La antipolítica de Junts

El viernes por la tarde se precipitaron los acontecimientos en el Palau de la Generalitat y empezaron a llegar a la mesa del president Pere Aragonès las cartas de renuncia de hasta siete de los consejeros de su socio de gobierno, Junts. El recuento de la votación de los cerca de 6.500 militantes del partido arrojó un veredicto claro, por un 55%, en favor de abandonar el Gobierno de coalición con ERC. Se acabó imponiendo el cr...

El viernes por la tarde se precipitaron los acontecimientos en el Palau de la Generalitat y empezaron a llegar a la mesa del president Pere Aragonès las cartas de renuncia de hasta siete de los consejeros de su socio de gobierno, Junts. El recuento de la votación de los cerca de 6.500 militantes del partido arrojó un veredicto claro, por un 55%, en favor de abandonar el Gobierno de coalición con ERC. Se acabó imponiendo el criterio de la antipolítica en el sector del independentismo más cautivo de la deriva anti-institucional. Laura Borràs devolvía el castigo recibido con su destitución como presidenta del Parlament y Carles Puigdemont usaba desde Waterloo su influencia sobre ella y sobre el partido para dejar en una inédita minoría a ERC al frente del Govern. Sus 33 diputados sobre 135 quedan muy lejos de la mayoría de 68 diputados que permite gobernar.

El triunfalismo de Laura Borràs al proclamar la salida de Junts del Govern transmite un mensaje de rechazo a la negociación como instrumento del poder institucional, pero también la desconexión profunda con una sociedad que hoy vive con miedo a un futuro incierto e impredecible. Ni la difícil situación económica global, ni un eventual agravamiento de la crisis energética y ni siquiera la elaboración en marcha de los presupuestos, dirigida por un miembro de Junts, Jaume Giró, han servido para contener el impulso de la ruptura. Junts se instala así en la marginalidad, lo que choca con sus orígenes políticos en la descomposición de Convergència. Ese puede ser el último rastro del fracaso de un embate antidemocrático que arrancó con la aprobación de dos leyes tóxicas, el 6 y el 7 de septiembre de 2017. Tampoco es aceptable la invocación de una legitimidad fraudulenta en un referéndum al que faltó la mitad de los catalanes el 1 de octubre. La estrategia política impulsada por Borràs y Puigdemont está destinada a desestabilizar a un Govern que ha asumido la inviabilidad de la independencia por falta de apoyo civil, y aspira a través del poder político y legislativo a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Hoy Aragonès tiene por delante al menos dos prioridades. La primera es recomponer un Gobierno con miembros de su propia formación u otros independientes. La segunda es asegurar su continuidad institucional —ayer Jordi Turull, de Junts, pidió ya elecciones anticipadas— mientras negocia unos presupuestos que necesitarán los votos de la izquierda no independentista, y entre ellos están los 33 diputados socialistas y los 8 de los Comuns (la CUP se desentendió de este Gobierno hace ya meses por su falta de empuje rupturista). La dependencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los votos de ERC es un vector de esta operación que juega en favor de la estabilidad institucional. Las múltiples medidas de choque contra la crisis son una urgencia de la sociedad española (y catalana). Las condiciones externas e internas demandan lo contrario de la frivolidad en la que ha incurrido Junts: dosis de responsabilidad que no dejen a los ciudadanos a los pies de los caballos ante una compra diaria cada día más cara o facturas elevadísimas de luz y gas. La inseguridad solo aumentaría con un Gobierno en la cuerda floja tanto en la Generalitat como en La Moncloa, y cualquier debilidad ante la emergencia económica que vive Europa, derivada de la invasión rusa de Ucrania, equivale a una auténtica irresponsabilidad política.