Tigray: un año de guerra y nueve millones de damnificados

“Ahora mismo hay un bombardeo”, escribe Goitom (nombre ficticio, por motivos de seguridad) en uno de sus correos electrónicos. Lo envía desde Mekele, la capital de Tigray, región al norte de Etiopía con siete millones de habitantes, que sufre los estragos de una devastadora guerra civil. Desde el inicio del conflicto, que ha cumplido un año en noviembre y provocado miles de muertos, los servicios de telecomunicaciones están cortados, la población no puede contactar con el exterior y no se permite el acceso a los periodistas. Sin embargo, gracias a su labor en una ONG en terreno, Goitom es de los pocos con permiso para acceder a internet de forma intermitente desde la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) en esta ciudad etíope, una de las más pobladas y desarrolladas del país hasta el inicio de los ataques. Un par de horas al día que aprovecha para informarse sobre el devenir de la contienda y trabajar, aunque lleve cinco meses sin cobrar salario.

“Además de no tener ingresos, no hay electricidad en casa, tampoco gasolina ni transportes; muchos comercios han sido atacados, destruidos o han cerrado; no podemos retirar el dinero de los bancos, los precios han subido mucho; falta comida y servicios sanitarios… Vivimos una situación extrema”, cuenta este tigrayano, casado y con hijos.

Goitom confiesa que la información que comparte “es poca en comparación con la gravedad de la situación” ya que hay “muchas víctimas, abusos, atrocidades, detenciones masivas y saqueos”. Y alerta: “La población sufre el bloqueo de la llegada de ayuda humanitaria. La que recibimos no es suficiente y se ha convertido en algo normal ver a la gente pasar hambre, morir por la falta de medicamentos o sufrir la escasez de agua potable, entre otras cosas”.

Crímenes de guerra

Cuando el 28 de noviembre de 2020 el primer ministro de Etiopía y premio Nobel de la Paz de 2019, Abiy Ahmed, anunció el “control total“ de Mekele, la capital de Tigray, y el cese de hostilidades contra el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF, según sus siglas en inglés, partido que gobernaba la región desde hacía décadas y había ganado las últimas elecciones regionales en agosto de 2020 sin la autorización del Gobierno central), la guerra que sufre Goitom y millones de etíopes tan solo acababa de empezar. Las tropas del TPLF, a las que Ahmed acusó de haber atacado una base militar del Gobierno –motivo que justificó la intervención militar y que el grupo rebelde negó–, huyeron hacia las montañas y el Ejército nacional ocupó Mekele.

Desde entonces, el brazo armado del TPLF ha ido ganando terreno y acabó por recuperar la ciudad a finales de junio. Tras un falso alto al fuego “unilateral e incondicional” decretado por el Gobierno en esas fechas para que la ayuda humanitaria pudiera ser distribuida y los agricultores pudiesen cultivar en paz –en esta región, más del 80% de la población vive del campo –, la contienda ha ido ganando en ferocidad e intensidad.

A principios del pasado mes de noviembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), en colaboración con la Comisión Etíope de Derechos Humanos, publicó una investigación que concluía que, entre el inicio del conflicto y hasta junio de 2021, había razones para creer que todas las partes implicadas son responsables de actos violentos susceptibles de ser considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además, desde julio el conflicto se ha expandido a las regiones limítrofes de Afar y Amhara, y ha agravado una alarmante crisis humanitaria que se agudiza por las restricciones a la entrada de ayuda de la ONU y las ONG, principalmente en la región de Tigray, donde cerca de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y nutricional de emergencia, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés).

Restricciones a la ayuda

“El Gobierno etíope es el principal responsable de que llegue la ayuda humanitaria. Tiene la obligación de que, aquellos que la demanden, no tengan ningún tipo de obstrucción para recibirla”, señala Marcel Akpovo, representante del Acnudh para el Este de África. Según la ONU, desde el 18 de octubre y hasta el 23 de noviembre pasados, cientos de camiones con suministros estuvieron parados en Semere, la capital de la región de Afar, a la espera de autorización para entrar en Tigray. También hubo suspensión de vuelos de la ONU a Mekele desde el 22 de octubre. Aunque la entrada de ayuda por tierra y aire se ha reanudado y, desde el pasado 24 de noviembre, han accedido a la capital más de 200 camiones y aterrizan dos aviones por semana, este tipo de bloqueos ha provocado que desde julio tan solo haya llegado a Tigray un 13% de los suministros básicos para satisfacer las necesidades de la región.

“Esta tímida apertura es una buena noticia y dará pie a que llegue más asistencia. Ahora estamos llevando alimentos básicos, suplementos nutricionales y agua, principalmente, entre otros productos de primera necesidad”, detalla Akpovo al otro lado del teléfono desde Adís Abeba. El representante del Alto Comisionado insiste en que la situación en la región norteña sigue siendo muy preocupante, lo que achaca a la “falta de acceso a agua corriente” y a que el volumen de ayuda que se necesita “está muy lejos de las necesidades reales” de la población afectada.

“Otro de los grandes problemas de la situación en Tigray es la falta de dinero, por lo que priorizamos llevar efectivo. También, la escasez de combustible, que debemos enviar”, explica Akpovo. Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 2 de agosto no ha entrado suministro de combustible en Tigray, lo que supone un obstáculo más a la llegada de ayuda exterior por vía terrestre (se necesitan, al menos, 282.000 litros de combustible semanales para llevar a cabo las operaciones humanitarias) y se suma a la inseguridad de rutas con combates activos. Este informe revela que desde el 12 de julio se han autorizado la entrada de 435 millones de birr etíopes (ETB, en sus siglas en inglés), que equivalen a unos 9,5 millones de dólares, cuando la ONU estima que se necesitan semanalmente 300 millones de ETB (6,2 millones de dólares).

