Multa a las constructoras

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción récord a algunas de las principales empresas constructoras y de infraestructuras de nuestro país, acusadas de mantener, durante años, un sistema de negociaciones y de acuerdos entre ellas dirigidos a alterar el precio de las licitaciones de obra pública a través del reparto de contratos. La CNMC mantiene, desde hace a...

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción récord a algunas de las principales empresas constructoras y de infraestructuras de nuestro país, acusadas de mantener, durante años, un sistema de negociaciones y de acuerdos entre ellas dirigidos a alterar el precio de las licitaciones de obra pública a través del reparto de contratos. La CNMC mantiene, desde hace años, una campaña específica contra las prácticas colusorias en la contratación pública, dirigida no solo a mejorar las condiciones de competencia de ese mercado, sino también a aligerar el coste de dichas contrataciones en el erario. Los acuerdos de este tipo son considerados un cartel y, como tal, suponen una infracción muy grave de la normativa europea y española sobre competencia. De acuerdo con los datos de la CNMC, este tipo de prácticas en la contratación pública suponen un sobrecoste de 40.000 millones de euros anuales, esto es, alrededor del 3% del producto interior bruto. La eliminación de estos sobrecostes supondría no solo un ejercicio de integridad de los mercados, sino también de ahorros públicos que, en un país con un alto déficit y una abultada deuda, no podemos permitirnos obviar.

Que esta práctica haya sido utilizada por grandes empresas debe ser también motivo de doble reproche, pues, aparte del daño que generan en nuestro mercado interior y en las cuentas públicas, ejercen un importante efecto lesivo sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, y contribuye a magnificar la imagen del capitalismo depredador de aquellos recursos con los que cuenta el Estado. Que estas grandes empresas, con presencia pública, se alíen para subir los precios de lo que pagamos entre todos es una práctica ilegal y éticamente condenable y, como tal, debe ser intensamente perseguida y castigada.

La mecánica de trabajo de la CNMC llevará, sin duda alguna, a que estas empresas busquen eludir las sanciones en los tribunales de lo Contencioso-administrativo, donde ya han muerto una parte de sus actuaciones por diversos motivos, incluyendo el de la diferente apreciación de los hechos probados que, en ocasiones, realizan la Comisión y esta sala de la Audiencia Nacional. Para evitar que esto ocurra en el futuro, sin erosionar los derechos de los sancionados a su defensa y a la tutela judicial efectiva, es necesario dotar a la Comisión de los recursos necesarios para que su eficacia inspectora y sus procedimientos sancionadores sean más efectivos y garantistas, pues la búsqueda de indicios y pruebas en los procedimientos de prácticas anticompetitivas es muy compleja y requiere de recursos humanos y organizativos que no se pueden suplir con el compromiso de una plantilla insuficiente. El dinero que España destine a fortalecer las funciones y capacidades de la CNMC será dinero bien invertido y traerá resultados a medio plazo, con mercados más competitivos, ahorros en la contratación pública e instituciones más sólidas. Debe, en última instancia, la Administración pública preguntarse si es posible mejorar los mecanismos de contratación y vigilancia de las licitaciones públicas para que estos casos no se vuelvan a repetir.