No hay fiesta gratis

A pesar del inmenso daño que ha provocado hasta la fecha, el independentismo se ha equivocado profundamente en sus cálculos y no ha sabido medir las fuerzas de su adversario. Es posible que en el día a día sea capaz de engañar a unos cuantos, a base de argucias jurídicas, política gamberra y un lirismo empalagoso, y hacerles creer que retiene la iniciativa y está ganando la partida. Por eso de vez en cuando conviene pararse, tomar aire, dar unos cuantos pasos atrás, y como si se tratara de un cuad...

A pesar del inmenso daño que ha provocado hasta la fecha, el independentismo se ha equivocado profundamente en sus cálculos y no ha sabido medir las fuerzas de su adversario. Es posible que en el día a día sea capaz de engañar a unos cuantos, a base de argucias jurídicas, política gamberra y un lirismo empalagoso, y hacerles creer que retiene la iniciativa y está ganando la partida. Por eso de vez en cuando conviene pararse, tomar aire, dar unos cuantos pasos atrás, y como si se tratara de un cuadro impresionista, ver todo lo que ocurre en su conjunto y no dejarse despistar por los trazos gruesos y los brochazos efectistas.

El Tribunal Supremo, y en concreto el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, ha sido capaz de sostener con argumentos de notable solidez jurídica lo que a simple vista es evidente para el que lo quiera ver: las autoridades catalanas se rebelaron contra el orden constitucional y lanzaron la calle contra las instituciones. Sin perder un ápice de garantismo, se han esquivado las trampas del prófugo Puigdemont y se han medido con el requerido escepticismo las lágrimas de cocodrilo de los arrepentidos. Uno a uno se han ido apeando del autobús suicida tras entender que no bastaba con esa renuncia retórica a la “unilateralidad”.

El Tribunal Constitucional ha logrado, hasta la fecha, dar una respuesta unánime a cada provocación, y ha hecho gala de su inteligencia jurídica para salvar la bola y preservar la integridad del Estado de Derecho. Es cierto que ahora mismo tiene por delante un dilema difícil y que, cuando deba resolver el recurso planteado por el Gobierno contra la investidura de Puigdemont, le resulte imposible preservar esa unanimidad. O no. Más allá del intenso debate interno vivido en el seno del tribunal de garantías en las últimas jornadas, hay una profunda voluntad de preservar la dignidad de la democracia frente a trampas y burlas, por muy bien diseñadas que estas sean.

La primera señal de que las circunstancias excepcionales iban a necesitar respuestas excepcionales la emitió Felipe VI, cuando entendió que su mensaje ya no debía dirigirse a los independentistas sino a todos los españoles, que habían pasado del hartazgo al estupor y la angustia. El Rey dejó a un lado su papel de árbitro y moderador y puso en primera línea todo el peso de la Jefatura del Estado, para reclamar firmeza y resolución. Era consciente de que, con ese paso, también él iba a perder gran parte del capital acumulado en Cataluña durante años a base de gestos y acercamientos que los independentistas nunca quisieron valorar en su justa medida.

El secesionismo ha chocado contra el muro de una democracia y un Estado de Derecho que, con sus virtudes y carencias, ha demostrado que la fuerza y legitimidad consolidadas durante cuarenta años no iban a caer ante el primer soplo de viento. Todas las instituciones, sin embargo, se han dejado parte del prestigio conseguido durante este tiempo en el esfuerzo desplegado para parar el golpe. Resulta por eso sorprendente que los independentistas se hagan los ofendidos cuando alguien pregunta, con toda la razón, quién va a pagar los platos rotos de esta fiesta que ellos llegaron a pensar que era gratis.