No más secretos del 23-F

El Consejo de Ministros prevé desclasificar hoy todos los documentos oficiales en posesión del Gobierno relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Se espera que mañana estén accesibles en la web de La Moncloa. A la espera de ver el material, hay que saludar una decisión que salda “una deuda histórica con la ciudadanía”, como dijo Pedro Sánchez al hacerla pública. Precisamente por eso, hubiese sido deseable que el presidente hubiera escogido otra forma más solemne para anunciar la decisión que la red X.

Tres cuartas partes de los españoles no habían nacido o eran menores de edad en el 23-F. Es por tanto materia de los historiadores, no de peleas políticas del presente. La desclasificación tiene un primer sentido pedagógico para que todas esas generaciones no olviden que un grupo de conspiradores, en la peor tradición decimonónica, atentaron contra la soberanía del pueblo español. Hoy conocemos casi todo lo relevante del 23-F y sus derivadas, aunque queden zonas de sombra que quizá los nuevos documentos ayuden a esclarecer por completo. Más que revelar grandes secretos, la transparencia ayudará a acabar con una tradición conspiracionista irredenta desde entonces. El revisionismo nostálgico de la dictadura y sectores de la izquierda y el nacionalismo se han agarrado a las múltiples especulaciones sobre el papel de Juan Carlos I en las fechas previas a la asonada (junto a las acciones imprudentes de algunos políticos) y sobre su actuación el 23-F para cuestionar la propia democracia y erosionar la Monarquía parlamentaria.

La decisión del Gobierno también sienta un precedente que no debería ser una excepción. La documentación reservada del 23-F es uno de los ejemplos que historiadores, partidos (en especial el PNV) y periodistas llevan años reclamando para poner fin a la anomalía de que siga vigente una ley de secretos oficiales heredada de la dictadura. En el Congreso está aparcada la nueva Ley de Información Clasificada, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno hace siete meses. Pese a sus puntos cuestionables, es una revisión necesaria de la transparencia del Estado. Ejecutivos del PSOE y del PP han ido postergando demasiado tiempo resolver lo que se ha convertido en un bochornoso anacronismo.

Sin esperar a dicha ley, el Gobierno tiene en su mano levantar el velo de otras informaciones que pueden aclarar aspectos opacos del final del franquismo y la Transición, como la guerra sucia contra ETA, algunas actuaciones policiales o las tramas ultras. Aliados del Gobierno se lo reclamaron ayer en aras de la coherencia. El carácter secreto de la mayoría de estos episodios ha dejado de tener sentido. La solidez de una democracia asentada como es España se mide también por su capacidad de analizar y entender su pasado, incluso el más oscuro.