La promoción de curas milagrosas politiza la respuesta a la pandemia en América Latina
Las falsas soluciones contra el coronavirus se multiplican y algunos líderes se aferran a medicinas de eficacia no comprobada
La promoción de curas milagrosas y falsos tratamientos preventivos frente a la covid-19 cotiza al alza en América Latina donde, pese a las medidas tomadas por los Gobiernos y los confinamientos, no en todos los sitios se ha logrado frenar la curva del coronavirus. Ante la falta de una vacuna, el fomento de medicamentos y soluciones cuya efectividad no está probada científicamente –y en ocasiones con evidencias de efectos negativos– está siendo usada por oportunistas y dirigentes como una forma...
La promoción de curas milagrosas y falsos tratamientos preventivos frente a la covid-19 cotiza al alza en América Latina donde, pese a las medidas tomadas por los Gobiernos y los confinamientos, no en todos los sitios se ha logrado frenar la curva del coronavirus. Ante la falta de una vacuna, el fomento de medicamentos y soluciones cuya efectividad no está probada científicamente –y en ocasiones con evidencias de efectos negativos– está siendo usada por oportunistas y dirigentes como una forma de vender esperanza en medio de la incertidumbre y el temor a contraer la enfermedad.
En el centro del debate de las curas vendidas como milagrosas están la cloroquina y la hidroxicloroquina, dos fármacos genéricos empleados desde hace décadas para el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoide, el paludismo o la malaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) los desaconsejó para la lucha contra la covid-19, pero han encontrado firmes aliados en líderes tan controvertidos y alejados en el espectro ideológico como los presidentes de Estados Unidos, Brasil o Venezuela. La politización de los dos fármacos, que llegaron a agotarse en muchos países, y cuyo uso indebido ha provocado muertes, pone la medicación en el centro de la polarización hasta el punto de que, en Brasil, los fanáticos del presidente Jair Bolsonaro los defienden con fervor, mientras que a quienes se atreven a criticarlos los tildan de “comunistas”.
La desesperación está llevando además a la población a recurrir a otros medicamentos o brebajes cuya eficacia no está comprobada en la lucha contra el coronavirus: desde hierbas, homeopatía y vapores para fortalecer el sistema inmunológico hasta soluciones que, según los organismos de salud, pueden ser perjudiciales como el antiparasitario ivermectina, el antiviral remdesivir o el dióxido de cloro, una sustancia que enfrenta al Gobierno interino con el parlamento opositor en Bolivia y que promovió un grupo de obispos en Ecuador, provocando el rechazo de las sociedades médicas del país.
Bolsonaro, el profeta de la hidroxicloroquina
Si hay un profeta de la hidroxicloroquina en América Latina es Jair Bolsonaro. El presidente brasileño ha defendido durante meses el consumo de este medicamento como tratamiento contra la covid-19, aunque su eficacia no esté científicamente comprobada. El mandatario no dudó en tomarla en directo y transmitirlo en sus redes sociales en julio pasado, cuando se contagió de coronavirus. Pese a que decía que no estaba haciendo publicidad, la exaltación de sus supuestos beneficios es una constante en sus discursos. “Como dicen que estoy haciendo publicidad, lo haré, pero tienes que consultar con tu médico”, les advirtió en una ocasión a sus seguidores con una caja del medicamento en la mano.
Esa defensa no se ha quedado solo en el discurso oficial. Luego que dos médicos (Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich) dejaran el cargo de ministro de Salud debido a diferencias con el presidente respecto a las recomendaciones sobre la cloroquina, Bolsonaro finalmente pudo implementar un protocolo nacional para incentivar su uso en hospitales públicos. Fue en mayo pasado, bajo el liderazgo de su tercer ministro de Salud, el militar Eduardo Pazuello. Pese a que hay estudios que advierten que el daño de la sustancia puede ser mayor que los beneficios en pacientes con la covid-19, el protocolo brasileño se extendió a mujeres embarazadas y niños.
