El juez del ‘caso iDental’ intensifica las medidas contra los acreedores que acosan a los afectados

Las autoridades elevan la ofensiva contra las entidades de crédito que acosan a los afectados del caso iDental, la supuesta macroestafa urdida por los dueños de esta red de clínicas odontológicas, que cerró sus puertas en 2018 sin previo aviso y dejó sin tratamiento a miles de pacientes. La Dirección General del Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, se reunió el pasado 15 de octubre con el juez José de la Mata, que instruye la causa en la Audiencia Nacional, y acordaron una batería de medidas para auxiliar a los perjudicados y a...

Las autoridades elevan la ofensiva contra las entidades de crédito que acosan a los afectados del caso iDental, la supuesta macroestafa urdida por los dueños de esta red de clínicas odontológicas, que cerró sus puertas en 2018 sin previo aviso y dejó sin tratamiento a miles de pacientes. La Dirección General del Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, se reunió el pasado 15 de octubre con el juez José de la Mata, que instruye la causa en la Audiencia Nacional, y acordaron una batería de medidas para auxiliar a los perjudicados y abrir la puerta a posibles sanciones a las entidades financieras.

En una nota interna de la Dirección General del Consumo, a la que tuvo acceso EL PAÍS y cuya veracidad confirman fuentes del Gobierno, se describen los acuerdos alcanzados en la reunión con el magistrado, que afronta actualmente "la fase final de la instrucción". Según el documento, se ha pactado que las autoridades de Consumo puedan "proceder a sancionar" ya a las entidades que estén acosando a los afectados para cobrar el pago de un crédito vinculado a una prestación no realizada por iDental, ya que De la Mata ha dictado varios autos donde suspende las reclamaciones de las financieras y les advierte de que cesen "de inmediato" en esta actitud.

El juez tomó esta decisión con el objetivo de "evitar mayores perjuicios a los denunciantes" —en su mayoría, con escasos recursos económicos—, que se endeudaron en su día para afrontar el abono de los tratamientos y que, una vez que cerraron las clínicas, vieron cómo debían seguir pagando "a sabiendas de que no les" atenderían. De la Mata entendió que permitir a las financieras continuar reclamando suponía complicar todavía más la situación de los afectados, que "se ven incluso imposibilitados de acudir a un nuevo tratamiento que trate de resolver su caso, o completar el tratamiento que, en muchos casos, ni siquiera ha sido, aparentemente, iniciado por iDental".

En este contexto y tras saber que algunas entidades mantienen con el acoso, el magistrado también comunicó la pasada semana a la Dirección General del Consumo que, si recibe en su juzgado alguna denuncia al respecto, se la remitirá directamente al órgano del Ministerio para que dé traslado a la comunidad autónoma correspondiente y "se proceda al inicio de un expediente sancionador". Además, también abre una vía directa en la Audiencia Nacional para que todos los perjudicados que sufran el hostigamiento —o hayan sido incluidos en un fichero de morosos— puedan informar de ello a De la Mata, enviándole un escrito donde se incluya una "breve descripción de los hechos", una copia del contrato con la entidad y los documentos que acrediten el acoso durante los últimos ocho meses.

El caso iDental estalló el pasado año, cuando la red de clínicas cerró de un día para otro. Miles de pacientes se quedaron tirados con tratamientos a medias o sin iniciar —las autonomías llegaron a calcular que los posibles afectados podían ascender a 400.000 en todo el país—. Y, además, muchos denunciaron mala praxis, el uso de materiales de mala calidad e implantes mal hechos. Todo un escándalo que comenzó a investigar José de la Mata, que ha cercado la supuesta trama urdida por los dueños de la compañía, que presuntamente engañaban a los pacientes, personas con escasos recursos a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales. Un dinero que acababa en las arcas de la compañía y que después, según las investigaciones de la Policía Nacional, era desviado a cuentas controladas por los propietarios y no se destinaba a atender a los pacientes.