Convalidar penas a etarras

La probable salida de prisión de algunos de los terroristas más sanguinarios de ETA —tras cumplir su condena, pero antes de lo previsto en España— como consecuencia de una reforma legal urgente tramitada el 18 de septiembre a través de una enmienda de Sumar ha confirmado la conversión del Congreso en un plató de televisión o en el escenario de mítines mientras se desatienden el estudio de las leyes, el verdadero control al Gobierno y el debate de alternativas. El trámite parlamentario ha destapado la desidia laboral de la oposición. Vox y PP votaron a favor de esa reforma en el Congreso y no presentaron enmiendas en el Senado. Ahora, pese a que los populares firmaron que habían “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa”, ambas formaciones tratan de tumbar la ley de forma torticera en la Cámara Alta tras pedir disculpas a las víctimas del terrorismo.

Si la opacidad con la que PSOE, Sumar y Bildu han tramitado un asunto tan complejo como sensible es impropia de una democracia madura, también hay que subrayar la grosera instrumentalización que el PP vuelve a hacer del terrorismo, afortunadamente superado en España como problema político desde hace más de una década.

La controvertida reforma legal solo viene a cumplir con una Decisión Marco aprobada por la Unión Europea en 2008 y que el Gobierno de Mariano Rajoy traspuso tarde —en 2014, es decir, tres años después de que ETA abandonara la violencia— para evitar el escándalo que podría suponer para su partido la excarcelación de etarras antes del tiempo previsto de condena en España. El dictamen europeo obligaba al Estado español a calcular el cumplimiento efectivo de las penas de cualquier condenado teniendo en cuenta el tiempo de prisión que ya habían cumplido en otro país comunitario, Francia en el caso de los etarras.

Los tribunales españoles aplicaron ese principio de equivalencia de las condenas europeas cuando el Tribunal Supremo —atendiendo a la obligación contraída por España como miembro de la UE— le convalidó los años que había pasado en las cárceles francesas a José Luis Urrusolo Sistiaga, lo que permitió al etarra —condenado a más de 500 años— salir en libertad tras cumplir 19 años de cárcel entre los dos países.

Esa decisión del Supremo —en concreto de una Sala de lo Penal controlada por magistrados conservadores— desató una cascada de decisiones similares en la Audiencia Nacional hasta que el Gobierno de Rajoy, tres años después de obtener la mayoría absoluta, decidió intervenir. Así, tramitó una ley que incluía una disposición adicional por la que se dejaba sin efecto la convalidación de penas cumplidas en el extranjero.

Con ETA disuelta en 2018, la reforma legal aprobada ahora para suprimir esa disposición de Rajoy —algo que el PNV intentó sin éxito el mismo 2018— no puede interpretarse como un trato de favor al terrorismo etarra, ya desaparecido, sino como el cumplimiento estricto del derecho europeo. Una de las grandezas de la democracia reside en aplicar la ley con todas las garantías a todos los presos. También, por duro que resulte a veces, a aquellos que la combatieron de forma sanguinaria y fanática. Otra cosa es la manera opaca en la que el Gobierno y sus aliados parlamentarios han tramitado esta iniciativa, que debería haberse explicado con claridad y liderando el discurso jurídico y político en un asunto que sigue siendo muy sensible para la sociedad española. Si con el disimulo se pretendía evitar el uso partidista de las consecuencias del terrorismo, como por desgracia hacen las derechas españolas, tampoco lo han conseguido. Porque, para asombro de nadie, PP y Vox continúan, indiferentes a su propia negligencia, patrimonializando un dolor que es de todos.