Barra libre de test de coronavirus: desde 25 euros la serología y sin consejo médico

“Me quería quedar tranquilo antes de ir a ver a mis padres. Estaba convencido de haber pasado el coronavirus, pero quise asegurarme”. Aconsejados por una amiga, Juan Ramón y su pareja pidieron cita en una pequeña consulta de análisis clínicos del centro de Madrid a finales de mayo. Pese a que las pruebas de coronavirus requieren prescripción facultativa, no les visitó ningún médico. Pagaron 25 euros cada uno, les sacaron sangre y a los 20 minutos tenían el resultado: negativo él; positiva su pareja, que en marzo había sufrido anosmia y un día de dolor de cabeza intenso. La clínica usó un test ...

“Me quería quedar tranquilo antes de ir a ver a mis padres. Estaba convencido de haber pasado el coronavirus, pero quise asegurarme”. Aconsejados por una amiga, Juan Ramón y su pareja pidieron cita en una pequeña consulta de análisis clínicos del centro de Madrid a finales de mayo. Pese a que las pruebas de coronavirus requieren prescripción facultativa, no les visitó ningún médico. Pagaron 25 euros cada uno, les sacaron sangre y a los 20 minutos tenían el resultado: negativo él; positiva su pareja, que en marzo había sufrido anosmia y un día de dolor de cabeza intenso. La clínica usó un test rápido —no vieron la marca— y la misma persona que hizo la extracción les dio el resultado: “Nos dijo que probablemente yo lo había pasado y que mi organismo habría rechazado el virus con sus propios anticuerpos, que estaban viendo muchos casos así en parejas”.

Con esa información Juan Ramón se fue a ver a sus padres, pero mantuvo las precauciones: siempre con mascarilla y sin abrazos. Las pruebas diagnósticas privadas, sin más indicación que la propia curiosidad de quien se las hace —o cuando las exige, pero no las paga, una empresa—, se han generalizado con el paso de las semanas y la llegada de las vacaciones. Las ofrecen cada vez más laboratorios y consultas privadas, pese a que los especialistas insisten en que tienen poca utilidad y hay que saber interpretar los resultados. Se encuentran test de anticuerpos desde 25 euros y PCR, que detecta la presencia del virus en ese momento, desde 90. El fin del estado de alarma no ha cambiado las recomendaciones de Sanidad: las pruebas deben hacerse “a personas con síntomas, sospechosos o personas que hayan estado en contacto con positivos. Y siempre bajo prescripción médica”, recuerda una portavoz.

El resultado de las pruebas puede dar una falsa sensación de seguridad y que se relajen las medidas de precaución. Además, en el caso de los test rápidos, pueden no ser muy fiables. El problema con las PCR es otro: “La solicitud de una PCR siempre debe partir de un médico. Ofrece una foto instantánea. Si da negativo lo único que indica es que hoy no lo tienes pero no sabes si dentro de dos o tres días puedes haberte contagiado”, explica Jordi Vila, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC). “La interpretación de un resultado siempre la tendría que hacer un médico”, añade.

El resultado puede dar falsa sensación de seguridad y llevar a la relajación

Además de para saber si se ha pasado la enfermedad, algo que pueden indicar las pruebas de anticuerpos, también se están haciendo PCR antes de viajes o de reincorporarse al trabajo para detectar presencia de virus en ese momento, es decir, capacidad de contagiar. “En personas asintomáticas, la PCR tiene un 60% de sensibilidad. Es equivalente a decirle a la gente que eche una moneda. Si le sale dos veces cara, tiene el virus y si sale cruz, no lo tiene”, ironiza el epidemiólogo Rafael M. Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. A mayor carga viral más fácil es detectar el virus, explica. Los pacientes con síntomas y más de tres o cinco días de evolución tienen más carga viral. “Hacer una PCR aisladamente, como para salir de viaje o ir a ver un familiar, tiene poco sentido. Siempre puede ayudar algo, en el sentido de que si es positivo uno ya sabe que es portador, pero puede dar negativo y lo más probable es que te vayas confiado y puedas ser portador igualmente”, añade.

