales “están bajo amenaza”. “Una de dos”, añaden.

El debate en el seno del tribunal está servido, como demuestra el hecho de que la diferencia sustancial entre el borrador de la sentencia que se filtró a principios de mayo y el texto final conocido este viernes esté en una justificación de Alito en la que subraya que la sentencia del aborto no pone en peligro esos otros precedentes. (Y en derecho, ya se sabe que una excusa no solicitada suele ocultar una acusación manifiesta).

“Creo absolutamente que el matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso a anticonceptivos y el derecho a tener relaciones sexuales consentidas están amenazados con este Supremo”, opinó este domingo en un correo electrónico Paul Collins, profesor de Derecho de la Universidad de Massachusetts y autor de tres libros sobre la progresiva politización del órgano judicial. “Si bien la mayoría indicó que la decisión de Dobbs [contra Women’s Health Organization, que es el nombre completo de la sentencia del viernes] solo atañía al aborto, se puede interpretar fácilmente que anula casi cualquier derecho que no esté específicamente descrito en la constitución y que no esté profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación”. Ninguno de esos tres derechos lo está.

Toni Codinas, director de estrategia corporativa de 41 años residente en Washington, tampoco se fía. “Observo un temor real en la comunidad LGTBI. Da la impresión de que asoma una lluvia de varapalos judiciales”. Codinas se casó “en cuanto se pudo” con su pareja de años, Donald Gatlin. “Es preocupante pensar en un futuro en el que nuestros derechos pueden ser menoscabados en Estados que decidan no reconocer el matrimonio homosexual”, explica. “Solo espero que estas amenazas reales movilicen el voto demócrata en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Y que si se obtiene una mayoría suficiente, que se actúe para codificar esos derechos. [El presidente Barack] Obama la tuvo y no lo hizo, seguramente porque pensó que el aborto estaba fuera de peligro. Se equivocó. La oleada conservadora que ha tomado el Supremo como parte de una estrategia calculada lo ha demostrado”.

La decisión de 1973, que sacó adelante Roe contra Wade con una mayoría de 7-2, se basaba en la intimidad que asiste a una mujer que decide interrumpir un embarazo. Y eso la hizo polémica desde el mismo día que firmó el fallo el juez Harry Blackmun, al que había designado un presidente republicano (en su caso, Richard Nixon), como a otros cuatro de los que votaron a favor. Así lo consideró la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg, lo más parecido a una estrella pop de la judicatura que ha producido este país, en un texto escrito cuando aún no era miembro del Supremo. Su muerte en septiembre de 2020 permitió a Donald Trump nombrar a la carrera a Amy Coney Barrett, su tercer juez para el alto tribunal, lo que descompensó su composición hacia una supermayoría conservadora de seis contra tres.

“Si se hubieran agarrado a cláusula de igualdad de la Decimocuarta Enmienda, en lugar de en la de la privacidad”, argumenta Collins, “se habría impuesto la idea de que negarle la libertad reproductiva a una mujer es una forma de discriminación de género. Y creo que habría sido más difícil para la mayoría de Supremo tumbar Roe”.

Para eso ya es demasiado tarde. “No lo quisimos ver mientras estaba sucediendo, pero el movimiento conservador en este país nos ha superado estratégicamente”, se lamentaba el viernes por la noche la productora audiovisual Andrea Fuller, una de las miles de manifestantes que se concentraron ante la sede del Supremo en Washington para protestar por el fallo. No por casualidad, en las protestas que se desarrollaron ese día en 568 ciudades de todo el país abundaban, en previsión de lo que pudiera venir, los carteles y símbolos propios del movimiento en defensa de los derechos LGTBI. Y este domingo en Nueva York, invitaron a las representantes de Planned Parenthood, una organización dedicada a la salud reproductiva con clínicas en 40 ciudades, a encabezar, con la presencia destacada de su consejera delegada, Alexis McGill Johnson, la marcha del Orgullo, que regresaba a las calles de Manhattan por primera vez desde 2019, tras los dos años de ausencia obligada por la pandemia.