15 alumnos por aula, sin espacio ni profesorado suficientes

El curso que viene, el sistema educativo deberá afrontar un complejísimo salto a un nuevo modelo mixto presencial y online si se acaban aplicando las normas de distanciamiento físico que el Gobierno estudia con las comunidades autónomas, que prevén limitar probablemente a 15 el número de alumnos que pueda haber en un aula. Y va a tener que hacerlo cuando todavía ...

El curso que viene, el sistema educativo deberá afrontar un complejísimo salto a un nuevo modelo mixto presencial y online si se acaban aplicando las normas de distanciamiento físico que el Gobierno estudia con las comunidades autónomas, que prevén limitar probablemente a 15 el número de alumnos que pueda haber en un aula. Y va a tener que hacerlo cuando todavía no se había recuperado, en términos de profesorado e instalaciones, de la crisis anterior.

“La pandemia golpea a un sistema educativo debilitado por los recortes, que supusieron la pérdida y envejecimiento de plantillas, e implicaron no invertir lo necesario en infraestructuras y nuevas tecnologías”, afirma Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. El primer sindicato del ámbito educativo por número de delegados está ultimando un informe sobre los fondos que necesitará el sistema para encarar con garantías el próximo curso. El cálculo, como otros en la pandemia, marea: son 4.000 millones en personal, infraestructuras y equipamiento informático. De ellos, más de la mitad deberían destinarse, según el sindicato, a contratar profesorado, para que sea posible simultanear las clases físicas y online, y atender a los alumnos que han resultado más perjudicados por no haber ido al colegio este último trimestre.

La inversión educativa anual se sitúa ahora en el 4,1% del PIB, casi un punto menos que hace 10 años (cada punto del PIB supone alrededor de 10.000 millones de euros). Y esa caída, que en los años más duros de la pasada crisis llegó a ser mayor, se ha ido acumulando a lo largo de la última década, señala García.

Precariedad laboral

El número global de profesores se ha recuperado (504.569 en centros públicos y 207.612 en privados de enseñanza general, según datos del curso 2018-2019). Pero la tasa de temporalidad en la enseñanza pública se mantiene en torno al 20%. Y la pandemia ha aplazado un año las oposiciones para cubrir 27.000 plazas, casi todas de profesores de secundaria, convocadas inicialmente para este verano, que debían servir para aumentar la estabilidad de las plantillas de la red pública. Tampoco se sabe cuántas de las algo más de 20.000 plazas, la mayoría de maestro, previstas para el verano de 2021 se convocarán finalmente, ya que buena parte de las comunidades quiere retrasarlas a 2022.

El miedo a la covid-19 puede provocar, además, un aumento de las cerca de 12.000 jubilaciones que en principio se esperaban este año. Hay muchos profesores en condiciones de solicitarla: la supresión de los incentivos a las prejubilaciones durante la anterior crisis ha hecho que el número de profesores que tienen entre 60 y 64 haya aumentado un 93% en ocho años. Si ahora deciden pedirla, en vez de reducirse este año la precariedad laboral volverá a aumentar.

Aumento de alumnos

El obligado cambio de modelo educativo ha cogido a buena parte del sistema con infraestructuras envejecidas o insuficientes, allí donde ha crecido la población. En contraste con la imagen que proyecta Teruel, muchos centros de Aragón tendrían problemas para ganar aulas que permitieran doblar grupos, señala su consejero de Educación, Felipe Facci. Y lo mismo sucede en Baleares: “El aumento sostenido del alumnado unido a que durante años apenas se invirtió hace que tengamos un problema para disponer de espacios”, indica el director general de Centros del Gobierno balear, Antonio Morante.

Más de 50.000 alumnos empezaron, además, el curso en barracones. Territorios como la Comunidad Valenciana y Andalucía tenían en marcha planes para reducirlos. Y ese proceso tropezará ahora con las obras necesarias para adaptar los centros a la pandemia. “Los barracones en el País Valenciano se han reducido a la mitad en los últimos años, pero sigue habiendo muchos. Y los espacios son los que son, muchos no están preparados para mantener la distancia social de la que se está hablando”, dice Marc Candela, portavoz del sindicato STEPV.

El barracón es más pequeño

“Preparado no hay prácticamente ningún centro, pero las aulas prefabricadas son más pequeñas. Hasta ahora cabían en ellas 25 alumnos muy apretados, pero para tenerlos separados no creo que pueda haber más de 10 o 12”, cree José Antonio Abellán, presidente de la confederación de asociaciones de madres y padres Confapa de Murcia. “También va a ser un problema la gestión de los comedores. Hay que mantenerlos abiertos, y con la crisis va a haber más becados, lo cual va a generar más dificultades de espacio”.

A Enrique Jabares, presidente de la asociación de directores de centros de infantil y primaria en Andalucía, le preocupa especialmente cómo se va a organizar el distanciamiento en el patio y en las aulas, “muchas de las cuales tienen ratios de 25 alumnos”. Y teme, al mismo tiempo, que las medidas de seguridad frenen las metodologías activas, como los trabajos por proyectos y en grupos, e impulsen una vuelta a la lección magistral.

Hundimiento de ingresos

La pandemia exige al Gobierno y a las autonomías gastar más en multitud de frentes y, a la vez, va a hundir los ingresos públicos. La última vez que estos sufrieron un mazazo comparable, la inversión en instalaciones educativas se redujo en 7.330 millones de euros (en el periodo 2011 a 2016 respecto a la media de la década anterior, según datos de la patronal de la obra pública Seopan). Una caída que ayuda a entender su situación actual.

Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que ha estudiado la evolución de la inversión en infraestructuras educativas, ve difícil que en el escenario que va a crear el coronavirus haya mucho margen para ejecutar obras en los centros para facilitar las normas de distanciamiento. Sin embargo, considera que la obra pública puede servir, como en otras crisis, para reactivar la economía. “El sector público ha parado el golpe y ha salido al rescate, pero de los impuestos a corto plazo no podemos esperar nada. Todo depende de qué margen de maniobra ofrezcan instrumentos de financiación europeos extraordinarios de la Unión Europea y el Banco Central Europeo”, dice Pérez.

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