El proceso de escucha del PSOE

Durante los últimos años, tras la concesión de los indultos, la conversación española desconectó del epílogo del procés. La sensación era que ese episodio crítico agonizaba, aunque no estaba enterrado. Es verdad que para el nacionalismo español aquella agresión al orden constitucional no ha dejado de ser una herida luminosa, que ...

Durante los últimos años, tras la concesión de los indultos, la conversación española desconectó del epílogo del procés. La sensación era que ese episodio crítico agonizaba, aunque no estaba enterrado. Es verdad que para el nacionalismo español aquella agresión al orden constitucional no ha dejado de ser una herida luminosa, que estas noches brilla en la calle de Ferraz, pero para la mayoría su relación con esos días de 2017 era una mezcla de hartazgo y desinterés. La estampa que mejor ilustra esa fatiga se produjo en el Senado durante la pasada legislatura. Una senadora de ERC repetía el discurso sobre la represión. Al escucharla, la vicepresidenta Yolanda Díaz, sentada en los escaños del Gobierno, suspiró como cuando un colega te vuelve a recordar otra vez que hace mucho pasó algo malo y que aún no lo habéis solucionado. La ministra tenía a su lado al presidente. Se giró hacia él y, casi sin poder evitarlo, clamó cansadamente un “¡otra vez!”. El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts nos está obligando a escuchar otra vez el relato independentista con su lenguaje, sus hitos y una visión de la historia que nos remonta del fin del Antiguo Régimen al presente. Digamos que Santos Cerdán, para conseguir el sí quiero, debe de haber estado sometido a un proceso de escucha intensivo y no ha priorizado la defensa del justo relato constitucionalista y la potente vinculación de miles de catalanes a su significado democrático. Su posición se ha limitado a afirmar que su partido no comparte la interpretación independentista. Es poco. Es poquísimo para el PSC.

Para seguir con ese incómodo proceso de escucha de todas las propuestas de Junts, que ha sido condición obligada para la investidura, el PSOE ha aceptado tomar una decisión de enorme trascendencia: el impulso de una ley de amnistía. En el punto del acuerdo dedicado a esta ley ya pactada, pero que aún deben validar los partidos que en teoría la apoyarán, se incluye un concepto que un partido de Estado no debería tolerar: la noción de lawfare, la judicialización de la política. Agradezcámoslo al cameo inesperado que el juez Manuel García-Castellón hizo durante el proceso de negociación para intentar que descarrilase. Pero más allá de esa cláusula excepcional, lo que el acuerdo representa es la disposición del PSOE a seguir escuchando al independentismo para resolver un conflicto político que en el texto se sitúa en el nudo territorial que creó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Como hemos desconectado, lo habíamos olvidado, pero en realidad el proyecto de Pedro Sánchez en relación con la crisis constitucional es seguir materializando lo que se esbozó hace ya casi cinco años en la Declaración de Pedralbes: sacar el conflicto de la judicialización, devolverlo a la política dentro del marco legal y así desactivar la pulsión unilateral a través de la negociación de una agenda autonómica que el independentismo no puede denominar con esta palabra claudicante. Es verdad que esa realidad política no se explicita y así son posibles todo tipo de interpretaciones pactistas y agónicas. Pero lo cierto es que el independentismo, revitalizado, ha vuelto a la Constitución.