“He estado trabajando mucho con mi equipo en las zonas afectadas y hemos visto mucho sufrimiento. Ahora mismo, y sin ninguna duda, Etiopía sufre una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Y no solo humanitaria, sino que es además una crisis política, económica y de políticas de desarrollo que afecta a una parte muy grande del país”, afirma Akpovo.

Millones de personas con necesidades básicas

Más de nueve millones de personas precisan ayuda humanitaria en el norte de Etiopía, según la OCHA. Es decir, un tercio de la población de las regiones de Tigray, Ahmara y Afar (unos 28 millones de personas) corren el riesgo de sufrir hambrunas o de enfermar ante la falta de agua potable, medicamentos esenciales y vacunas, así como por la escasez de equipamiento y de centros sanitarios en funcionamiento –cientos de ellos han sido desmantelados y dañados–. Desde septiembre, no se ha permitido la entrada de equipos médicos ni fármacos en Tigray, donde la ONU calcula que cuatro millones de personas demandan cuidados e intervenciones sanitarias y en la que urgen equipos médicos esenciales, vacunas y medicinas básicas como botiquines contra el cólera y la malaria o antibióticos.

Por otro lado, la población más vulnerable requiere ayuda en forma de protección ante los abusos o de apoyo escolar para seguir con las clases ante la destrucción y daños perpetrados en colegios. Aunque se han reiniciado las clases en algunas escuelas de las tres regiones, más de 2,7 millones de niños se han visto afectados.

Una de las mayores preocupaciones para las organizaciones humanitarias es el riesgo de hambrunas. Hasta el pasado 26 de noviembre, el WFP había llegado a un tercio de los 9,4 millones de etíopes necesitados de asistencia alimentaria en todo el norte de Etiopía; de los cuales, siete millones la requerían con urgencia: a los casi tres millones en Tigray (donde casi medio millón de personas podría estar muy cerca de sufrir hambruna) se suman más de tres y medio en Ahmara y medio millón, en Afar.

Para colmar las necesidades de toda la población afectada por la guerra, la ONU calcula que hasta finales de diciembre se requiere un total de 1.062 millones de euros en gasto de ayuda humanitaria en Etiopía. Hasta ahora, tan solo se han movilizado 543 millones en el norte (309 en Tigray) de los 848 presupuestados. “No hay tantas crisis en el mundo que necesiten mil millones de euros y la de Etiopía es una de ellas”, opina Yassine Gaba, jefe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE en Adís Abeba (ECHO, según sus siglas en inglés).

Aunque el equipo de Gaba no se encuentra dentro de Tigray y hay zonas de Afar y Amhara donde no pueden operar por ser muy peligrosas, sí llevan a cabo su trabajo de envío de suministros básicos y alimentos en cooperación con las Naciones Unidas y las ONG en terreno. Además de las dificultades de las organizaciones humanitarias para acceder a las zonas de conflicto, se unen la peligrosidad del fuego armado y las detenciones: el pasado 24 de junio fueron asesinados tres miembros de Médicos Sin Fronteras que trabajaban en Tigray y hace unas semanas 16 miembros del personal local de la ONU fueron arrestados en la capital etíope sin presentar cargos en su contra, entre otros casos.

“Nuestra prioridad son las personas desplazadas dentro del país porque son las más afectadas por el conflicto”, subraya Gaba. Según el representante de ECHO, mucha gente se ha ido trasladando a varios emplazamientos durante meses y “hay niños y mujeres que dependen 100% de la ayuda humanitaria y del Gobierno etíope para sobrevivir”.

Desde que estalló la guerra, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de tres millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por la guerra, siendo Etiopía el segundo país del mundo con más desplazados en el primer semestre de 2021. “Los alimentos y los medicamentos son las necesidades más urgentes. Además, al no poder satisfacer sus necesidades básicas, se ha agravado el riesgo de que mujeres y niñas sufran explotación y abusos sexuales”, explica una fuente de ACNUR en Etiopía. Por otro lado, 63.110 etíopes –de los cuales, 58.000 proceden de Tigray–, han cruzado la frontera con Sudán huyendo de la violencia y se encuentran refugiados en tres campos del país limítrofe.

“La crisis se está deteriorando y no para de escalar. No tengo la esperanza de que llegue pronto el final porque hemos visto muchos deadlines desde que empezó la guerra”, opina Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral. En las últimas semanas, fue noticia que el primer ministro, Abiy Ahmed, acudiera al frente de guerra ante el avance de las tropas del TPLF y sus aliados hacia Adís Abeba, pero también ha ocupado espacio en los medios la detención masiva de etíopes de etnia tigriña en la capital bajo el paraguas del estado de emergencia decretado por el Gobierno el pasado 2 de noviembre.

“Para evitar que la catástrofe se magnifique, desde Amnistía Internacional pedimos a los líderes regionales que dejen pasar ayuda humanitaria, que respeten los derechos humanos y el derecho humanitario a proteger a los civiles, así como que cesen los ataques individuales a las personas por su origen étnico”, concluye Muchena.

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