La agonía de la Complutense

La Universidad Complutense de Madrid, el campus presencial más grande de España, se ha convertido, bien a su pesar, en el emblema de la necesidad de defender una enseñanza pública dignamente dotada frente a una crónica infrafinanciación que no siempre responde a razones económicas, sino a una apuesta ideológica contra lo público. Todas las universidades públicas españolas se hallan en una preocupante situación financiera, pero el auténtico drama lo padecen las seis de la Comunidad de Madrid y, en particular, la Complutense.

Recorrer sus facultades, hablar con sus alumnos, profesores, empleados o decanos pone rostro a lo que todas las cifras muestran: el práctico colapso debido a la falta del apoyo económico por parte de quien debe dárselo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las transferencias corrientes de la comunidad autónoma a la Complutense —la principal partida en sus ingresos— han caído desde 2010 un 28% si se tiene en cuenta el efecto de la inflación acumulada. Desde 2012 esas transferencias ya no cubren los gastos de personal. Para poder simplemente pagar las nóminas y a sus proveedores, la Complutense tuvo que pedir en octubre un crédito de 34,5 millones al mismo Gobierno que la infrafinancia. Por ese crédito deberá abonar 4,4 millones en intereses. Tras cerrar el pasado ejercicio con un déficit de 33 millones, mantendrá hasta 2028 un recorte de gastos del 35% para poder seguir funcionando y devolver el préstamo.

Esa penuria se traduce en profesores mal pagados, instalaciones que no pueden mantenerse en condiciones razonables o grupos de investigación que no pueden viajar o pagarse suscripciones a revistas científicas. Son los alumnos, es decir, los ciudadanos del futuro quienes al final sufren el maltrato oficial. Pese a este panorama, y gracias al esfuerzo de sus profesionales, ofrece los mejores resultados de empleabilidad de España y es la tercera en producción científica total. El curso pasado leyeron sus tesis más de 800 doctores, por encima de todas las universidades privadas del país juntas. La pregunta clave es cuánto tiempo va a poder resistir en las actuales condiciones.

Cuanto en todo el mundo asistimos a una ofensiva reaccionaria que pretende sustituir la ciencia por las creencias y el pensamiento racional por los sentimientos, es más necesario que nunca insistir en que las universidades públicas impulsan la investigación científica —en especial la menos rentable a corto plazo—, la igualdad de oportunidades —el hoy renqueante ascensor social— y el progreso socioeconómico de un país. Quienes como Ayuso hablan de adoctrinamiento en las aulas ignoran la pluralidad de la Complutense —cuyos 57.000 alumnos y más de 6.000 profesores son difícilmente reducibles a una etiqueta ideológica— o bien esconden su pretensión de debilitarla para beneficio de terceros.

Las aportaciones de la Administración permiten ofrecer una matrícula asequible para la mayoría de las familias y financiar becas para ayudar a quienes carecen de medios. A nadie se le escapa que el gran desarrollo experimentado por España en las últimas décadas se debe en buena parte a esa dinámica. Si no se respalda a la universidad pública con la necesaria estabilidad presupuestaria plurianual, la mejor educación superior quedará reservada a las clases pudientes. Los demás quedarán apartados del camino de la meritocracia o se verán obligados a hacer un esfuerzo económico que los hipotecará durante años. Hoy las transferencias por alumno de la Comunidad de Madrid a sus universidades públicas son las más bajas de España, tanto en términos absolutos como en relación con el PIB per capita regional. En cambio, los alumnos madrileños son los que pagan las tasas y precios públicos más altos.

Toda gestión es sin duda analizable y mejorable, en especial en instituciones de las dimensiones de la Complutense. Pero una universidad pública, como cualquier otro pilar del Estado del bienestar, no se puede medir solo en términos de rentabilidad económica, sino como apuesta estratégica de desarrollo y escudo contra la desigualdad. Defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto, concluye el manifiesto que los 26 decanos de la Complutense firmaron hace un mes. Los políticos que no lo entiendan así tendrán que rendir cuentas al conjunto de la sociedad. Porque estarán poniendo en riesgo valores fundamentales de la democracia.