Otra crisis mal gestionada
La disputa partidista no puede entorpecer la limpieza de toneladas de ‘pellets’ en las playas del noroeste
Tres semanas ha tardado la Xunta de Galicia en activar el nivel 2 de alerta por contaminación marina después de que una marea de pellets plásticos alcanzara sus costas. Lo ha hecho tras negar la crisis y horas después de que el Gobierno de Asturias decretara ese nivel de alerta y pusiera en evidencia la deficiente gestión del incidente por parte del Gobierno gallego. El sistema na...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Tres semanas ha tardado la Xunta de Galicia en activar el nivel 2 de alerta por contaminación marina después de que una marea de pellets plásticos alcanzara sus costas. Lo ha hecho tras negar la crisis y horas después de que el Gobierno de Asturias decretara ese nivel de alerta y pusiera en evidencia la deficiente gestión del incidente por parte del Gobierno gallego. El sistema nacional de respuesta ante episodios de contaminación marina, aprobado en 2012, establece que son las comunidades autónomas las que han de determinar la extensión del daño y decidir la fase de alerta que debe aplicarse. Es preciso activar la fase 2 para que el Gobierno central pueda aportar recursos a las tareas de limpieza. Sorprende la resistencia de la Xunta a sumar a los suyos los recursos que el Ministerio para la Transición Ecológica ofreció en cuanto tuvo conocimiento de la envergadura del accidente, sobre todo porque los medios aportados por el Estado quedan bajo la coordinación de las autoridades autonómicas.
Mientras Asturias activó la fase 2 al día siguiente de comprobar la llegada de las mareas a sus costas y Cantabria lo hizo apenas horas después de detectarlas, Galicia ha tardado semanas pese a la insistencia de los grupos ecologistas. Cabe preguntarse si la actuación del Gobierno gallego ha estado condicionada por la situación preelectoral en la que se encuentra y a que el aspirante popular haya manifestado que se centrará en la confrontación con el Ejecutivo de Sánchez. Si esa hubiera sido la razón, significaría que ha predominado el cálculo político por encima del interés público, que no es otro que evitar que los microplásticos lleguen a la cadena trófica. Además de no elevar el nivel de alerta cuando correspondía, la Xunta ha tratado de esquivar las críticas culpando al ministerio de no comunicarle el incidente hasta el jueves 4 de enero, cuando según una carta enviada ese mismo día por la Conselleria do Mar a los ayuntamientos afectados, el 21 de diciembre ya tenía conocimiento de la llegada de los pellets a las playas y desde el 13 ya se habían producido llamadas del servicio de emergencia 112, que depende de la Xunta, a Salvamento Marítimo.
A esta torpe gestión de la crisis se suma la confusión en torno a la responsabilidad concreta sobre el vertido de los pellets, unos gránulos de plástico ante cuyo vertido se recomienda no inhalar y evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa, de ahí la importancia de informar pronto a quienes acuden voluntariamente a retirarlos. La contaminación por microplásticos es además uno de los mayores problemas ambientales. Su presencia en el mar ha ido en aumento, hasta encontrarse en el organismo de muchos peces. Los pellets del actual episodio proceden del mercante Tocanao, de la naviera Maersk, que perdió parte de su carga en una tormenta frente a la costa portuguesa el 8 de diciembre. El barco transportaba material de la empresa Bedko Europe, con sede en Polonia, dedicada a la producción y distribución de aditivos y polímeros.
Habrá que determinar las circunstancias del vertido que, según las primeras informaciones, es de unas 25 toneladas. Ahora lo más urgente es retirar la contaminación de las playas, pero este episodio debería servir para que la UE revise la normativa sobre la manipulación y transporte de estos microplásticos. Ecologistas en Acción ha denunciado a la naviera. Los técnicos deben hacer su trabajo, la sociedad civil —la primera en responder— debe sentirse arropada y los partidos políticos, todos, deben evitar la tentación de convertir este episodio en una trifulca electoral que impida la mejor resolución del accidente.