La nueva ley europea contra la deforestación mundial decepciona a los indígenas

Para los líderes indígenas de los mayores bosques tropicales del mundo, la nueva ley europea contra la importación de productos vinculados a la deforestación es bienvenida, pero ha nacido coja. La norma, acordada este diciembre, busca frenar la entrada de productos como el cacao, el café, la soja y el aceite de palma que contribuyan a la tala o degradación de bosques. Sin embargo, las empresas solo deberán demostrar que cumplen con las leyes del país de origen de las materias primas, en lugar de con los estándares internacionales de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Europa dio luz verde a esta norma coincidiendo con el inicio de la COP15, que se celebra hasta el 19 de diciembre en Montreal, Canadá, para lograr un ‘Acuerdo de París’ para la biodiversidad.

“La Unión Europea (UE) nos deja a merced de los mismos gobiernos que han violado nuestros derechos, permitido la invasión de nuestros territorios y criminalizado a nuestros líderes”, declara a este diario Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y copresidente de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, o GATC, que aúna representantes de 24 países tropicales.

Los pueblos originarios ocupan un cuarto de la superficie terrestre y los territorios que manejan están entre los mejor preservados del planeta. Conservan el 80% de la biodiversidad del globo, pero la inseguridad en la tenencia de la tierra, la marginación en la toma de decisiones y la erosión de sus culturas amenaza su papel como guardianes de ecosistemas vitales para el clima y la diversidad biológica. Solo una minoría tiene derechos legales sobre sus territorios ancestrales, e incluso quienes tienen títulos de propiedad colectiva se enfrentan a las incursiones de madereros, mineros y ganaderos y a la expansión de plantaciones de coca.

Hay países que ni tan siquiera reconocen la existencia de estos pueblos, como sería el caso de Gabón o, hasta hace solo unas semanas, la República Democrática del Congo, que este noviembre promulgó su primera ley reconociendo la existencia de los pigmeos y su derecho a la propiedad comunitaria.

Los pueblos originarios ocupan un cuarto de la superficie terrestre y los territorios que manejan están entre los mejor preservados del planeta. Conservan el 80% de la biodiversidad del globo, pero solo una minoría tiene derechos legales sobre la tierra

“En casos como este, la ley europea no ayuda a evitar que las empresas acaparen territorios indígenas”, explica Luciana Téllez, investigadora de la ONG internacional Human Rights Watch especializada en Medio Ambiente y Derechos Humanos. “Además, los países productores siempre pueden revocar o debilitar las leyes y políticas si incomodan al agronegocio”, aclara desde Nueva York.

El ejemplo más conocido es el Brasil del presidente saliente Jair Bolsonaro, apodado ‘el Trump tropical’. En cuatro años, ha desmantelado la institución estatal de protección de los pueblos indígenas, propuesto una ley para autorizar explotaciones mineras en los territorios de comunidades tradicionales e impulsado la expansión del agronegocio en ecosistemas vírgenes.

España es el tercer país de la UE que más productos causantes de deforestación importa y entre los que destaca, precisamente, la soja brasileña destinada a la alimentación animal.

Guayana francesa, la Amazonía europea

Francia y Suecia influyeron en la versión final del mandato europeo contra la deforestación para rebajarla, puesto que en un principio sí buscaba que las empresas cumplieran con los estándares internacionales en materia de derechos. Ambos países tienen pueblos originarios, lo que convierte el reconocimiento de los derechos territoriales de los indígenas en el mundo en un tema delicado para su política interior.

“Solemos olvidar que Francia es un país amazónico, a través de la Guayana francesa”, observa la lideresa indígena Claudette Kawakueynoh Labonté desde Cayena, la capital de este frondoso territorio de ultramar en América del Sur. Esta lideresa también ha encabezado el trabajo sobre mujeres y niños de la coordinadora de pueblos amazónicos COICA, que aúna comunidades en nueve países.

La inseguridad en la tenencia de la tierra, la marginación en la toma de decisiones y la erosión de las culturas de los pueblos originarios amenaza su papel como guardianes de ecosistemas vitales para el clima y la diversidad biológica

Según Labonté, los aborígenes de la Guayana francesa se sienten abandonados: asediados por los agronegocios y la minería, bebiendo agua contaminada con mercurio, pariendo a hijos con malformaciones, sin una voz real en la toma de decisiones que les afectan. “No entiendo que el Gobierno francés abogue por proteger los derechos de los pueblos originarios en el mundo, pero no lo demuestre aquí”.

“El planteamiento de la nueva ley europea es irónico, porque la UE es uno de los bloques que más está abogando ahora por el respeto de las obligaciones internacionales en la cumbre de la ONU sobre Biodiversidad”, observa la negociadora y abogada indígena Jing Corpuz, hija de la emblemática activista filipina y ex relatora de la ONU sobre derechos indígenas Vicky Tauli-Corpuz.

A quien no ha sorprendido el posicionamiento de Europa en su propia cancha es a Peter Seligmann, una de las figuras más influyentes de la protección de la naturaleza en el último medio siglo. El experto cofundó la emblemática ONG Conservation International y, desde 2017, encabeza la organización ambiental Nia Tero, cuya mitad del personal es indígena.

“Esta ley se queda corta porque no podemos mantener la salud del planeta sin apoyar los derechos y el autogobierno de los pueblos indígenas, ni exigir a todas las Administraciones y las empresas que los respeten”, afirma Seligmann desde Seattle, EE UU. “Pero hay países europeos que todavía tienen territorios en ultramar y esto genera una tensión”.

Acciones concretas

Los pueblos autóctonos que se reunieron en la cumbre de biodiversidad tienen tres grandes objetivos: avanzar en el reconocimiento de los derechos sobre sus tierras ancestrales, lo que incluye el de propiedad y formas de autogobierno; obtener financiación directa —no a través de intermediarios como el Banco Mundial u oenegés— para enfrentar las crecientes presiones externas sobre los ecosistemas que custodian; y ser tratados de igual a igual en la toma de decisiones.

“Todo ello, poniendo en valor los conocimientos tradicionales y la voz de las mujeres, que son sus principales transmisoras”, subraya la abogada indígena Uitoto Fany Kuiro, que habla desde la Amazonía colombiana, uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la naturaleza.

El experto David Kaimowit ha realizado un análisis de centenares de estudios científicos para la FAO en el que demuestra la importancia que tienen los pueblos originarios a la hora de conservar la naturaleza en América Latina. Ahora, como coordinador de programas de Tenure Facility, promueve la seguridad en la tenencia de sus tierras ancestrales. “Debemos acelerar el paso, pero la verdad es que hemos progresado mucho en los últimos diez años”, reflexiona desde Bogotá, Colombia. “¿Vieron cómo los jóvenes activistas climáticos han dado un espaldarazo a las comunidades indígenas del mundo? Creo mucho en el poder de la solidaridad cultural y sí, soy optimista”, dice Kaimowit.

Para los entrevistados, los ciudadanos del Norte global tienen un papel importante como consumidores y como votantes, en el que le tienen que saber a las empresas y a los cargos electos que apoyan modelos de producción, consumo y gobernanza respetuosos con las personas y el planeta.

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