Transacción sin transición

Dos semanas después de la operación militar estadounidense que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Venezuela permanece inmersa en una fase de incertidumbre que no da ninguna señal de estar encaminada a una eventual transformación democrática del régimen chavista. Más que el inicio de un cambio, lo que se percibe es una acumulación de decisiones inconexas, difíciles de leer como parte de una estrategia coherente. Sin embargo, la Casa Blanca reiteró ayer mismo su satisfacción con el actual Gobierno venezolano al mismo tiempo que Donald Trump recibía a la opositora María Corina Machado para almorzar.

Venezuela continúa siendo un país sin legitimidad política en el Gobierno. Quien ocupa el poder nunca lo ganó en las urnas, es más, participó en un enorme fraude electoral para quitarle el triunfo a la oposición. Tampoco existe un compromiso con la celebración de elecciones libres y supervisadas, ni con la liberación plena de los presos políticos, ni garantías reales para que la oposición pueda hacer política sin amenazas, persecución o exilio. Las excarcelaciones recientes, presentadas por el Gobierno como señales de apertura, han sido insuficientes. Organizaciones de derechos humanos advierten de que cientos de personas siguen privadas de libertad o sometidas a formas encubiertas de control. Los gestos alivian tensiones momentáneas, pero no sustituyen un proceso político legítimo.

La imagen de la presidenta Delcy Rodríguez flanqueada por figuras centrales del chavismo como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello tampoco debería leerse únicamente como una demostración de cohesión interna, sino también como un intento calculado de equilibrar legitimidad con continuidad del poder establecido. La hoy presidenta encargada es una figura que, teledirigida por la Casa Blanca, ofrece señuelos de cambio sin alterar sustancialmente las estructuras que han mantenido a Venezuela en una crisis perpetua y sin democracia real.

Del otro lado, la oposición está fragmentada entre quienes permanecen dentro del país y quienes lideran desde el exilio, lo que dificulta la articulación de un proyecto común. Esa dispersión no solo debilita su capacidad de presión interna, sino que alimenta la percepción de vacío político, un terreno fértil para que actores externos interpreten, o impongan, soluciones desde fuera.

El futuro de Venezuela no se resolverá con el reemplazo de un liderazgo por otro, ni con la imposición externa de un desenlace. La verdadera transformación exige condiciones claras: elecciones creíbles, garantías de seguridad para el regreso de los exiliados, la liberación incondicional de todos los presos políticos y un entorno en el que la prensa y la sociedad civil puedan operar sin miedo. Sin esos pilares, la supuesta transición no es más que una transacción, poder a cambio de recursos, en la que quienes controlan el petróleo o el aparato burocrático terminan consolidando un statu quo disfrazado de cambio.

La historia reciente ofrece suficientes ejemplos de intervenciones que prometieron libertades y terminaron profundizando conflictos: desde Centroamérica hasta Irak, el cambio por la fuerza ordenado desde un despacho de Washington ha demostrado ser un experimento fallido con demasiada frecuencia. Nada indica ahora mismo que Venezuela pueda ser una excepción. La comunidad internacional debe insistir en una premisa básica: ni la soberanía ni la dignidad de los venezolanos pueden convertirse en moneda de cambio geopolítico. La salida no está en líderes providenciales ni en gestos unilaterales, sino en un proceso político genuino que devuelva a la sociedad venezolana la capacidad de decidir su propio destino. Sin legitimidad interna no hay democracia, ni futuro en libertad.