Y así, en las aulas, se cambia un país

“Y así se cambia un país”, escribía el periodista de este diario Carlos E. Cué en un tuit este viernes. Su diagnóstico era una interpretación política de un artículo de la sección de Educación. No era una noticia dura ni de última hora ni seguramente esperaríamos leerla en portada, pero la información que contaba Elisa Silió es muy valiosa. Muestra un camino en apariencia secu...

“Y así se cambia un país”, escribía el periodista de este diario Carlos E. Cué en un tuit este viernes. Su diagnóstico era una interpretación política de un artículo de la sección de Educación. No era una noticia dura ni de última hora ni seguramente esperaríamos leerla en portada, pero la información que contaba Elisa Silió es muy valiosa. Muestra un camino en apariencia secundario por el que, piedrita a piedrita y desde hace nada, vamos avanzando con prisa y sin pausa para hacer estructural un cambio esencial: la igualdad de oportunidades como propósito democrático también queda afectada cuando las privadas van ganando más y más volumen en el sistema universitario del país.

En 1996, las universidades privadas no llegaban a 10 en España, pero pronto superarán las 40. Y la dinámica, desde el kilómetro cero, se va extendiendo. Está pasando, por ejemplo, en Andalucía. Lo contaba Emilio Cabrera hace pocos meses en Lavozdelsur.es. Hasta septiembre de 2023, el Parlamento andaluz solo había dado el visto bueno a una. Pero en mayo de 2024 ya eran cuatro más, ofertando carreras que se imparten en la pública. El nuevo paso, acelerado, se está dando ahora en Extremadura. Eso revelaba Silió. En una de las comunidades con el PIB per capita más bajo de España (21.343 euros en 2022 frente a los 38.435 de Madrid y la media nacional, que son 28.162), está prevista la apertura de cuatro centros privados. En teoría, la primera será la Universidad Internacional para el Desarrollo, aunque la Conferencia General de Política Universitaria elaboró un informe técnico desfavorable. Después podrían venir las otras tres cuya tramitación activó la Junta este verano, al tiempo que cambiaba el modelo de becas para priorizar la excelencia a la renta familiar.

“Está ocurriendo algo parecido a lo que sucede en la sanidad”, escribe Juan Pedro Velázquez-Gaztelu en el artículo de portada de Alternativas Económicas. “Cada vez hay más hospitales privados y cada vez más personas contratan un seguro privado”. Detrás de la expansión, claro, ya no solo están las organizaciones católicas, sino también grandes corporaciones. Planeta, por ejemplo. “Somos el tercer grupo de educación de España” dijo José Crehueras en su discurso del martes pasado para celebrar el 75º aniversario del grupo. Pero también fondos de inversión internacionales. El CVC, que en 2019 se hizo con una participación mayoritaria de la Universidad Alfonso X El Sabio por 1.100 millones, este año se planteó venderla por 2.000, según la prensa económica. En abril, el fondo sueco EQT compró la participación mayoritaria de la Universidad Europea por 2.200 millones.

Así se cambia un país. El 27 de julio de 2021, a propuesta del entonces ministro Manuel Castells, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto cuyo propósito, sobre el papel, era dotar de instrumentos a las administraciones para planificar el mapa de universidades en virtud del principio constitucional de garantizar la igualdad entre los ciudadanos. De lo que se trataba era de controlar la proliferación de nuevos centros que, de alguna manera, están subvirtiendo la misión de la Universidad, ya que no responden tanto a una planificación académica como a la explotación económica de un nicho de mercado en el que la formación online tiene un peso creciente. Al cabo de cinco años de la aprobación del decreto, la mitad de los profesores deberían ser doctores, el 5% del presupuesto debía dedicarse a investigación y se debía impartir formación en al menos tres de las cinco grandes ramas del conocimiento. No se está cumpliendo. Quien tiene potestad para conceder la apertura de nuevas universidades, explica el exministro Joan Subirats, son las comunidades autónomas y, aunque no cumplan con esos requisitos, muchas lo están permitiendo. El mapa del poder territorial no engaña.