Los médicos son los que deciden si prescriben o no el remedio y el paciente debe firmar un documento en el que declara reconocer los posibles riesgos de tomarlo. Según el protocolo vigente en Brasil, que va acorde con el discurso presidencial, si el paciente toma cloroquina en una etapa temprana de la enfermedad hay menos posibilidades de empeorar y de necesitar una cama en una unidad de cuidados intensivos. Pese a que la tesis no está apoyada en evidencias científicas, en diferentes ciudades se está empleando un cóctel de varios fármacos, incluida la cloroquina, para pacientes sintomáticos y asintomáticos.
Un cóctel de medicamentos genéricos en Venezuela
En las antípodas ideológicas del presidente de Brasil, la hidroxicloroquina y la cloroquina han encontrado otro apóstol en Nicolás Maduro. En un país donde escasea hasta el agua, tan necesaria para mantener la higiene que ayuda a prevenir el virus, la población prueba múltiples fórmulas para evitar el contagio: desde brebajes de malojillo y jengibre, homeopatía y gotas del antiséptico dióxido de cloro. El protocolo terapéutico para la covid-19 en Venezuela, que tiene su sistema de salud por el suelo y escasez de medicamentos, se ha paseado por todo tipo de tratamientos y curas milagrosas anunciadas por voceros gubernamentales. El país ve en diferido su situación epidemiológica por la baja capacidad diagnóstica y lo mismo parece ocurrir con los tratamientos.
Además, aunque no hay evidencias suficientes, el plasma sanguíneo de pacientes recuperados también ha sido incorporado a la guía terapéutica, mucho antes de que la agencia gubernamental estadounidense FDA lo aprobara con recelo de los Institutos Nacionales de Salud por la debilidad de las evidencias. Insistentemente, miembros del Gobierno llaman a la población a donar suero.
Hace unas semanas, además, se incluyó en el esquema el antiparasitario invermectina, que fue objeto de una polémica y de serios cuestionamientos científicos movilizados, en parte, por el médico venezolano Carlos Chaccour, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, especialista en malaria y virus emergentes. Su adopción por varios países se ha hecho en base a un pre print (versión de un estudio sin arbitraje de pares) publicado en la revista científica The Lancet, que usó una base de datos dudosa, tal como ocurrió antes con los estudios iniciales sobre la hiroxicloroquina. Junto a este fármaco se ha autorizado en Venezuela el ya escaso antiviral remdesivir, desarrollado para el ébola, que empieza a pedirse con urgencia en redes sociales y que puede costar en el mercado informal más de 300 dólares por dosis, casi 300 veces un salario mínimo.
Los pacientes diagnosticados reciben un kit de tratamiento que contiene invermectina, el medicamento experimental interferon alfa, hidroxicloroquina, cloroquina, aspirinas, esteroides y vitamina C, de acuerdo a la gravedad de los síntomas. Incluso los asintomáticos los reciben. “La terapéutica es un pacto de confianza. Es un error repartir kits genéricos cuando recetar es un acto individual. Lo que han hecho Maduro y otros presidentes es intrusismo. No puede ser que los políticos estén prescribiendo”, critica el médico internista José Felix Oletta, de la Alianza Venezolana por la Salud, quien además denuncia que se violan los derechos de los pacientes al administrar todos estos fármacos, que son solo de uso compasivo, sin informar sobre sus limitaciones y posibles efectos.
El Gobierno venezolano también ha puesto fe en la farmacia cubana con dos productos aún en ensayo, como el interferon alfa y las gotas homepáticas prevengho-vir, que se está administrando al personal de salud, a personas en situación de calle y ancianos. Se hace de forma preventiva, porque supuestamente eleva las defensas inmunológicas. Maduro también ha apuntado a Venezuela en las pruebas en humanos en la vacuna desarrollada en Rusia, del que no hay mayores datos sobre sus fases previas. El país aportará 500 voluntarios.
