La policía británica exige a las presuntas víctimas de una violación que entreguen los datos de su móvil

A primera vista es un dilema entre la garantía de un juicio justo y el derecho a la intimidad. Aparentemente, porque las asociaciones en defensa de las mujeres víctimas de delitos sexuales denuncian que lo que se pretende es cuestionar la actitud o la moralidad de las agredidas, en vez de centrarse en los hechos objetivos con relevancia penal. La policía del Reino Unido trabaja ya en los casos de violación con un formulario digital en el que se requiere a las presuntas víctimas que permitan a los investigadores el acceso a los ...

A primera vista es un dilema entre la garantía de un juicio justo y el derecho a la intimidad. Aparentemente, porque las asociaciones en defensa de las mujeres víctimas de delitos sexuales denuncian que lo que se pretende es cuestionar la actitud o la moralidad de las agredidas, en vez de centrarse en los hechos objetivos con relevancia penal. La policía del Reino Unido trabaja ya en los casos de violación con un formulario digital en el que se requiere a las presuntas víctimas que permitan a los investigadores el acceso a los datos de sus teléfonos móviles. El caso de Liam Allan alteró el modo de proceder de la acusación pública. Este estudiante universitario fue acusado en 2017 de 12 delitos contra la libertad sexual, acabó siendo absuelto después de que la Fiscalía entregara a la defensa el contenido de mensajes de las víctimas que aparentemente le exoneraban. Un año después, la cifra de presuntos violadores formalmente acusados había descendido en un 23% en el Reino Unido.

"Tenemos un problema extremadamente grave con la persecución de los casos de violación en este país, y es un hecho probado que la mayoría de los violadores consiguen esquivar el castigo. Parte de las causas reside en que las investigaciones se centran demasiado a menudo en la personalidad de las mujeres, en su honestidad o en su historial sexual —a pesar de todas las normas diseñadas precisamente para prevenir que esto ocurra—, en vez de centrarse en las acciones o el comportamiento del acusado", ha denunciado Rachel Krys, vicedirectora de End Violence Against Women Coalition (Coalición para el Fin de la Violencia contra las Mujeres).

Más de 90.000 agentes de policía y personal administrativo han participado en cursos de formación en los que se insiste en la obligación de entregar a los abogados defensores de cualquier acusado de violación las pruebas que puedan resultar relevantes para su estrategia, y de hacerlo cuanto antes. El formulario que se da ya a las presuntas víctimas les deja claro que no están obligadas a entregar sus móviles, pero acompaña esta información de la siguiente advertencia: "Si usted no da su consentimiento para que la policía acceda a los datos de su teléfono, tendrá la oportunidad de explicar los motivos de su negativa. Si rechaza dar permiso a la policía para que investigue o para que la Fiscalía pueda revelar material que permitiría al acusado tener un juicio justo, es posible que la investigación o la acusación formal no pueden seguir adelante", dice el formulario.

La policía justifica la necesidad del formulario en que es el único modo de obtener un consentimiento general de la víctima —el consentimiento sigue siendo obligatorio para hacer uso de esa información— ante un volumen de información que puede ser desorbitado. Si se imprimiera en folios tamaño A4 el contenido medio de un teléfono inteligente convencional, explica el asesor de la Policía Metropolitana, Nick Ephgrave, el resultado final serían millones de folios. Por eso en la actualidad las fuerzas de seguridad están utilizando métodos de Inteligencia Artificial para hacer un rastreo más selectivo de la información.

Defensores y detractores del nuevo método coinciden en la necesidad de dar mayor cobertura legal y claridad a una investigación en detalles tan personales de la víctima. "Con el formulario, las víctimas obtienen indicaciones más precisas de cómo se usarán sus datos. Porque la acumulación de tal volumen de información de datos personales, sin que haya un método consistente y claro a la hora de determinar su relevancia, es un problema que nos preocupa", ha dicho Katie Russell, cofundadora de Rape Crisis England and Wales (Crisis de Violaciones en Inglaterra y Gales). Esta organización, sin embargo, comparte el temor de que el acceso a toda esa información personal se vuelva en contra de la presunta víctima. "Las estadísticas nos muestran constantemente que los delitos de violación o abuso sexual registran históricamente un número menor de denuncias, comparados con otros delitos graves. Entre los motivos de este dato, según nos cuentan las víctimas en los centros de atención de Rape Crisis, está la desconfianza que tienen hacia el sistema de justicia y el temor a que acaben siendo ellas las que se sientan objeto de investigación o juzgadas", ha dicho en un comunicado.