El debate | ¿Hay que establecer un impuesto especial a los ultrarricos?

En las últimas décadas, la desigualdad económica ha crecido de forma notable en muchas partes del mundo, poniendo en riesgo el funcionamiento del modelo económico y de la propia democracia. Mientras una élite minúscula concentra una proporción cada vez mayor de la riqueza, amplios sectores de la poblaci...

En las últimas décadas, la desigualdad económica ha crecido de forma notable en muchas partes del mundo, poniendo en riesgo el funcionamiento del modelo económico y de la propia democracia. Mientras una élite minúscula concentra una proporción cada vez mayor de la riqueza, amplios sectores de la población afrontan dificultades para acceder a la vivienda, la educación o la salud. La brecha se agranda a la hora de pagar impuestos, ya que el tipo efectivo que pagan los multimillonarios es notablemente inferior al del resto de la población.

El periodista Andreu Missé defiende que aplicar un impuesto a los patrimonios superiores a los 100 millones es la vía para someter a los multimillonarios al impuesto sobre la renta. Para el profesor Jesús Huerta de Soto elevar la fiscalidad que soportan las rentas altas castiga el ahorro y la inversión y aumenta el poder discrecional del Estado.

Acabar con la mayor injusticia social del siglo XXI

ANDREU MISSÉ

Gabriel Zucman, profesor en la Escuela de Economía de París y catedrático de la Universidad de Berkeley en California, se ha propuesto acabar con la mayor injusticia fiscal del siglo XXI. Su propósito es que los multimillonarios paguen impuestos como los demás ciudadanos. Tras años de investigación, ha llegado a la conclusión de que las “personas inmensamente ricas” burlan sus obligaciones fiscales alojando sus beneficios en sociedades holding y otros sistemas perfectamente legales.

Su propuesta es que los privilegiados con un patrimonio superior a los 100 millones de dólares (84 millones de euros) contribuyan cada año con el 2% de su riqueza. La medida permitiría recaudar entre 300.000 y 380.000 millones de dólares (entre 251.000 y 318.000 millones de euros) en todo el mundo. En Europa serían unos 67.000 millones de euros. El tipo del 2% no es una cifra elegida al azar. “Es el tipo”, sostiene, “que permite que el impuesto sobre la renta no sea regresivo”.

Zucman no es un iluminado que trata de sorprender con ideas originales. Discípulo de Thomas Piketty, es un estudioso de las finanzas internacionales y la fiscalidad. “Durante 15 años, cartografié las mayores fortunas del mundo, analizando con objetividad sus técnicas para evadir impuestos en paraísos fiscales”, explica en su último libro, Les milliardaires ne paient pas d’ impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin (“Los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y vamos a acabar con eso”). A los 21 años, empezó a expurgar los archivos de los bancos suizos y se zambulló en las balanzas de pagos de los países con un propósito: cuantificar la cantidad de activos ocultos en centros financieros offshore para entender mejor esta gran evasión.

El economista francés considera que “esta gran evasión fiscal internacional ha desempeñado un papel clave en el aumento de las desigualdades, el incremento de la deuda pública y, más aún, en el triunfo de un sentimiento de impotencia, caldo de cultivo en el que han florecido los movimientos reaccionarios contemporáneos”.

El riguroso plan de Zucman ha logrado un amplio respaldo académico al más alto nivel. Siete laureados con el Nobel de Economía enviaron una carta a Le Monde en la que respaldan la propuesta fiscal. Los firmantes son Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Simon Johnson, Daron Acemoglu y George Akerlof. El profesor Stiglitz precisó en el mismo diario que un 2% es “una tasa conservadora y nada radical. Si eres multimillonario y no obtienes una rentabilidad anual del 10%, lo estás haciendo muy mal. En estas circunstancias, gravar su patrimonio al 2% equivaldría a gravar el 20% de esa rentabilidad anual. Este es un nivel común en todo el mundo”.

La iniciativa de establecer una tasa del 2% a los patrimonios superiores a 100 millones de euros fue aprobada por la Asamblea francesa en febrero de 2025, pero unos meses después fue rechazada por el Senado. No obstante, el debate sigue muy vivo, porque el 86% de los franceses está a favor de esta medida, según una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP).

La propuesta de gravar a los más ricos para reducir la desigualdad ha cruzado el Atlántico. En California, una iniciativa de gravar con el 5% a los poseedores de un patrimonio superior a los mil millones de dólares ha desencadenado una fuerte batalla entre el gobernador Gavin Newsom y los promotores de la medida, el sindicato del sector sanitario Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), que propugna destinar la recaudación a financiar los servicios de salud. Newsom, asustado, se opone al impuesto tras la decisión de destacados magnates de trasladar parte de su patrimonio a otros Estados.

