El derecho al aborto en Estados Unidos se decide en el Supremo

El derecho al aborto en Estados Unidos está en peligro casi 50 años después de quedar garantizado bajo la Constitución. Tras el nombramiento por parte de Donald Trump de tres jueces conservadores para el Tribunal Supremo, ese derecho se tambalea tras las repetidas embestidas en su contra en instancias inferiores y la que puede ser la definitiva a partir de este mi...

El derecho al aborto en Estados Unidos está en peligro casi 50 años después de quedar garantizado bajo la Constitución. Tras el nombramiento por parte de Donald Trump de tres jueces conservadores para el Tribunal Supremo, ese derecho se tambalea tras las repetidas embestidas en su contra en instancias inferiores y la que puede ser la definitiva a partir de este miércoles, fecha en la que el alto tribunal empieza a estudiar el asunto. La sentencia aún se hará esperar: hasta el final del curso judicial, durante las últimas semanas de junio, o antes, si así lo deciden los magistrados.

Los autodenominados defensores de la vida llevan décadas esperando este momento. Seis jueces conservadores frente a tres progresistas (solo tres mujeres en la institución y una de ellas una devota católica e intérprete ortodoxa de la Constitución) escuchan este miércoles los alegatos que pueden impedir o provocar que se convierta en papel mojado la famosa sentencia que en 1973 garantizó el derecho a abortar en EE UU. El futuro del acceso al aborto en todo el país podría finalmente depender del resultado de una demanda contra la única clínica que realiza abortos en el Estado de Misisipi.

Con Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization -nombre de la clínica de Misisipi- se libra la batalla más importante por la libertad reproductiva en varias generaciones. También servirá para probar si Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett —los jueces conservadores nombrados por Trump— cumplirán la promesa del expresidente de tumbar la sentencia que garantiza el aborto. Conocida como Roe versus Wade, el fallo enfrentó a Jane Roe, nombre ficticio de Norma McCorvey, contra Henry Wade, fiscal de distrito de Dallas, quien hizo efectiva una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. Durante su campaña electoral de 2016, el republicano atrajo votos de la derecha religiosa con la promesa de nombrar jueces conservadores en el Supremo dispuestos a revocar la ley que en la década de los setenta hizo historia de los derechos de las mujeres.

Sin Roe contra Wade, los Estados que así lo deseen tendrán libertad absoluta para prohibir todos los abortos desde la concepción. “Si se revoca Roe, casi la mitad de los Estados de Estados Unidos limitarían estrictamente el aborto y quizá lo prohibirían por completo”, asegura Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos, organización que apoya el derecho a decidir.

El caso que debe dirimir ahora el Supremo trata de una ley de 2018, cuando el entonces gobernador republicano Phil Bryant restringió el derecho al aborto al establecer como tope las 15 semanas de gestación, lo que entra en conflicto con el derecho constitucional que garantiza el precedente de 1973 de poder interrumpir el embarazo hasta el momento en el que exista viabilidad para el feto, es decir, “sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial” (lo que sucede sobre la semana 24). Sin embargo, en noviembre de 2018, un juez federal derogó la ley y posteriormente otro tribunal se pronunció a favor de mantener la derogación. Finalmente acabó en el Supremo.

Casi el 60% de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, un número que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, según una encuesta del Pew Research Center realizada esta primavera. Pero existen enormes diferencias entre republicanos y demócratas sobre el tema. Las cifras confirman también que casi una de cada cuatro estadounidenses se han sometido a la interrupción legal de un embarazo.

El 80% de los demócratas y de los independientes de tendencia demócrata dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, pero solo el 35% de los republicanos opina así, según la encuesta del Pew. Y la división partidista se ha ampliado: las cifras eran del 72% y el 39%, respectivamente, en 2016. Las convicciones religiosas también desempeñan un papel importante: el 77% de los evangélicos blancos cree que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.

En 2021 se han promulgado 90 leyes estatales que restringen el aborto, más que en cualquier año desde que se decidió el caso Roe contra Wade, según cálculos del Instituto Guttmacher, organización internacional que aboga por la libertad reproductiva.

También está ante la máxima autoridad judicial de la nación la ley de Texas conocida como la ley del latido, en referencia a la supuesta pulsión del feto, y que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana, cuando la mayoría de mujeres aún no saben que están embarazadas. La ley tejana fue diseñada para esquivar el potencial bloqueo de los tribunales federales al delegar la responsabilidad de aplicar la ley al ciudadano de a pie y no a las autoridades estatales, quienes suelen ser los acusados en las demandas que buscan frenar una normativa inconstitucional. El Supremo escuchó los argumentos sobre la ley de Texas el pasado 31 de octubre.

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