Proceso a la ‘policía política’

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha abierto una pieza separada, la número 34, para que se investigue la relevancia penal de los audios de la corrupción que ha publicado EL PAÍS en los últimos meses. Se trata de conversaciones grabadas por el ...

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha abierto una pieza separada, la número 34, para que se investigue la relevancia penal de los audios de la corrupción que ha publicado EL PAÍS en los últimos meses. Se trata de conversaciones grabadas por el comisario Villarejo que no estaban hasta ahora incorporadas al sumario y que supuestamente fueron requisadas en los registros en sus viviendas y empresas tras ser detenido en 2017. Las conversaciones que este periódico ha revelado han sido contrastadas con los interlocutores de Villarejo. En ningún caso esas personas (dirigentes policiales o del PP) han puesto en duda su autenticidad.

Los audios de la corrupción han permitido arrojar luz sobre el funcionamiento de las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular (2011-2018). Lo que ha mostrado EL PAÍS a través de las distintas publicaciones no deja lugar a la elucubración o la duda, sino que destapa alguno de los hechos más graves ocurridos en la reciente etapa democrática. Comisarios de Policía empoderados por el Gobierno de Mariano Rajoy junto a dirigentes de la formación conservadora, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se conjuraron durante aquellos años para montar operaciones, a espaldas de la justicia y pagadas con dinero público, contra dirigentes independentistas catalanes y contra Podemos y sus principales líderes. Además, trabajaron para obstaculizar la investigación judicial de la caja b del PP abierta en la Audiencia Nacional que terminó con una sentencia condenatoria que acredita la financiación ilegal de este partido durante casi 20 años.

Esa policía política al servicio del PP contó en muchos de esos trabajos ilegales con la imprescindible connivencia de determinados medios de comunicación, que publicaron sin ningún contraste informes apócrifos amañados por comisarios o difundieron burdos documentos bancarios prefabricados. Fue un cargamento tóxico de pruebas falsas disparado a mansalva contra los adversarios del Gobierno.

El juez, que ha justificado con argumentos muy débiles su negativa a imputar a Cospedal en el caso Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP (pese a las evidencias que arrojan sus conversaciones con Villarejo), no ha tenido más remedio que dictar un auto de apertura de esa nueva investigación sobre los audios de la corrupción, que vuelven a tener como una de sus protagonistas a la ex secretaria general del PP. El juez ha puesto en manos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía el análisis de las nuevas pruebas sobre la podredumbre de un aparato del Estado tan sensible como el Ministerio del Interior. García-Castellón quiere ahora que los investigadores de la Policía le digan “la relevancia que pudieran tener en el procedimiento” los audios publicados en EL PAÍS.

Uno de los capítulos más negros de la historia de España ya está escrito. En una democracia consolidada, en un Estado de derecho respetuoso con el pluralismo político, se combatió a adversarios del Gobierno de entonces por medios delictivos a través de una trama dirigida desde el Ministerio del Interior por funcionarios de Policía que usaron dinero público para sus misiones inconfesables. Ahora hace falta que los tribunales actúen para intentar reparar semejante daño. La primera esperanza de que la justicia se imponga sobre el mal causado es esa pieza 34 que ha abierto un magistrado, Manuel García-Castellón, que ha visto cuestionada su instrucción tanto desde la Fiscalía Anticorrupción como por parte de las acusaciones populares personadas en el caso.