Zucman considera que es la hora de “dar el último toque al impuesto sobre la renta, el inmenso progreso democrático del principio del siglo XX, haciendo entrar a los milmillonarios que en realidad nunca han estado sometidos al mismo”. Será una batalla dura como lo fue la introducción del impuesto hace un siglo, pero acabará aceptándose. Ninguna economía puede funcionar bien mucho tiempo con desigualdades tan extremas.

Una propuesta fiscal contra el progreso y la democracia

JESÚS HUERTA DE SOTO

Se ha puesto de moda pensar que la desigualdad y la riqueza “extrema” comprometen la democracia, por lo que hay que elevar aún más la fiscalidad de las rentas altas y el patrimonio. La idea cala fácilmente en una ciudadanía agobiada por salarios reales que no crecen en sociedades esclerotizadas por el intervencionismo estatal y el exceso de regulación. Frente al eslogan fácil y la manipulación demagógica de que si “los de arriba” pagan más se refuerza el contrato social y se purifica la democracia, es obligación de todo buen economista plantear algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿quién va a terminar pagando más, el rico de la caricatura o los trabajadores corrientes en forma de peores empleos y salarios futuros más reducidos? Y ¿qué efecto real tiene todo ello sobre la democracia?

Pues bien, la ciencia económica es terca: subir los impuestos a los ricos castiga el ahorro, la inversión, la innovación, la acumulación de capital y la creatividad empresarial, disminuyendo la productividad y los salarios reales de la mayoría. Y, simultáneamente, agranda todavía más el poder discrecional de los políticos para conceder privilegios y subvenciones a los grupos de interés y comprar los votos necesarios para mantenerse en el poder. Todo ello en perjuicio de la igualdad ante la ley que exige una democracia sana.

Supongamos dos trabajadores, uno de la India y otro norteamericano, mismas horas de trabajo y mismo esfuerzo. El primero trabaja con herramientas rudimentarias, riego y abono precarios; el segundo trabaja con un moderno tractor, y dispone de riego y abonos de última generación. ¿Quién gana un salario mucho más alto? Obviamente, el segundo, y ello se debe a que es mucho más productivo, y no a la regulación estatal ni al gasto público ni a la redistribución de la renta. Simplemente, se debe a la mayor cantidad y calidad de bienes de equipo capital que hacen mucho más productivo su trabajo. Por tanto, penalizar fiscalmente a quienes ahorran, acumulan, innovan e invierten precisamente en esos bienes de capital es la manera más segura de ralentizar y frenar el crecimiento de los salarios.

Hagamos algunos números: un impuesto sobre el patrimonio del 3,5% al año significa que, por ejemplo, después de 10 años, se evaporan más de un 40% de los bienes de capital que se hubieran podido acumular a disposición de los trabajadores, con un coste inmenso para ellos, en forma de incrementos de salario futuro dejados de percibir. Supongamos ahora que al final triunfa la demagogia y se expropian a don Amancio Ortega 80.000 millones de euros de su fortuna para repartirlos entre los 2.000 millones de pobres del mundo, que tocan a 40 euros por cabeza. Seriamente, ¿alguien puede decir que eso mejoraría la democracia? Porque el coste en términos de prosperidad, nivel de vida y cohesión social sería colosal: empresas cerradas o descapitalizadas, inversiones canceladas, innovaciones bloqueadas y, sobre todo, empleos destruidos y trabajos de peor calidad con salarios más bajos. A lo que hay que añadir el crecimiento elefantiásico del Estado, la burocracia y el clientelismo político. Porque cuanto mayor renta y riqueza detrae coactivamente el Estado y más discrecional es su poder, más esfuerzo e ingenio dedican los “buscadores de rentas” y subvenciones, y los grupos de presión para conseguir ventajas particulares corrompiendo (aún más) la democracia y el Estado de derecho. Y es que al incrementarse (solo a corto plazo) el botín a repartir en un contexto en el que se ralentiza el desarrollo económico, se fomentan y se hacen irresolubles los conflictos sociales en un entorno cada vez más polarizado que dificulta o imposibilita el funcionamiento normal de la democracia.

En suma, la fiscalidad “contra los ricos” perjudica gravemente a los trabajadores, y en especial a los más vulnerables, a la vez que anquilosa y corrompe (todavía más) la democracia. Por tanto, la receta a aplicar para revertir la crisis social y democrática de nuestro tiempo, que es consecuencia inevitable del virus del estatismo que nos afecta, es justo la contraria: impuestos bajos y simples, eliminación del gravamen al ahorro y patrimonio, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, desregulación generalizada y límites estrictos al gasto público que impidan que la casta política improductiva expolie, y reparta comprando votos, la riqueza de aquellos que la crean con su esfuerzo y audacia empresarial.