Trump: deportar para aterrorizar

En su estrategia de aterrorizar a los inmigrantes indocumentados instalados en Estados Unidos, el Gobierno que preside Donald Trump está presionando con todo tipo de recursos diplomáticos y económicos a 30 países africanos para que se plieguen a recibir vuelos con los detenidos en las polémicas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. Se trata de una nueva tergiversación de la ley que desemboca en la indefensión jurídica de los deportados, en su abandono en un limbo ajeno al derecho internacional y en la incertidumbre sobre su situación real en los países de destino. Lo peor es que esta agresiva iniciativa —que incluye encadenar a los inmigrantes o inmovilizarlos con camisas de fuerza— está teniendo sus frutos: al menos cinco naciones —Ghana, Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda y Uganda— han firmado ya con Trump algún acuerdo en este sentido.

Particularmente perverso resulta que esta estrategia persiga un efecto secundario: que el miedo a terminar indefensos en cualquier país haga que los residentes sin documentos abandonen voluntariamente el territorio estadounidense en lo que se conoce como “autodeportaciones”. Esta es otra prueba de la utilización de la coacción y el amedrentamiento como herramientas en la acción política del mandatario estadounidense. Una maniobra inaceptable que puede, por un lado, tener consecuencias legales por la violación de derechos de ciudadanos extranjeros en suelo estadounidense y, por otra, colocar a algunos países de África en un obsceno plano de sometimiento respecto a Washington.

Los datos oficiales señalan que al menos 400.000 personas han sido deportadas en los últimos ocho meses, y que hasta septiembre se habían realizado 1.563 vuelos con ese propósito. Pero las alarmas saltaron en julio, cuando la Casa Blanca anunció —con su habitual lenguaje insultante— el envío de “ocho extranjeros ilegales, criminales y bárbaros” a Sudán del Sur, un país que ofrece mínimas garantías: se da la circunstancia de que solo uno de los detenidos procedía de ese país, los demás eran cubanos, laosianos, vietnamitas y mexicanos. Mientras se resolvía en EE UU el recurso de sus abogados, los inmigrantes estuvieron mes y medio encerrados en un contenedor de mercancías en una base militar estadounidense en Yibuti.

EE UU se escuda en que las expatriaciones a terceros países están previstas en su ley migratoria y que las autoriza cuando resulta imposible, poco práctico o no es aconsejable retornar a los migrantes a sus países de origen. Pero escapa a toda lógica enviar a un ciudadano mexicano al África subsahariana y aducir que se hace por motivos prácticos. Trump pretende utilizar África como su particular centro de deportación. Y está dispuesto a presionar por todos los medios para conseguirlo. Aunque sea a costa de pisotear el derecho internacional, es decir, los derechos humanos.