Contra Tucídides, un elogio del derecho

En el año 416 a. C., los atenienses quisieron conquistar una de las pequeñas islas Cícladas. No solo por su valor estratégico, o por las riquezas naturales que atesoraba, sino como advertencia ilustrativa de quién mandaba realmente. Antes de la batalla, los atenienses y los melios —los habitantes de aquellas islas— mantuvieron un diálogo descrito por Tucídides. Unos y otros hablan de la posibilidad de ahorrarse la guerra...

En el año 416 a. C., los atenienses quisieron conquistar una de las pequeñas islas Cícladas. No solo por su valor estratégico, o por las riquezas naturales que atesoraba, sino como advertencia ilustrativa de quién mandaba realmente. Antes de la batalla, los atenienses y los melios —los habitantes de aquellas islas— mantuvieron un diálogo descrito por Tucídides. Unos y otros hablan de la posibilidad de ahorrarse la guerra y por ello discuten sobre las razones del conflicto, su oportunidad, los intereses respectivos y sobre todo del derecho y de la fuerza. La actualidad de ese diálogo resulta nuevamente escalofriante.

Para enmarcar ese debate, los atenienses recordaron a los melios el peligro de alejarse del principio de realidad: “The strong do what they can, and the weak suffer what they must” (“Los fuertes hacen todo lo que pueden y los débiles padecen lo que deben”). En el Libro V de su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides escribió ese principio en griego. En inglés lo citó el primer ministro canadiense Mark Carney al comienzo de su intervención en Davos este año. Lo podía haber dicho Donald Trump o, mejor su vicepresidente, J. D. Vance, que ha leído más. Carney, sin embargo, no fundó su discurso sobre este principio descarnado, sino que lo enunció para combatirlo: para argumentar contra el derrotismo que entraña frente a la necesidad de seguir construyendo la paz y la convivencia mediante el derecho, como hemos tratado de hacer desde la Ilustración.

Hoy parece que una parte del mundo sea territorio de los melios, y en sus playas pronto vayan a desembarcar los atenienses. Además, entre quienes observan lo que está ocurriendo, hay muchos, gentes de toda clase y condición, que insisten en recordar con gran perspicacia que el principio de Tucídides nunca ha tenido excepciones, y, para dotarlo de densidad normativa, lo comparan con la ley de la gravedad: los fuertes a mandar y los débiles a obedecer. Este modo de razonar es, como decimos, derrotismo puro, porque al derecho siempre le ha ocurrido lo mismo: ha sido un artilugio, frágil, elaborado a fuego lento, pequeño comparado con la inmensidad del universo, pero dispuesto precisamente para defender la paz, la libertad y, desde hace unos años, para defender los derechos humanos, los derechos de los pueblos, la dignidad de todos y la protección de los más débiles ante los más fuertes.

Es cierto que el artilugio del derecho posee una naturaleza hipócrita y es obvio que nunca ha tenido un éxito absoluto. Pero la hipocresía no lo desmerece, puesto que esta tiene una fuerza civilizadora (Elster dixit): no es una virtud negativa, nutre a la cortesía y permite trabajar de modo cooperativo con otros, aunque internamente despreciemos a algunos y ellos también nos desprecien. El año pasado, Philippe Sands publicó un artículo en The Guardian con el fin de reprobar derechamente la idea con la que pretenden convencernos los poderosos (y explícitamente la Administración de Trump y sus acólitos) de que estamos avanzando hacia un mundo sin reglas y sin derecho internacional. Este texto pretende sumarse a la corriente de esta reprobación.

Este elogio del derecho —y, en definitiva, de la democracia— no puede ignorar la dimensión enorme del desafío actual al que uno y otra se enfrentan. Hoy, las fuerzas que combaten el derecho de raíz ilustrada responden a unos intereses económicos de naturaleza depredadora, como siempre, de alcance hasta ahora inimaginable y sobre todo cuentan, además, aunque los brutales actos de Estados Unidos y Rusia no permitan verlo con claridad, con un poderoso artefacto ideológico construido desde la elegante descripción de Tucídides, recogida más tarde por Maquiavelo, jaleada por Hobbes y condensada por Carl Schmitt para destruir la democracia y justificar la política de la simple fuerza.

