Ferrovial: tercera vía

Queda un mes. El 13 de abril los accionistas de Ferrovial votarán sobre el traslado de su sede social a Holanda. Habría una (dificilísima) forma de evitar esa huida. Minimizando los costes reputacionales a la compañía y a su presidente y asegurando algunos de sus objetivos clave como cotizar también en Euronext-Amsterdam: pero sin cambiar de nacionalidad. Y respetando el empeño del Gobierno en impedirla. Una suerte de todos ganan, casi milagro...

Queda un mes. El 13 de abril los accionistas de Ferrovial votarán sobre el traslado de su sede social a Holanda. Habría una (dificilísima) forma de evitar esa huida. Minimizando los costes reputacionales a la compañía y a su presidente y asegurando algunos de sus objetivos clave como cotizar también en Euronext-Amsterdam: pero sin cambiar de nacionalidad. Y respetando el empeño del Gobierno en impedirla. Una suerte de todos ganan, casi milagroso.

A tal fin convendría un primer paso de la empresa, para aliviar lo que más reconcome al Ejecutivo (y a muchos otros): reconocer la plena estabilidad jurídica española, borrando su insinuación de que su ausencia le impele a exiliarse (y a nivel del presidente, no de un colaborador). Sentada esa mínima base de confianza, oficialmente se aceleraría la flexibilización para que las compañías españolas coticen directamente (y no solo a través de instrumentos indirectos) en Wall Street, lo que se aduce por la empresa para el traslado de sede a Holanda: sería más un gesto amable que algo material, pues nada impide cotizar en el país centroeuropeo como base para hacerlo luego en EE UU.

Si esa convergencia fuese insuficiente (ya que los pactos requieren a veces de máxima ebullición previa en el termómetro), el Gobierno podría utilizar, al menos como esbozo, todo su arsenal jurídico para impedir la fuga: a lo mejor no convencería a la cúpula de la casa, pero quizá sí a ese mínimo de accionistas que superen un umbral conjunto del 2,5% del capital, lo que cancelaría la operación, porque ese es un compromiso previo de la firma. Ese arsenal es amplio, aunque complejo: 1) alegación de “sede ficticia” por no trasladar su domicilio el presidente ejecutivo; 2) necesidad de permiso del Gobierno por el escudo antiopas extranjeras (ley 19/2003, modificada); y 3) apelación al “interés público” para prohibir la fusión (Ley 3/2009).

Así, la reversión del traslado/fusión (con la filial internacional) apenas mellaría la autoridad de su presidente; podría argüir motivos técnicos. Y el Gobierno ganaría, pero no a las bravas.

Una salida así sería coherente con el panorama europeo. Porque ni una sola empresa francesa se atrevería a desafiar a Emmanuel Macron (sin informarle previamente), como ha sucedido en España. Y porque el gran ejemplo aducido, Stellantis, que se ubicó en Holanda en enero de 2021, es del todo distinto. Era una fusión federativa de empresas industriales competidoras: la italo-americana Fiat/Chrysler, y el conglomerado francés PSA (Citroën/Peugeot). Tres tribus a la búsqueda de una sede neutral para la resultante. No la huida, solitaria, de una sola.