El dióxido de cloro centra el debate en Bolivia
La disputa política que sostienen el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada en ambas cámaras por el Movimiento Al Socialismo –el partido del expresidente Evo Morales–, puede llevar a la aprobación de una medida polémica en Bolivia. La presidenta del Senado, Eva Copa, dio un ultimátum a la mandataria para que promulgue la ley que autoriza, de forma excepcional, la elaboración, comercialización, suministro y uso de dióxido de cloro para la prevención y tratamiento de la covid-19, tras haber sido aprobada de forma unánime por la bancada opositora. Caso contrario, dijo que promulgará la ley. “Es por la necesidad del pueblo boliviano”, justificó.
La nación andina podría convertirse así en el primer país del mundo que permite el consumo humano de esta sustancia química como “tratamiento preventivo” contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado la prescripción de este compuesto, ya que su principal uso es como blanqueador o para descontaminar superficies industriales. Ante la desesperación de la gente, el dióxido de cloro se vende en Bolivia sin receta médica como una “cura milagrosa” contra la covid-19, a pesar de no existir ninguna evidencia científica.
El Ministerio de Salud ha amenazado con procesos legales a cualquiera que promueva el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el coronavirus. A pesar de eso, al menos 450 médicos conformaron un comité que recomienda su consumo. A la par, las asambleas legislativas de cuatro departamentos han aprobado leyes para la producción y distribución gratuita y supervisada de la sustancia, mientras que en otros municipios se realizan pruebas en voluntarios que presentan síntomas para verificar su efectividad.
Con más de 110.000 positivos y una cifra de muertes que roza las 5.000, el país andino afronta la pandemia con un sistema de salud casi colapsado, sin acceso a medicamentos y en medio de una de las peores crisis políticas de su historia, que se extiende desde noviembre pasado a la espera de las elecciones presidenciales, postergadas por la pandemia, y fijadas para el 18 de octubre.
Vitamina C e inyecciones de agua marina en Ecuador
Las soluciones caseras y los tratamientos milagrosos han convivido durante la pandemia en Ecuador con el ensayo y error en los protocolos de los hospitales. En los primeros meses, la red de salud pública apostaba por la hidroxicloroquina o la azitromicina para tratar a los pacientes de coronavirus que recibían atención médica, ya que, ante el colapso de los centros de salud, los pacientes menos graves eran enviados directamente a sus casas. Aún hoy, hay médicos que siguen recetando antibióticos, paracetamol, aspirina, megadosis de vitamina C e incluso inyecciones de ivermectina, de uso veterinario.
Esteban Ortiz, médico investigador de Salud Pública de la Universidad de Las Américas, cuestiona que los hospitales y las autoridades adopten tratamientos experimentales como el Remdesivir, con 1.900 dosis donadas por Estados Unidos, sin un estudio de seguimiento. “El Estado no tenía tiempo ni para los diagnósticos y el trabajo fue muy desorganizado”, sostiene. Ahora, aclara, los hospitales aplican tratamientos específicos a cada paciente en función de los síntomas que presenta. Los corticoides, de acuerdo a las guías de la OMS, constituyen la principal fórmula de lucha ante los síntomas de la covid-19.
Estas pautas médicas cambiantes han convivido en el país con vaporizaciones de eucalipto, recetas con ajo que agotaron las existencias en tiendas, mercados y supermercados durante semanas, inyecciones de agua marina y dos de los tratamientos sin respaldo científico que han proliferado también en otros países: el plasma de pacientes ya curados y el dióxido de cloro. “Se han recetado ampollas de Tocilizumab y aún hoy se ve a gente pidiendo donaciones de plasma pese a que no se ha estudiado lo suficiente como para asegurar su efectividad”, cuestiona el investigador.
El dióxido de cloro caló como recomendación en Ecuador a inicios de julio al circular una carta firmada por 10 obispos de la Iglesia Católica dirigida al presidente Lenín Moreno para promoverlo como tratamiento alternativo. Como reacción, las sociedades médicas del país se unieron para rechazar su uso y confirmar su toxicidad para el ser humano. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ecuatoriana, finalmente, desaconsejó a los ciudadanos su aplicación por no tener registro sanitario y prohibió su consumo y comercialización como método terapéutico contra el coronavirus.