Es evidente que hoy no dejan de producirse actos de fuerza gravísimos dirigidos a destruir la arquitectura institucional y jurídica levantada pacientemente desde 1945. Pero conviene admitir, recuerda Sands, que no ha habido ni un solo instante desde esa fecha en que esa arquitectura no se haya visto atacada y vulneradas las normas que la configuran. Mas frente a este hecho, y precisamente por ello, no se puede renunciar al propósito que la sustenta, por lo cual hay que afinar constantemente los medios establecidos para hacer frente a los nuevos desafíos, sin arrinconar los existentes, sino transformándolos para atender a las nuevas circunstancias.

Prueba y error, si se quiere. Por ejemplo, recuérdese que ante las limitaciones del Tribunal Internacional de Justicia, creado en 1945 y cuya jurisdicción no gravitaba sobre la persecución de las personas físicas, en 1993 se constituyó el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el ámbito de la ONU. Y este tribunal funcionó (con hipocresía y con limitaciones, pero funcionó, ¡vaya si funcionó!), para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos contra la Convención de Ginebra de 1949, los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad ocurridos durante la guerra de los Balcanes de los años noventa. Más tarde y con mayor alcance, se constituyó en 1998 el Tribunal Penal Internacional, instituido para combatir los mismos crímenes en cualquier parte del mundo… y también funcionó y todavía funciona razonablemente.

La historia de estos tribunales muestra cómo el derecho se halla en lucha permanente contra la barbarie. No hay que menospreciar, en esta línea, el gesto reciente de la Unión Europea de apoyar, en el seno del Consejo de Europa, las bases para la creación de un tribunal ad hoc para juzgar a los responsables del crimen de agresión cometido por la invasión de Ucrania, dada la dificultad “técnica” de que esos crímenes sean perseguibles por el Tribunal Penal Internacional. Obsérvese que con esa iniciativa no se trata de eliminar el Tribunal Penal Internacional, sino de tratar de completar su eficacia centrando su objeto en los actos de agresión cometidos por Putin y sus cómplices.

¿Qué hacer hoy? Por lo menos tres cosas. En primer lugar, proclamar que no hay que abandonar la lucha por el derecho, pero sí ajustar sus mecanismos a los nuevos desafíos, sin ignorar, no obstante, el principio de realidad. Hay mucho material dispuesto para esta tarea: material nuevo y material antiguo que ha probado su eficacia. Carney lo ha sintetizado: por lo menos, seguir tejiendo alianzas entre compañeros fieles que compartan los mismos principios. Afirmar la imposibilidad de constituir e institucionalizar estas alianzas arroja a los Estados considerados individualmente y a sus ciudadanos al riesgo que asumiría un molusco sin concha.

En este sentido, los permanentes ataques que padece Europa, tanto desde el interior como desde el exterior, no pueden afrontarse sin tomar en serio el fortalecimiento de la Unión, federalizándola realmente y asumiendo que nuestro antiguo aliado, de momento, no es de fiar. Por ello convendría repensar, entre otros elementos de su estructura institucional, la debilidad estratégica, como la han calificado Josep Borrell y otros recientemente, que entraña la regla de la unanimidad, para transitar a la de las mayorías reforzadas en la toma de decisiones esenciales. Hoy es urgente en el terreno de la política común de seguridad y defensa que ampara el Tratado de la Unión Europea: ¡caiga quien caiga!

En segundo lugar, robustecer los tribunales internacionales. Y es que los tribunales son la pieza más importante del artilugio jurídico aludido, por lo cual no ha de extrañar que Estados Unidos, Rusia y el Estado de Israel los humillen permanentemente e incluso ataquen directamente a sus jueces y a sus funcionarios. No obstante, Netanyahu no se ha arriesgado a viajar a Davos. En este punto, no hay que entretenerse en establecer nuevas declaraciones de derechos, sino reforzar su aplicación por esos tribunales, que no es otra cosa que contribuir a la globalización real de esos derechos (Ferrajoli dixit).

Y, en tercer lugar, defender la democracia en el interior de cada Estado y salir a la calle también para prometer que nunca olvidaremos “the names of those who died on the streets of Minneapolis” o en las calles de Kiev, de Gaza, o de las ciudades de Sudán.