“Ahora me cuesta más estudiar y me da miedo que me baje la nota”

“Tengo pensado presentarme a la selectividad y hacer la carrera de Enfermería. He aprobado todo en los dos primeros trimestres, pero estoy preocupado porque estudiar ahora me cuesta más y me da miedo que me baje la nota”. César de la Torre, alumno de segundo de bachillerato en un instituto de Linares (Jaén), asegura que si pudiera hablaría con los responsables de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que “vean” lo que está pasando con los estudiantes y “lo que de verdad” necesitan. ...

“Tengo pensado presentarme a la selectividad y hacer la carrera de Enfermería. He aprobado todo en los dos primeros trimestres, pero estoy preocupado porque estudiar ahora me cuesta más y me da miedo que me baje la nota”. César de la Torre, alumno de segundo de bachillerato en un instituto de Linares (Jaén), asegura que si pudiera hablaría con los responsables de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que “vean” lo que está pasando con los estudiantes y “lo que de verdad” necesitan. Su comunidad, Andalucía, es una de las cuatro que el jueves anunciaron —Madrid, Castilla y León y el País Vasco— que no suscribirán el acuerdo alcanzado entre las autonomías y el Ministerio de Educación para el anómalo cierre del curso escolar por la pandemia.

Entre otras, hay dos medidas contenidas en el documento que han generado esta ruptura que atañe a 2,7 millones de estudiantes de las cuatro autonomías: la promoción general (que quiere decir que apruebe el máximo número de alumnos posible) y la posibilidad de obtener el título de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato con un número ilimitado de materias suspensas. Las comunidades que se han descolgado consideran que el ministerio debe fijar un número máximo de suspensos para pasar de curso y que la titulación no debe ser compatible con ningún suspenso.

Para Jesús Rogero, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, la falta de acuerdo causará situaciones muy desiguales. “La posición de la Comunidad de Madrid de ceñirse a lo que establece la Lomce [ley educativa en vigor] es la más contraria a la equidad. No puedes evaluar y calificar una parte del curso en la que no has prestado el servicio educativo. No es válido cuando las condiciones de aprendizaje son variadísimas. Y las situaciones en segundo de bachillerato pueden ser dramáticas. En algunos casos puede frustrar la trayectoria académica de algunos alumnos”.

Manuel, un estudiante de primero de bachillerato del instituto público madrileño Sierra de Guadarrama, no ve mal que, a diferencia del resto de comunidades, en la suya les vayan a evaluar el tercer trimestre con normalidad, pero cree que sí necesitan comprensión por parte de los docentes y algo de flexibilidad. Es consciente de que el año que viene se presentará a la selectividad y no cree que sea bueno bajar mucho los estándares porque no quiere perder nivel en asignaturas como Física. “No es fácil estar pegado todo el día a la pantalla, pero no nos va tan mal con las clases a través de la plataforma Google Meet, donde damos todas las clases por videoconferencia”, explica. Celia Navarro, estudiante de segundo de bachillerato en Barbate, Cádiz, afirma, en cambio: "Si la mayoría de las comunidades autónomas da una solución y aquí no, nos vamos a encontrar con una gran desigualdad. Los andaluces tendríamos una gran tasa de repetición, y a los de segundo de Bachillerato puede perjudicarnos mucho. Debería haber igualdad y que todos los alumnos nos rijamos por las mismas normas”.

Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, señala en el estudio Efectos de la crisis del coronavirus en la educación que con el confinamiento los alumnos perderán de media un 11% de lo que se aprende en un curso normal. Cree que es arriesgado adelantar si la ruptura del acuerdo tendrá consecuencias en los resultados y que hay que esperar para medirlo con datos. Defiende que la motivación es un factor clave para seguir con éxito la educación online y que si los estudiantes reciben el mensaje de que los meses que quedan hasta el final de curso no van a contar mucho, es difícil que mantengan la concentración y la motivación que se necesita.

Hay otras voces que no creen que la diferencia de criterios actual sea un problema. “La queja de que no se evalúa igual la arrastramos desde hace años; hay comunidades en las que es más fácil obtener buenas notas y eso afecta luego en la nota media para el acceso a la Universidad”, apunta Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Complutense.

Desde hace años, los datos del informe PISA señalan que Castilla y León es la comunidad con los estándares de aprendizaje más altos y, sin embargo, está entre las comunidades con la tasa de repetición más alta. “Tiene un alumnado tan competente como el de Finlandia en calidad de los contenidos aprendidos, pero titulan menos alumnos que en otras comunidades. Cada comunidad tiene una cultura de evaluación”, explica Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de La Laguna. “La cultura de evaluación de los docentes es muy difícil de modificar, y no se consigue ni con leyes educativas ni con normas autonómicas; hacen falta años”, recalca. “El criterio del profesor va a seguir siendo lo más importante, independientemente de en qué comunidad trabaje, y ante la gravedad de la situación actual se impondrá la sensatez”.

Decisiones políticas

Por su parte, las familias creen que detrás de la división entre las autonomías se esconde una lucha política. “La postura que se ha adoptado aquí es política. Lo que pedimos es que se aplique el plan del ministerio y se facilite que los alumnos pasen de curso y, que de este modo, no se vean perjudicados los estudiantes más desfavorecidos”, señala Mónica Alonso, presidenta de la confederación de asociaciones de familiares de alumnos de Castilla y León. El 10% de los 8,2 millones de alumnos afectados por el cierre de los centros no tienen Internet en casa. “Le pedimos a nuestros políticos que se pongan de acuerdo en algo. No entendemos que se renuncie a un acuerdo compartido por un solo punto de desacuerdo”, afirma Leticia Vázquez, presidenta de Codapa, la federación de Ampas de Andalucía.

Muchos profesores defienden que una de las principales ventajas del acuerdo es que flexibiliza los criterios para la repetición. Según el documento, serán los centros educativos y los equipos docentes los que decidan dónde fijar ese límite. “Para los momentos que estamos viviendo, necesitamos mucha flexibilidad normativa y la Lomce es restrictiva”, afirma Clara de los Ojos, profesora de Música en un instituto de Valladolid. Otros docentes, como Mariam González, de Madrid, creen que “hay una confusión generalizada” y que la comunidad educativa se está dejando arrastrar por la guerra política. “No hay tantas diferencias entre la Lomce y lo acordado por la Sectorial; es una falacia. Los profesores vamos a actuar con nuestra lógica habitual. Ni antes ni ahora vamos a dejar a nadie tirado”.

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