A las consultas de los médicos de primaria han dejado de llegar pacientes pidiendo la prescripción facultativa, explica José María Molero, miembro del grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. “La mayoría nos decían que era porque la empresa les pedía el test de anticuerpos para poder trabajar”, añade. “En general decíamos que no. No deberían hacerse por criterio individual”.

Falsos positivos y negativos

Con los test de anticuerpos el problema es, además de la interpretación, que muchas pruebas rápidas compradas en países asiáticos “tienen una sensibilidad baja”, dice Ortín. Dan falsos positivos y falsos negativos en mucha mayor proporción que pruebas de laboratorio como Elisa o CLIA. Estos test rápidos son útiles desde un punto de vista epidemiológico, por ejemplo, para hacer cribados en residencias o en centros sanitarios bajo el control de preventivistas. Se usaron, por ejemplo para el estudio de seroprevalencia del Gobierno. “Pero a título individual, que la gente tome la iniciativa de hacérselas, al margen de alimentar con 100 euros —o lo que les quieran cobrar— a las empresas, tiene muy poca utilidad”, insiste Ortí.

La prescripción médica que ahora es recomendación fue obligación durante el estado de alarma, pero las clínicas se lo saltaban. Lo pudo comprobar EL PAÍS en una clínica madrileña en abril. En la web indicaba que era necesaria prescripción y que, de no tenerla, un internista visitaría al paciente antes. Instrucción que se repetía al pedir cita telefónica. Una vez allí, ni rastro del médico. “No hace falta”. La misma persona que hacía la extracción era la encargada del cobro. En lugar de preguntar si la paciente había tenido síntomas y cuándo, inquirió qué anticuerpos quería hacerse. Los IgM empiezan a aparecer a los 5 o 6 días de la infección y pueden indicar que esta aún está activa. Los IgG aparecen posteriormente e indican que esa persona pasó la enfermedad semanas o meses antes. La pregunta no era baladí: se cobran por separado.

—Los IgG.

—Entonces son solo 50 euros.

Pasados un par de días el informe está en la web. Además de una cifra, indica “negativo”. En informes de otras clínicas ni siquiera hay explicación; únicamente aparece un número.

La fiabilidad de los test rápidos

Muchos de los test rápidos que se comercializan en España y en el resto del mundo dejan mucho que desear en cuanto a fiabilidad. La urgencia de la crisis sanitaria hizo que se permitiera su importación y comercialización únicamente con el marcado CE, que indica que el fabricante hace una declaración responsable de que cumplen los requisitos. “Hay cientos de pruebas diagnósticas para detección de anticuerpos en el mercado. Ha habido una avalancha. Tanto la FDA americana como la Unión Europea han dado vía libre a que se comercialicen kits diagnósticos que tienen una sensibilidad y especificidad muy bajas y no son adecuados para el diagnóstico individual”, alerta Vila.

“Hacer una PCR para ver a un familiar tiene poco sentido”, dice un especialista

Pese a que no necesitan ser evaluados para comercializarse, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha analizado muchos de los test rápidos que han llegado a España a petición de distintas Administraciones públicas, como comunidades, ministerios o Ayuntamientos que los compraron por su cuenta. Los resultados de esos análisis no se conocen. En Estados Unidos la FDA (el equivalente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha hecho público un listado de test que no deberían ser distribuidos —entre ellos se encuentra el usado en Torrejón de Ardoz para su polémico estudio de seroprevalencia, según adelantó El Confidencial— porque, aunque fueron autorizados de emergencia en un primer momento, después no han pasado la evaluación sobre su fiabilidad.

Las autoridades españolas no cuentan con ningún listado similar. Sanidad, de hecho, se niega a facilitar los datos de las marcas comerciales analizadas en el ISCIII y sus resultados. EL PAÍS lo solicitó hace semanas, también a través del Portal de Transparencia, pero no ha obtenido respuesta. Los pacientes que deciden recurrir a las clínicas que hacen estas pruebas no saben si los test rápidos que usan son de buena o mala calidad, lo que abona el terreno para los fraudes. Rafael M. Ortí opina que estos datos deberían ser públicos y que las clínicas tendrían que indicar qué marcas utilizan. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha recopilado en un repositorio datos de los test que han validado sus miembros, pero la base de datos no es de consulta pública.

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