Votamos sobre cambio climático
El futuro de la agricultura y la pesca en Europa, a medio plazo, depende de la fortaleza política para implantar estas medidas que protejan los ecosistemas
La negación del cambio climático es, a corto plazo, una política sanitaria nefasta y, a medio, una política económica catastrófica. Al mismo tiempo es absurdo negar que la transición para frenar el calentamiento global, además de necesaria, va a tener unos costes sociales, políticos y económicos descomunales. Hoy también votamos cómo enfrentarnos a esta realidad, más urgente de lo que creíamos, más paradójica de lo que aparenta.
La presidencia d...
La negación del cambio climático es, a corto plazo, una política sanitaria nefasta y, a medio, una política económica catastrófica. Al mismo tiempo es absurdo negar que la transición para frenar el calentamiento global, además de necesaria, va a tener unos costes sociales, políticos y económicos descomunales. Hoy también votamos cómo enfrentarnos a esta realidad, más urgente de lo que creíamos, más paradójica de lo que aparenta.
La presidencia de Von der Leyen, iniciada el 1 de diciembre de 2019, estableció como prioridad empezar a dar respuesta a esta contradicción con el Pacto Verde. Las crisis imprevistas y encadenadas, primero la pandemia y luego la guerra con su crisis energética asociada, trastocaron aquellos planes de transformación industrial. Ante la excepcionalidad, la Unión podría haber dado un paso atrás, abdicar de su potencialidad política y facilitar que cada estado reaccionase en función de sus intereses nacionales. Ha ocurrido más bien lo opuesto. Durante esta legislatura, amenazada desde su origen por los populismos eurófobos, se han explorado mecanismos de federalización que han reforzado la institucionalidad del proyecto europeo. Pero esa dinámica de reforzamiento podría estar amenazada, precisamente, por políticas vinculadas al avance efectivo de la transición verde.
Lo ejemplificó hace 10 días la ajustada votación sobre la moción que pretendía desactivar la Ley de la Restauración de la Naturaleza, la parte del Pacto Verde centrada en la biodiversidad. En virtud de dicha ley en 2030 los Estados miembros deberían realizar acciones con el propósito de restaurar el 20% de las áreas deterioradas en sus territorios, ya sean marinas o terrestres, y en 2050 estas acciones deberían haberse aplicado a todas esas áreas. Es lógico que agricultores y pescadores reaccionen oponiéndose a la nueva ley, otra más sumada a las que condicionan el desarrollo de un sector más bien precarizado. Este malestar legítimo tiene consecuencias políticas. Se ha visto ya en Holanda, a través de la presión ejercida por el partido que representa los intereses agrarios. Lo estamos viendo en España.
De una manera premeditada y programática Vox explota el malestar del campo. No es únicamente un discurso demagógico de campaña electoral. Al entrar en gobiernos regionales, nuestro partido nacionalpopulista tiene como prioridad ejercer una cartera en apariencia menor como es la de agricultura. Pero es precisamente en estas consejerías, como está pasando ya en Castilla y León, desde donde están dando la batalla cultural contra el vigente proyecto europeo y contra la agenda liberal que se impone luchar contra el cambio climático como obligación para la supervivencia del planeta. Los europeístas deben hacerse cargo de la contradicción y resolverla garantizando la transición justa y, a la vez, dotándose de una visión de prosperidad en común. Porque el futuro de la agricultura y la pesca en Europa, a medio plazo, depende de la fortaleza política para implantar estas medidas que protejan los ecosistemas. Es una cuestión de salud y de almacenaje de CO2, también de garantizar la viabilidad del sector primario. Lo razonan los científicos. Con zonas marinas protegidas, aumentarán los bancos de peces. Mantener la producción agrícola va a depender de la protección de la biodiversidad.
En el debate del miércoles en RTVE, el candidato de Vox se refirió a esta ley. Afirmó que su aplicación tendría consecuencias devastadoras para los agricultores. No sabemos cuál es la valoración del candidato popular. No solo porque no asistió al debate. Estas cuestiones tampoco han formado parte de su discurso de campaña. Lo que sí sabemos es que la moción contra la Ley en Bruselas fue impulsada por el Partido Popular europeo: una demostración inquietante de cómo las posiciones regresivas pueden infiltrarse en los partidos moderados para alejarlos de la centralidad que tiene su mejor horizonte de futuro en el Pacto Verde. Se está gestando un “golpe verde” en Europa, como escribió Nathalie Tocci en The Guardian. Parar este golpe, pensando en el futuro, es hoy el reto más trascendente para los que votamos también en clave europea. También en esta clave, la de las mayorías europeas en el Consejo, deberán interpretarse el resultado de las elecciones.